La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, aseguró hoy que "si las cautelares son eternas, la Justicia no es tal" y criticó "la presión de los medios" sobre el Poder Judicial.
En diálogo con Página 12, Martínez señaló: "Ahora es el momento justo para tener una reflexión sobre qué Justicia queremos". "Nos debemos una amplia discusión sobre cómo está funcionando el sistema de administración de Justicia. No tenemos que tener miedo a ser sometidos al escrutinio público", agregó, en referencia a la solicitada "por una Justicia legítima", firmada por magistrados y funcionarios judiciales críticos.
Martínez también remarcó que "la independencia tiene que ser de todos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las grandes corporaciones, de la Iglesia, de los medios de prensa".
"¿O no es presión cuando los medios actúan de una manera beligerante y tomando posición a priori en un caso penal cualquiera? Luego el caso se termina, no era como se imaginaba originariamente y la persona quedó crucificada para siempre. Esto pasa todo el tiempo. Esta presión a mí me parece mucho más peligrosa", señaló.
Sobre su análisis del sistema puso como ejemplos que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó tres fallos contra Argentina y los tres fallos están cuestionando medidas del Poder Judicial" y que "hubo muchas situaciones graves" como la "contemplación con jueces que estaban involucrados en delitos de lesa humanidad".
La defensora general de la Nación opinó también sobre el conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y afirmó: "Si las cautelares son eternas, tenemos una Justicia que no es tal". "La medida cautelar no debe frenar el funcionamiento de la administración de justicia. No debe ser un obstáculo para que se cumpla una ley, una resolución", agregó.
En cuanto a la Ley propiamente dicha, señaló que "podría establecerse que cuando se impone una cautelar la resolución sobre el fondo del asunto tiene que seguir un procedimiento abreviado y tiene que estar resuelto en un tiempo determinado".
Por otra parte, la defensora general de la Nación dijo que vería con buenos ojos "la experiencia de juicio por jurados", pero sostuvo que "lo central es modificar el sistema de administración de justicia para que las pautas democráticas, de respeto a las personas más vulnerables, entren y atraviesen todo el sistema, que todo el mundo se dé cuenta de cómo hay que que actuar".
En ese sentido, al igual que Raúl Zaffaroni, se mostró en contra de la elección popular de los jueces porque considera que "va a ser un sistema de mayor presión" y argumentó que "en aquellos lugares en los que se implementó, no fue bueno".
En tanto, sobre las desigualdades del sistema judicial aseguró que "cuando uno ve ciertas cosas, el aforismo de que la Justicia civil es para los ricos y la penal para los pobres parece muy cierto".
Por último, opinó que "la Corte Suprema debe ser objeto de una reforma" porque "está sobrecargada de trabajo" y allí "las causas tardan mucho" y al respecto opinó que una solución sería "poner una Corte Constitucional".
"Si tuviéramos un tribunal constitucional, cada vez que se declara una inconstitucionalidad, inmediatamente la ley cae para todos. Se supone que los jueces tienen que obedecer las resoluciones de la Corte, pero en la práctica sería preferible a todas luces tener un tribunal, o darle facultades constitucionales a esta Corte", concluyó.
