La Unión de Consumidores de Argentina promueve que el martes 25 de marzo no se compren productos en los supermercados, como protesta contra las subas de precios.
"Queremos decir basta a las cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante", subrayó el dirigente. En el comunicado se pone como eje de la convocatoria, la necesidad de "demostrarle (a estos establecimientos) que los consumidores unidos podemos defender nuestros derechos, nuestros salarios y nuestros bolsillos frente a los supermercados que se burlan de nosotros y del Gobierno cuando incumplen lo acordado en el programa Precios Cuidados".
"No ofrecen los listados en sus puertas, no reponen productos, no señalizan en góndola, ofrecen la peor fruta y verdura, la carne es pura grasa y, cuando no tienen un producto, o no lo reemplazan o lo hacen por uno de su propia marca. Estamos cansados de estos formadores de precios que destrozan nuestros salarios", añadió la entidad.
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Fernando Blanco Muiño, el presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, indicó "queremos seguir construyendo el rol activo y colectivo del consumidor de modo que convocamos desde la sociedad civil, sin banderías partidarias, sin acciones agraviantes contra nadie a este nuevo apagón para que no nos sigan metiendo la mano en los bolsillos".
"Queremos decir basta a las cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante", subrayó el dirigente. En el comunicado se pone como eje de la convocatoria, la necesidad de "demostrarle (a estos establecimientos) que los consumidores unidos podemos defender nuestros derechos, nuestros salarios y nuestros bolsillos frente a los supermercados que se burlan de nosotros y del Gobierno cuando incumplen lo acordado en el programa Precios Cuidados".
"No ofrecen los listados en sus puertas, no reponen productos, no señalizan en góndola, ofrecen la peor fruta y verdura, la carne es pura grasa y, cuando no tienen un producto, o no lo reemplazan o lo hacen por uno de su propia marca. Estamos cansados de estos formadores de precios que destrozan nuestros salarios", añadió la entidad.
Fernando Blanco Muiño, el presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, indicó "queremos seguir construyendo el rol activo y colectivo del consumidor de modo que convocamos desde la sociedad civil, sin banderías partidarias, sin acciones agraviantes contra nadie a este nuevo apagón para que no nos sigan metiendo la mano en los bolsillos".
"Queremos decir basta a las cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante", subrayó el dirigente. En el comunicado se pone como eje de la convocatoria, la necesidad de "demostrarle (a estos establecimientos) que los consumidores unidos podemos defender nuestros derechos, nuestros salarios y nuestros bolsillos frente a los supermercados que se burlan de nosotros y del Gobierno cuando incumplen lo acordado en el programa Precios Cuidados".
"No ofrecen los listados en sus puertas, no reponen productos, no señalizan en góndola, ofrecen la peor fruta y verdura, la carne es pura grasa y, cuando no tienen un producto, o no lo reemplazan o lo hacen por uno de su propia marca. Estamos cansados de estos formadores de precios que destrozan nuestros salarios", añadió la entidad.
Construcción subió un 4,6% en el 2013
El sector de la construcción registró en enero una suba interanual de 2,1 por ciento, impulsada por iniciativas del sector público y la mejora en los ingresos de los trabajadores, de acuerdo a un informe diseñado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP), que depende del Ministerio de Industria.
"El desempeño del sector es el resultado del sostenimiento de la actividad económica, las inversiones industriales, el aumento del ingreso de los trabajadores, que multiplicó la demanda de viviendas, y la decisión del Estado de regenerar la infraestructura productiva", aseguró la titular de la cartera productiva, Débora Giorgi.
En tanto, en el 2013 se destacó que la actividad acumuló un crecimiento del 4,6 por ciento, mientras que los insumos cuyas ventas registraron mayores aumentos fueron el hierro para hormigón (10,5%), ladrillos huecos (11,7%) y cemento (2,5%), entre otros.
Giorgi recordó que el impulso a la construcción "es un eje de las políticas públicas de este Gobierno, por ser una industria de industrias y generar múltiples puestos de trabajo".
Destacó iniciativas como el Pro.Cre.Ar además de planes para viviendas sociales y la generación de obras públicas, además del control de precios por parte del Ejecutivo de los insumos claves de esta industria.
La ministra recibió en los últimos meses anuncios de inversiones productivas destinados a incrementar la oferta local de insumos claves para el sector de la construcción.
