Elizabeth Palacios ya no sabe a quien recurrir para lograr la libertad de su esposo y el respeto de sus derechos, como madre y como mujer. Ella estuvo detenida 10 días, acusada junto a su cónyuge, Juan Lucas Motok, por el homicidio de un taxista de Salvador Mazza, acribillado, aparentemente, por sicarios en la puerta de su casa en la localidad fronteriza de Profesor Salvador Mazza, el 6 de febrero de 2010. En la investigación de los hechos que la mantienen en un verdadero calvario desde hace 6 meses, la mujer de 32 años sentenció: “El juez Fernando Mariscal no tiene a quién echarle la culpa de ese homicidio y lo tiene preso a mi esposo como único sospechoso como una manera de justificar su incapacidad para resolver el caso”. 

La desesperada mujer sostiene que su marido -sin antecedentes penales- es una persona conocida en Salvador Mazza como un trabajador cualquiera. Motok que es concuñado del actual intendente de Salvador Mazza,a Rubén Méndez, no tiene antecedentes penales, nunca estuvo detenido y se dedica a cuánto oficio puede realizar para sustentar a su familia, conformada por su esposa, un hijo de 10 años y un bebé de unos pocos meses. 
Elizabeth “Nené” Palacios contó que unos días antes de que diera a luz, ambos se presentaron a declarar voluntariamente ante el juez de Tartagal Fernando Mariscal Astigueta que llevaba adelante la investigación por el homicidio de Chino Quinteros, un propietario de taxis asesinado en pleno día en la puerta de su casa en Salvador Mazza, al parecer por un ajuste de cuentas. “Como nos enteramos por comentarios que nos iban a citar como testigos, fuimos al juzgado. Si algo hubiésemos tenido que ver, nos hubiéramos escapado a Bolivia, después de casi tres años del homicidio de Chino, con quien mi esposo solía trabajar esporádicamente como taxista”, expresó . Para su sorpresa, apenas se presentaron al juzgado de la ciudad de Tartagal, ambos quedaron detenidos. “Yo estaba con un embarazo a término, sin embargo me metieron en una celda, una situación que me puso tan nerviosa y tan angustiada que a las pocas horas comencé con dolores de parto”, recordó Elizabeth.

Su calvario

Palacios recordó que el juez Mariscal, al tomar conocimiento de su estado, ordenó que la llevaran al hospital zonal, donde se multiplicaron sus preocupaciones. “El ginecólogo que me atendió quería a toda costa hacerme la cesárea porque, según él, el parto venía con complicaciones pero le rogué que no lo hiciera, porque yo tenía que declarar el día siguiente y que una operación iba a retrasar todo el trámite”, dijo. Contó que el bebé nació a las pocas horas y lo tuvieron en incubadora porque estaba morado y con un estado de salud muy comprometido. “Yo estaba con presión alta y comencé con dolores y fiebre, todo consecuencia de la situación horrenda que estaba pasando”, manifestó entre lágrimas.
Al día siguiente, Elizabeth fue conducida por 5 efectivos de la Brigada a declarar ante Mariscal. “Le conté todo lo que siempre digo y como no me creyó, ordenó que me manden a la comisaría de Villa Saavedra”, dijo. “Una de las secretarias del juzgado -continuó- , al salir de la declaración me dijo: ‘¿Así que tuviste un hijo? No sé que harás con el chico porque ahora te vas a la cárcel igual que tu marido”. Yo comencé a llorar y otra empleada me tomó del hombro y me dijo que no me preocupara que el bebé se quedaría conmigo”. 

“Los asesinos están sueltos”

La esposa de Motok se presentó en el diario El Tribuno junto a su hermana, Susana Palacios, esposa del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, para relatar su drama. “Mi hermana y mi cuñado trabajan con nosotros en la distribuidora de bebidas que tenemos. Nunca intentaríamos utilizar las influencias políticas para lograr la libertad de Juan Lucas, porque consideramos que son los jueces y la Policía los que tienen que resolver este tema”, dijo la señora de Méndez. Y agregó: “Nuestra angustia es porque el tiempo pasa, un inocente está detenido y los verdaderos asesinos seguramente andan en la calle”. Y contó: “En Salvador Mazza se comenta que los gatilleros vienen del otro lado (Bolivia), hacen su trabajo y se van. Los que nos quedamos a dar la cara somos la gente honesta, los que trabajamos todos los días en un pueblo que está estigmatizado por el delito; pero parece que para el juez y la Policía somos los ciudadanos comunes los que tenemos que pagar por la incapacidad de investigar que tienen los que deben resolver estos hechos tan graves”. Aldo Hernández, defensor de Motok, consideró: “Los elementos que hay en la causa no son suficientes para mantener a mi cliente privado de su libertad. Cuando el juez le dictó el procesamiento apelamos la medida, pero ésta fue confirmada. Estamos aguardando la respuesta de los organismos nacionales que deben remitir el contenido de las llamadas que Motok le hizo a la víctima, pero como defensores sabemos que no hay pruebas para incriminarlo”. 

Fuente El Tribuno