La imagen de la vergüenza que encendió la alarma.

El ministro de seguridad Eduardo Sylvester fue interpelado por la cámara de diputados provincial. Hay 400denuncias por violencia institucional y una sola condena. Oposición y oficialismo señalaron a la justicia.

En Salta se han modificado los estándares de tranquilidad.” Con ese eufemismo el ministro de Seguridad de la provincia, Eduardo Sylvester se dirigió a la prensa ayer, antes de que comenzara su interpelación en la Cámara de Diputados local, luego de que salieran a la luz las torturas cometidas por policías contra dos detenidos en una comisaría de General Güemes. La cita, que fue convocada de urgencia, tuvo como tema excluyente los tormentos que fueron filmados y subidos a Internet, y que tienen a los seis policías presuntamente involucrados, detenidos a la espera de ampliar hoy sus declaraciones indagatorias. 
Mientras tanto, el gobierno que encabeza Juan Manuel Urtubey apura una reforma de la ley orgánica de la policía para moderar el impacto político que provocó la aparición de otros casos de apremios, y del nulo resultado judicial que tuvieron denuncias previas. “Es la oportunidad de hacer una purga policial” concluyó el diputado oficialista y titular de la Cámara Baja, Santiago Godoy. Al mismo tiempo apuntó a las restricciones con las que la Corte provincial limitó las investigaciones del fiscal de Causas Penales y Penitenciarias. 
Durante tres horas el ministro de Seguridad explicó que desde el Ejecutivo provincial están encabezando “un análisis a fondo” de la situación por la que la provincia fue foco de atención en materia de seguridad durante las últimas semanas. El funcionario indicó también que se inició un sumario administrativo a los seis policías involucrados y que se instruyó una investigación interna. “Actuamos ni bien recibimos el video”, dijo Sylvester, que afirmó aún no tener respuesta por parte el juzgado que comanda Pablo Farah, acerca de si finalmente aceptará al estado provincial como querellante. La oposición rechazó esa posibilidad hasta tanto se establezca si el gobierno tuvo algún grado de responsabilidad en el hecho.. 
El ex diputado Carlos Morello, que presidió la comisión de Derechos Humanos denunció que “hay una parte de la justicia que no investiga a la policía, que es la misma que traba todas las investigaciones sobre la propia fuerza”. Desde el Frente Amplio Progresista subrayaron que la estructura policial heredada del ex gobernador Juan Carlos Romero, en los últimos años acumula más de 400 denuncias por violencia policial y una sola condena. Citaron que en 2008 seis jóvenes murieron después de haber sido apaleados en Orán. La versión oficial dio cuenta de un motín que terminó en incendio, pero todo fue parte de un simulacro de parte de la policía.  « Fuente: El Argentino

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