Destacan a Cerámica del Norte
Una de las fábricas del sector destacadas por Giorgi es la salteña, Cerámica del Norte que en febrero anunció inversiones por $100 millones, para levantar su cuarta fábrica.
La nave industrial proyectada, de 12.000 metros cuadrados, permitirá a la firma alcanzar una producción de 2.000 toneladas diarias y 80 millones de piezas cerámicas al año.
Actualmente, la firma cuenta con 360 empleados directos y produce 1.500 toneladas de ladrillos huecos por día y 200 toneladas de tejas francesas.
La Unión de Consumidores de Argentina promueve que el martes 25 de marzo no se compren productos en los supermercados, como protesta contra las subas de precios.
"Queremos decir basta a las cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante", subrayó el dirigente. En el comunicado se pone como eje de la convocatoria, la necesidad de "demostrarle (a estos establecimientos) que los consumidores unidos podemos defender nuestros derechos, nuestros salarios y nuestros bolsillos frente a los supermercados que se burlan de nosotros y del Gobierno cuando incumplen lo acordado en el programa Precios Cuidados".
"No ofrecen los listados en sus puertas, no reponen productos, no señalizan en góndola, ofrecen la peor fruta y verdura, la carne es pura grasa y, cuando no tienen un producto, o no lo reemplazan o lo hacen por uno de su propia marca. Estamos cansados de estos formadores de precios que destrozan nuestros salarios", añadió la entidad.
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Fernando Blanco Muiño, el presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, indicó "queremos seguir construyendo el rol activo y colectivo del consumidor de modo que convocamos desde la sociedad civil, sin banderías partidarias, sin acciones agraviantes contra nadie a este nuevo apagón para que no nos sigan metiendo la mano en los bolsillos".
"Queremos decir basta a las cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante", subrayó el dirigente. En el comunicado se pone como eje de la convocatoria, la necesidad de "demostrarle (a estos establecimientos) que los consumidores unidos podemos defender nuestros derechos, nuestros salarios y nuestros bolsillos frente a los supermercados que se burlan de nosotros y del Gobierno cuando incumplen lo acordado en el programa Precios Cuidados".
"No ofrecen los listados en sus puertas, no reponen productos, no señalizan en góndola, ofrecen la peor fruta y verdura, la carne es pura grasa y, cuando no tienen un producto, o no lo reemplazan o lo hacen por uno de su propia marca. Estamos cansados de estos formadores de precios que destrozan nuestros salarios", añadió la entidad.
Fernando Blanco Muiño, el presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, indicó "queremos seguir construyendo el rol activo y colectivo del consumidor de modo que convocamos desde la sociedad civil, sin banderías partidarias, sin acciones agraviantes contra nadie a este nuevo apagón para que no nos sigan metiendo la mano en los bolsillos".
"Queremos decir basta a las cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante", subrayó el dirigente. En el comunicado se pone como eje de la convocatoria, la necesidad de "demostrarle (a estos establecimientos) que los consumidores unidos podemos defender nuestros derechos, nuestros salarios y nuestros bolsillos frente a los supermercados que se burlan de nosotros y del Gobierno cuando incumplen lo acordado en el programa Precios Cuidados".
"No ofrecen los listados en sus puertas, no reponen productos, no señalizan en góndola, ofrecen la peor fruta y verdura, la carne es pura grasa y, cuando no tienen un producto, o no lo reemplazan o lo hacen por uno de su propia marca. Estamos cansados de estos formadores de precios que destrozan nuestros salarios", añadió la entidad.
REVELACIONES DE LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA. LA “COCINA” DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS
El rol del poder económico, corporizado en Martínez de Hoz y los grupos financieros, detrás de decisiones fundamentales de la dictadura. Cómo se armaron y discutieron las leyes económicas que instalaron un nuevo país.
José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura. Articulador de las fuerzas que provocaron el golpe y luego le sacaron provecho.
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El rol del poder económico, corporizado en Martínez de Hoz y los grupos financieros, detrás de decisiones fundamentales de la dictadura. Cómo se armaron y discutieron las leyes económicas que instalaron un nuevo país.
