La ciudad fronteriza de La Quiaca aún está conmocionada con el terrible hallazgo del lunes pasado, cuando un gendarme encontró el cuerpo de un niño que tendría entre 6 y 8 años, aún no identificado, en una bolsa de plástico en una plazoleta de la localidad jujeña. Ayer se supo que fue asesinado.

El cadáver fue llevado a la morgue judicial del cementerio del Rosario en la capital jujeña y en un primer momento se sospechó que la muerte se podría haber producido por la explosión de una cápsula de cocaína en su cuerpo, pero luego se conoció que el niño no era utilizado como “camello” y que las causas reales de su fallecimiento se produjeron por asfixia por estrangulamiento mecánico y se trataría de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico.

Las fuentes del caso indicaron que el homicidio habría sido cometido por una o más personas que aparentemente obligaron a la víctima a ingerir estupefacientes, pero al no lograr matarlo, colocaron en la cabeza del niño una bolsa de plástico negra, con la cual terminaron asesinándolo, para luego colocarlo en otra bolsa en la que finalmente se descubrió el cadáver.

Los investigadores también dijeron que cerca del cuerpo del niño encontraron un papel escrito que decía: “Juan Mamaní”.

Si bien aún se desconoce la identidad de la víctima, sospechan que ese sería el nombre del niño o también podría ser algún mensaje mafioso.

Cabe destacar que el chico, aparentemente argentino, aunque no se descarta que sea boliviano, vestía zapatillas negras marca Topper, pantalón azul con franjas blancas, una campera azul con franjas blancas y el escudo de la Selección Argentina de fútbol.

El caso es llevado por la División de homicidios de la Policía de Jujuy y los expertos sospechan que el cuerpo fue dejado a propósito en ese lugar -en el parque infantil “23 de Agosto”, a veinte metros está la sede del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional-, como una advertencia a otros grupos que operan en la misma zona y que son considerados rivales.

Los niños bolivianos en el eje del tráfico de personas (Por Daniel Sagarnaga)

De las 800.000 personas que según la ONU anualmente atraviesan las fronteras internacionales del mundo por intermedio de redes de trata de personas, los niños son los grandes invisibles del negocio.
La frontera es paso obligado de personas bajo trata. En este marco La Quiaca limita con la ciudad boliviana de Villazón, donde se encuentra un juzgado de menores. En Bolivia, según el Decreto 169 de la Ley del Niño y el Adolescente, para que un niño o niña logren certificados oficiales que le permitan viajar a la Argentina, debe presentarse un adulto responsable en el juzgado, acompañado de dos testigos que lo acrediten como familiar responsable; así se le otorga un permiso de salida que para los controles de la Argentina, es un documento suficiente. Un informe de la Defensoría del Pueblo de Villazón, asegura que en 2007 salieron de Bolivia rumbo a la Argentina, por pasos habilitados, 13.300 menores de edad bajo esas condiciones. Según Jorge Oporto Ordoñez, de la Defensoría Departamental de Potosí, durante el 2010 pasaron por la frontera 25 mil niños y jóvenes. De estos sólo retornaron 7 mil. Según un informe de la Organización internacional de Migraciones (OIM), en Bolivia desaparece una persona cada dos días. El país cuenta, según el censo 2013, con un 21 % de la población indocumentada, en su mayoría, niños.
Son los niños de la frontera los más amenazados por la falta de supervisión binacional. Por dar un ejemplo: en Cercado, Tarija, según Waldo Tarifa de la Defensoría de la Niñez local, hay una denuncia de abuso de menores por día. Y sin embargo su visibilidad para las leyes y acuerdos, es casi nula. 

Fuente El Tribuno