Junto al constitucionalista Eduardo Barcesat, la diputada nacional Juliana Di Tullio denunció que de las 150 causas abiertas por lavado de activos, solo dos tienen condenas y se trata de “perejiles”, mientras el fiscal Guillermo Marijuán "tiene frenada una investigación por 5.000 millones de dólares".
“Es un delito que en general pone como responsables a personas muy poderosas”, dijo Di Tullio, y detalló que las condenas a las que hizo alusión son las de los casos Acosta Aguilera y Altamira, donde se produjo un decomiso de 5.580 pesos.
En ese sentido, en diálogo con Télam la diputada resaltó que “es evidente el doble estándar con una megacausa de una denuncia con un arrepentido como el ex vicepresidente de JP Morgan, Hernán Arbizu, que es el denunciante de una maniobra de que involucra a 400 empresas por posibles activos por 5.000 millones de dólares”.
La legisladora kirchnerista explicó que decidió presentarse ante la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a partir de que hubo nuevas informaciones surgidas de informaciones periodísticas sobre once sociedades en Panamá no declaradas por el Grupo Clarín, una de las 400 empresas involucradas en la denuncia de Arbizu.
"Durante varios días hice públicas mis insistencias para que el juez Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuán activen la investigación que está parada y no se mueve nada hace casi cinco años", manifestó Di Tullio, e insistió: "Le pedí bajo su responsabilidad que se active la causa".
En ese marco, la diputada del FpV explicó que decidió "ir a la Procelac para hacer una denuncia general sobre posible lavado de activos".
Di Tullio y Barcesat reclamaron la intervención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y que se le de notificación al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En la presentación hecha hoy se pide que, a través de Cancillería, se reclame información a Panamá y se adjuntaron notas periodísticas de los diarios Tiempo Argentino, de Perfil de este fin de semana, y del ex Crítica.
“Es un delito que en general pone como responsables a personas muy poderosas”, dijo Di Tullio, y detalló que las condenas a las que hizo alusión son las de los casos Acosta Aguilera y Altamira, donde se produjo un decomiso de 5.580 pesos.
En ese sentido, en diálogo con Télam la diputada resaltó que “es evidente el doble estándar con una megacausa de una denuncia con un arrepentido como el ex vicepresidente de JP Morgan, Hernán Arbizu, que es el denunciante de una maniobra de que involucra a 400 empresas por posibles activos por 5.000 millones de dólares”.
La legisladora kirchnerista explicó que decidió presentarse ante la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a partir de que hubo nuevas informaciones surgidas de informaciones periodísticas sobre once sociedades en Panamá no declaradas por el Grupo Clarín, una de las 400 empresas involucradas en la denuncia de Arbizu.
"Durante varios días hice públicas mis insistencias para que el juez Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuán activen la investigación que está parada y no se mueve nada hace casi cinco años", manifestó Di Tullio, e insistió: "Le pedí bajo su responsabilidad que se active la causa".
En ese marco, la diputada del FpV explicó que decidió "ir a la Procelac para hacer una denuncia general sobre posible lavado de activos".
Di Tullio y Barcesat reclamaron la intervención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y que se le de notificación al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En la presentación hecha hoy se pide que, a través de Cancillería, se reclame información a Panamá y se adjuntaron notas periodísticas de los diarios Tiempo Argentino, de Perfil de este fin de semana, y del ex Crítica.