Por Raúl Dellatorre
Entre la amplia documentación hallada en el Edificio Cóndor, del Ministerio de Defensa, proveniente de los archivos de la dictadura, se encontraron elementos que permiten reconstruir, en una parte sustancial, cómo fue el proceso de elaboración y construcción final de dos leyes fundamentales en la estructura económica que empezó a delinearse en aquellos años: la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras. Los proyectos originales, la forma en que fueron modificados antes de convertirse en ley, algunas transcripciones taquigráficas de los debates entre integrantes del equipo económico comandado por José Alfredo Martínez de Hoz y miembros de las Fuerzas Armadas, así como apuntes de las propias fuerzas con comentarios y objeciones a parte del articulado, dan cuenta de cómo se fue trazando un camino que derivó en el proceso de concentración económica y extranjerización que ocurrió en los años posteriores. La defensa irrestricta, por parte del equipo económico de la dictadura, así como de directivos empresarios convocados y consultados para la elaboración de estos proyectos, dejan ver además que el papel de los grupos económicos dominantes de la época no fue el de simples “colaboradores”, sino que fueron los auténticos mentores del proyecto económico que representó (junto al implantado por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile) el primer avance del modelo neoliberal en la región.
La dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla había creado, en 1976, un cuerpo conformado por las tres armas, denominado Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, que cumplía las funciones de organismo “legislativo”, elaborando proyectos de leyes para ser promulgados por el Poder Ejecutivo. En oportunidad de la elaboración del proyecto de Ley de Entidades Financieras, convocó a consulta a diversas organizaciones empresarias del sistema para que dieran su aporte. Los bancos de la época estaban agrupados en tres entidades gremiales: Adeba, ABRA y Abira. Quienes concurrieron para “colaborar” en la redacción por cada una de estas entidades fueron Benedicto Bianchi, Luis María Gotelli y Pablo Terán Nogués. Además, por el sector de las compañías financieras participó Rodolfo Guido Martelli. Todos ellos habían sido propuestos y nombrados por resolución del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, como integrantes de la “comisión ad hoc” que asesoraría al Ejecutivo en esa tarea. Todos ellos constituían la más auténtica representación del poder financiero.
En la documentación encontrada en el mes de octubre de 2013 en los archivos del Edificio Cóndor consta el rol que cumplieron estos “asesores”, coordinados por el secretario de Programación Económica y viceministro, Guillermo Walter Klein, incluso enfrentando en algún caso la opinión de los representantes de las Fuerzas Armadas. En la discusión por la nueva Ley de Entidades Financieras, entre septiembre de 1976 y primeros meses de 1977, los representantes de la banca privada acordaron que el Banco Central mantuviera el rol de autoridad monetaria, pero hicieron oír su queja porque consideraban que el sistema beneficiaba a la banca oficial en desmedro de la privada. Esto originó un intercambio de opiniones con los militares que participaban de estos encuentros, quienes argumentaron que la banca privada gozaba del derecho otorgado por el Estado de “trabajar con fondos de terceros, captar fondos del público y prestarlos, ejerciendo una actividad comercial sumamente privilegiada” y, sin embargo, “pretende mostrarse a la actividad privada como perjudicada, cuando no es así la realidad”.
En ese debate, terció la posición del Ministerio de Economía, representada por Guillermo W. Klein, claramente a favor de los bancos, exigiendo además que no se hiciera ningún tipo de distinción entre banca local y extranjera. El funcionario defendió la idea de generar un sistema lo suficientemente “flexible”, para facilitar la concurrencia del capital privado y la conformación de un sistema basado en “entidades solventes”. De ese debate, surge un proyecto definitivo de ley en el que no sólo elimina restricciones o condiciones que originalmente se le imponían al capital extranjero para participar en las entidades financieras locales, sino que además se avanza en la eliminación de entidades menores mediante su obligación de convertirse en financieras o bancos, o desaparecer.
Se favorecen, en el articulado definitivo, las entidades financieras “de amplio campo operativo” y de mayor patrimonio, limitándose la especialización y facilitando la expansión de las entidades “integrales”. También quedan relegadas las instituciones financieras regionales, al eliminarse los requisitos o las ventajas para atender ese segmento del mercado. Decenas de cajas de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, o de crédito y consumo, desaparecieron o debieron fusionarse en compañías financieras o bancos que apenas pudieron durar uno o dos años más, para caer finalmente bajo el peso de la concentración financiera que sucedió a la aplicación de la ley.
Prohibido prohibir
La posición del Ministerio de Economía, absolutamente afín a los intereses de los grupos financieros más concentrados, quedó prolijamente expresada en la Exposición de motivos que acompañó la ley que aprobó el Ejecutivo. Allí quedaron transcriptos los criterios contrapuestos con los que el equipo comandado por Martínez de Hoz iba a considerar a las entidades menores (cajas de crédito) y a los bancos comerciales, llamados a ser los artífices de la concentración y actores principalísimos del proceso de valorización financiera que se ponía en marcha. En dicha Exposición puede leerse (facsímil en esta página):
Cajas de Crédito (Título II Capítulo 7)
“De las operaciones de esta clase de entidades se ha suprimido la facultad de recibir depósitos a la vista puesto que, como se ha expresado, el rol de intermediarios monetarias debe quedar reservado para los bancos comerciales.”
Operaciones prohibidas y limitadas (Título II Capítulo 9)
“Las operaciones prohibidas y limitadas a las entidades financieras (banca comercial) han sido reducidas a las que se consideran realmente incompatibles con su actividad. En consecuencia, queda implícitamente autorizado, por ejemplo efectuar inversiones en inmuebles que no sean de uso propio o que lo sea sólo parcialmente. De este modo, se atiende a una realidad sin hacer necesarios la búsqueda de complejas figuras. Además, previa autorización del Banco Central, las entidades autorizadas podrán ser titulares de acciones de otras entidades financieras, cualquiera sea su clase, con lo cual se promueve la coparticipación, la interacción y en definitiva la integración y concentración de entidades.”
Es, precisamente, lo que ocurrió en los años siguientes a la promulgación de la ley: un fuerte proceso de concentración del sistema bancario que posibilitó que las entidades más poderosas y con participación de capital extranjero, absorbieran a las entidades más nuevas que se formaron producto de la transformación de cajas de crédito o bancos regionales que habían intentado adaptarse al nuevo régimen.
Puertas abiertas
Este proceso, además, se vio favorecido por otra victoria obtenida por el equipo económico de Martínez de Hoz en la puja que se dio en la confección, en paralelo, de la Ley de Entidades Financieras y la de Inversiones Extranjeras: la pelea por la flexibilidad de acceso al capital extranjero.
Según consta en los archivos hallados en octubre pasado, el 17 de enero de 1977 tuvo lugar una reunión entre el ya mencionado Guillermo Walter Klein y representantes militares de la CAL, en la que se dio un fuerte cruce de opiniones en torno de las facultades del capital extranjero. De esa reunión se encontró una copia de la transcripción taquigráfica, en la que consta la preocupación del coronel Ernesto J. Tacchi, miembro de la CAL, por la posibilidad de que por vía de testaferros, empresas que aparecían como de capital nacional pudieran ser manejados por capitales extranjeros. Sostenía, en tal sentido, la necesidad de llevar un “registro rubricado” de quiénes asistían a las asambleas de accionistas y qué acciones representaba, y proponía su inclusión en la Ley de Inversiones Extranjeras. Este planteo fue rechazado por Klein con un argumento que, con los años, se transformó en un clásico del neoliberalismo: la inseguridad jurídica. El número dos de Martínez de Hoz le respondió al coronel Tacchi, según versión taquigráfica, que “la autoridad de aplicación (el Ministerio de Economía) no va a hacer distinciones o discriminaciones, no se va a aliar con el capital nacional para disminuir la proporción que tengan los accionistas extranjeros en las sociedades locales. Reitero que el fundamento no está en la Ley de Inversiones Extranjeras, sino en nuestra legislación nacional, y hace al principio de seguridad jurídica y a la justicia en materia patrimonial a que tienen derecho los inversores extranjeros para mantener sus posiciones relativas en los capitales de las empresas”. El texto definitivo quedó como pretendían Klein y Martínez de Hoz, a quien David Rockefeller llamaba familiarmente “Joe”.
Tal cual como plantea acertadamente un documento preliminar elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la CNV, que participa en la clasificación y análisis de los documentos hallados por el Ministerio de Defensa, la defensa de los criterios a favor de la concentración económica y la apertura al ingreso del capital extranjero que levantaban como estandartes el equipo económico y entidades privadas representantes del poder económico y financiero, incluso enfrentándose a representantes de las Fuerzas Armadas, revela el rol central que jugaron estos intereses en el proceso “refundacional y reorganizador” de la última dictadura. Un proceso cuyo objetivo final no era otro que imponer una lógica de acumulación asociada a los intereses de los sectores hegemónicos del capital internacional, con consecuencias “que perduran hasta nuestros días”.
La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó la importancia de las misiones industriales para “profundizar la integración productiva de América latina” en el marco de los preparativos para las acciones que tendrán como próximos destinos a Bolivia y Paraguay.
La misión de integración industrial a Bolivia se realizará en mayo; y en Paraguay, en el primer semestre, informaron en un comunicado.
En tanto, se está avanzando en la planificación de una misión PyME a Centroamérica, que incluye Costa Rica, Guatemala y El Salvador.
En el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx), y de la política de internacionalización de PyMEs, la cartera productiva está definiendo los sectores productivos complementarios con más oportunidades para fortalecer las economías de los países participantes.
“Argentina tiene una industria nacional fuerte, con empresas que se destacan por ser innovadoras y tener productos de calidad; esto es lo que nos permite generar alianzas que potencien y fortalezcan nuestras industrias”, afirmó Giorgi.
Asimismo, instó a “aprovechar las oportunidades de crecimiento conjunto como hicimos con Ecuador, Colombia y Perú”.
Con este objetivo, el Ministerio de Industria mantuvo reuniones con los embajadores de Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, con quienes acordó definir una agenda común para que las pymes participantes además de colocar sus productos en el exterior, también desarrollen cadenas de valor regionales que potencien la integración productiva.
En la reunión mantenida con funcionarios de la cartera productiva nacional, el Embajador de Bolivia, Liborio Flores Enríquez, anticipó el interés de Bolivia en la misión y resaltó la importancia de la integración productiva con Argentina “tanto por nuestra Historia en común como por proximidad territorial”.
Por su parte, el embajador y ex presidente de Paraguay, Oscar Nicanor Duarte Frutos, destacó la importancia de un mayor acercamiento comercial entre Argentina y Paraguay para beneficio de sus pueblos.
En este sentido también se expresó el plenipotenciario de la República de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, al afirmar que la economía de su país “se basa tanto en las grandes exportaciones como en las pymes, donde hay interesantes sectores para desarrollar negocios conjuntos con las empresas argentinas”.
“Argentina es un país que tiene muchos recursos y es por eso que nos interesa estrechar relaciones comerciales, y avanzar en una agenda bilateral en temas económicos y productivos”, destacó, por su parte, el embajador de Costa Rica, Luis Alberto Cordero.
Estos encuentros, que son organizados conjuntamente con la Cancillería Argentina, incluirán rondas de negocios con contrapartes de los países visitados, reuniones de complementación productiva a nivel sectorial, encuentros oficiales con funcionarios y posibles acuerdos de cooperación técnica y tecnológica del INTI en temas industriales y del INPI, en temáticas de propiedad intelectual.
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En tanto, se está avanzando en la planificación de una misión PyME a Centroamérica, que incluye Costa Rica, Guatemala y El Salvador.
En el marco del Programa de Aumento y Diversificación de las Exportaciones (PADEx), y de la política de internacionalización de PyMEs, la cartera productiva está definiendo los sectores productivos complementarios con más oportunidades para fortalecer las economías de los países participantes.
“Argentina tiene una industria nacional fuerte, con empresas que se destacan por ser innovadoras y tener productos de calidad; esto es lo que nos permite generar alianzas que potencien y fortalezcan nuestras industrias”, afirmó Giorgi.
Asimismo, instó a “aprovechar las oportunidades de crecimiento conjunto como hicimos con Ecuador, Colombia y Perú”.
Con este objetivo, el Ministerio de Industria mantuvo reuniones con los embajadores de Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, con quienes acordó definir una agenda común para que las pymes participantes además de colocar sus productos en el exterior, también desarrollen cadenas de valor regionales que potencien la integración productiva.
En la reunión mantenida con funcionarios de la cartera productiva nacional, el Embajador de Bolivia, Liborio Flores Enríquez, anticipó el interés de Bolivia en la misión y resaltó la importancia de la integración productiva con Argentina “tanto por nuestra Historia en común como por proximidad territorial”.
Por su parte, el embajador y ex presidente de Paraguay, Oscar Nicanor Duarte Frutos, destacó la importancia de un mayor acercamiento comercial entre Argentina y Paraguay para beneficio de sus pueblos.
En este sentido también se expresó el plenipotenciario de la República de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, al afirmar que la economía de su país “se basa tanto en las grandes exportaciones como en las pymes, donde hay interesantes sectores para desarrollar negocios conjuntos con las empresas argentinas”.
“Argentina es un país que tiene muchos recursos y es por eso que nos interesa estrechar relaciones comerciales, y avanzar en una agenda bilateral en temas económicos y productivos”, destacó, por su parte, el embajador de Costa Rica, Luis Alberto Cordero.
Estos encuentros, que son organizados conjuntamente con la Cancillería Argentina, incluirán rondas de negocios con contrapartes de los países visitados, reuniones de complementación productiva a nivel sectorial, encuentros oficiales con funcionarios y posibles acuerdos de cooperación técnica y tecnológica del INTI en temas industriales y del INPI, en temáticas de propiedad intelectual.
El consumo privado se duplicó en los últimos diez años, lo que significó a su vez un crecimiento de más de 100 por ciento en volumen de las ventas de los comercios, tanto mayoristas como minoristas, destacó un informe del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP).
Incluso, en cantidades, las ventas treparon por encima de la inflación medida por las provincias, que es la que usualmente toman las consultoras para elaborar sus indicadores de precios.
Mientras la inflación acumulada, de acuerdo al promedio ponderado de los índices de los institutos provinciales, fue de 346,7 por ciento en la última década, las ventas crecieron en cantidades en el mismo lapso entre 472 y 1.565 por ciento, superando ampliamente la variación de precios, dando cuenta que el consumo nunca se retrajo.
El análisis subrayó que la política económica instaurada en 2003 por el kirchnerismo, "se tradujo en un incremento del poder adquisitivo de los sectores populares, con un importante impacto en los indicadores de consumo".
Así remarcó que en estos diez años "se observó un notable crecimiento en las compras de los sectores de menores recursos debido a su mayor propensión a adquirir bienes de primera necesidad y, por ende, destinar buena parte de sus ingresos para tal fin".
No obstante, puntualizó que "el aumento del consumo no se limitó a los alimentos primarios, sino que también se vio reflejado en bienes durables como electrodomésticos, artículos tecnológicos, automóviles".
"Tal situación derivó en un importante incentivo para las pequeñas y medianas empresas que encontraron un ingente mercado para desarrollarse y créditos a tasa subsidiada para poder incrementar su dimensión de negocios y abastecer a esta creciente demanda", sostuvo el GEENaP.
Del análisis, elaborado en base a datos del Ministerio de Economía y las cámaras que agrupan a los sectores productores de bienes para el mercado interno, se destaca que "en la década creció la participación del consumo privado de 66,2 a 69,6 por ciento del total del producto bruto nacional, lo cual implicó un aumento de casi 1.000 millones de pesos volcados al mercado interno".
"Neteando el aumento del consumo derivado del efecto precios, es decir, usando una base de precios constantes de 1993, puede notarse un incremento cercano a 90 por ciento en los diez años, lo cual representa un 7,36 de aumento promedio interanual", precisó el informe.
Del mismo modo, para los sectores de comercio "el impacto positivo fue inmediato ya que todos los distintos rubros mantuvieron una dinámica de mejora progresiva, y tanto minoristas como mayoristas, crecieron 113 por ciento en sus ventas en la década, lo que representa casi un 9 anual".
De acuerdo al análisis, al interior de muchos rubros representativos del consumo de las familias y que son usualmente comerciados en centros de compras, ya sea en bienes durables como no durables.
"Dado que el análisis es realizado a lo largo de diez años, suele escucharse de parte de los economistas neoliberales el argumento de que cualquier incremento en las variables económicas que marcan las bondades de nuestro modelo se explican solamente por motivos inflacionarios", señaló el GEENaP.
En consecuencia consideró que "un buen mecanismo para rebatir esa falacia es estudiar el aumento en variables sensibles para el bienestar de los argentinos en comparación al cambio en los precios".
"Para evitar ataques tangenciales sobre el IPC, por ejemplo, se puede utilizar un promedio ponderado de los índices de los institutos provinciales; este índice es usualmente conocido como IPC de las provincias", precisó el informe.
Al respecto, mientras el IPC-Provincias acumuló en la década una inflación de 346,7 por ciento; las ventas de amoblamiento, decoración, y textiles para el hogar, crecieron en cantidad 472,1; las de alimentos y bebidas, 479,8; las de artículos de limpieza y perfumería, 488,2; y las de librería, 508.
También los rubros de diversión y esparcimiento acumularon un incremento de 607,3 por ciento; perfumería y farmacia, 613,5; indumentaria, calzado y marroquinería, 623,6; juguetería, 646,4; patios de comida, alimentos y kioscos, 845,6; electrónicos y artículos para el hogar, 1.107,3; ropa y accesorios deportivos, 1.190,2; y electrónicos, CD y electrodomésticos, 1.565,5.
"Como puede verse, ninguno de estos grandes rubros de artículos reveló un incremento de las ventas totales menor al escenario más significativo de incrementos de precios a lo largo de estos diez años", puntualizó el GEENaP.
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Incluso, en cantidades, las ventas treparon por encima de la inflación medida por las provincias, que es la que usualmente toman las consultoras para elaborar sus indicadores de precios.
Mientras la inflación acumulada, de acuerdo al promedio ponderado de los índices de los institutos provinciales, fue de 346,7 por ciento en la última década, las ventas crecieron en cantidades en el mismo lapso entre 472 y 1.565 por ciento, superando ampliamente la variación de precios, dando cuenta que el consumo nunca se retrajo.
El análisis subrayó que la política económica instaurada en 2003 por el kirchnerismo, "se tradujo en un incremento del poder adquisitivo de los sectores populares, con un importante impacto en los indicadores de consumo".
Así remarcó que en estos diez años "se observó un notable crecimiento en las compras de los sectores de menores recursos debido a su mayor propensión a adquirir bienes de primera necesidad y, por ende, destinar buena parte de sus ingresos para tal fin".
No obstante, puntualizó que "el aumento del consumo no se limitó a los alimentos primarios, sino que también se vio reflejado en bienes durables como electrodomésticos, artículos tecnológicos, automóviles".
"Tal situación derivó en un importante incentivo para las pequeñas y medianas empresas que encontraron un ingente mercado para desarrollarse y créditos a tasa subsidiada para poder incrementar su dimensión de negocios y abastecer a esta creciente demanda", sostuvo el GEENaP.
Del análisis, elaborado en base a datos del Ministerio de Economía y las cámaras que agrupan a los sectores productores de bienes para el mercado interno, se destaca que "en la década creció la participación del consumo privado de 66,2 a 69,6 por ciento del total del producto bruto nacional, lo cual implicó un aumento de casi 1.000 millones de pesos volcados al mercado interno".
"Neteando el aumento del consumo derivado del efecto precios, es decir, usando una base de precios constantes de 1993, puede notarse un incremento cercano a 90 por ciento en los diez años, lo cual representa un 7,36 de aumento promedio interanual", precisó el informe.
Del mismo modo, para los sectores de comercio "el impacto positivo fue inmediato ya que todos los distintos rubros mantuvieron una dinámica de mejora progresiva, y tanto minoristas como mayoristas, crecieron 113 por ciento en sus ventas en la década, lo que representa casi un 9 anual".
De acuerdo al análisis, al interior de muchos rubros representativos del consumo de las familias y que son usualmente comerciados en centros de compras, ya sea en bienes durables como no durables.
"Dado que el análisis es realizado a lo largo de diez años, suele escucharse de parte de los economistas neoliberales el argumento de que cualquier incremento en las variables económicas que marcan las bondades de nuestro modelo se explican solamente por motivos inflacionarios", señaló el GEENaP.
En consecuencia consideró que "un buen mecanismo para rebatir esa falacia es estudiar el aumento en variables sensibles para el bienestar de los argentinos en comparación al cambio en los precios".
"Para evitar ataques tangenciales sobre el IPC, por ejemplo, se puede utilizar un promedio ponderado de los índices de los institutos provinciales; este índice es usualmente conocido como IPC de las provincias", precisó el informe.
Al respecto, mientras el IPC-Provincias acumuló en la década una inflación de 346,7 por ciento; las ventas de amoblamiento, decoración, y textiles para el hogar, crecieron en cantidad 472,1; las de alimentos y bebidas, 479,8; las de artículos de limpieza y perfumería, 488,2; y las de librería, 508.
También los rubros de diversión y esparcimiento acumularon un incremento de 607,3 por ciento; perfumería y farmacia, 613,5; indumentaria, calzado y marroquinería, 623,6; juguetería, 646,4; patios de comida, alimentos y kioscos, 845,6; electrónicos y artículos para el hogar, 1.107,3; ropa y accesorios deportivos, 1.190,2; y electrónicos, CD y electrodomésticos, 1.565,5.
"Como puede verse, ninguno de estos grandes rubros de artículos reveló un incremento de las ventas totales menor al escenario más significativo de incrementos de precios a lo largo de estos diez años", puntualizó el GEENaP.
La Unión de Consumidores de Argentina promueve que el 25 de marzo las personas no compren en los súper como protesta contra las subas de precios.


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El presidente de la UCA, Fernando Blanco Muiño, indicó "queremos seguir construyendo el rol activo y colectivo del consumidor de modo que convocamos desde la sociedad civil, sin banderías partidarias, sin acciones agraviantes contra nadie a este nuevo apagónpara que no nos sigan metiendo la mano en los bolsillos".
"Queremos decir basta a las cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante", enfatizó el dirigente.
El eje de la convocatoria, señaló la UCA en un comunicado, es "demostrarle (a estos establecimientos) que los consumidores unidos podemos defender nuestros derechos, nuestros salarios y nuestros bolsillos frente a los supermercados que se burlan de nosotros y del Gobierno cuando incumplen lo acordado en el programa Precios Cuidados".
"No ofrecen los listados en sus puertas, no reponen productos, no señalizan en góndola, ofrecen la peor fruta y verdura, la carne es pura grasa y, cuando no tienen un producto, o no lo reemplazan o lo hacen por uno de su propia marca. Estamos cansados de estos formadores de precios que destrozan nuestros salarios", añadió la entidad.
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Totalizó 137.613 millones de dólares a finales de 2013.
La deuda externa de la Argentina totalizó a finales de diciembre pasado 137.613 millones de dólares, 745 millones de dólares menos que la registrada en el trimestre anterior, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con los datos del organismo estadístico, la deuda del sector público no financiero se incrementó en el cuarto trimestre en 1819 millones de dólares.
Además, los datos precisaron que durante todo 2013, la deuda externa argentina disminuyó en 4611 millones de dólares respecto a diciembre de 2012.
En el informe sobre balance de pagos difundido ayer también se indicó que la cuenta corriente del país registró entre octubre y diciembre de 2013 un déficit de 1721 millones de dólares. Por otro lado, la balanza comercial de bienes y servicios tuvo un superávit de 1343 millones de dólares, mientras que la cuenta de rentas presentó un déficit de 2606 millones, del cual el 77% correspondió al débito de la renta de inversión extranjera directa, según precisó el informe.
Visto de conjunto, el balance de pagos, que reúne tanto el dinero que ingresa y egresa del país por operaciones financieras, inversiones y por el comercio de bienes y servicios, cerró 2013 con un déficit de 4330 millones de dólares. Durante el año pasado se registraron ingresos netos en la cuenta Bienes por 12.155 millones de dólares, que no lograron compensar la salida de 5190 millones de la cuenta de Servicios, y otros 10.652 millones de Rentas de Inversión.
A esto hay que sumarle la salida de 57 millones de dólares en concepto de "Otras Rentas", y transferencias corrientes con signo negativo por 673 millones, lo que gravitaron para redondear un déficit de 4330 millones de dólares. Además, las reservas internacionales del Banco Central cerraron con una merma de 11.824 millones de dólares respecto del balance final de 2012
El cumplimiento tributario en Capital sigue en un 80% pese al revés electoral de Isa en 2013
Unknown
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3:57
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ECONOMÍA
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Provinciales
La recaucdación de recursos propios se mantiene alto en la gestión de Miguel Isa.
Uno de los datos aportados desde el área de Hacienda de la comuna resulta relevante analizar y es el que el cumplimiento de los contribuyentes en materia tributaria se mantiene en un 80%.
"Esos montos corresponden a los recursos propios que obtiene el municipio de la comunidad y mantener tal porcentual es indicativo de la confianza en la gestión", afirmó el subsecretario de Ingresos Públicos, Facundo Furió.
Tal respaldo de la comunidad en cierta forma a la administración de Isa no se condice con los resultados electorales de 2013 logrados por los candidatos del intendente Miguel Isa en las diferentes categorías, aunque haya estado influenciado por el "tarifazo" que se aplicó el año pasado.
El espaldarazo de los contribuyentes a la gestión de Isa surge al observar los resultados alcanzados por el pago anual anticipado, el que sumó más de 13 mil contribuyentes en relación a 2013, atento al incentivo de la reducción del 12%, al igual que las posibilidades de pagar con tarjeta de débito y crédito, que fueron oportunas.
Furió también puso de relieve que en lo que respecta a la Tasa por Inspección, Higiene y Seguridad, hay un 90% de cumplimiento y en esta franja se incluye a los contribuyentes del Parque Industrial y grupos del PROCOM, que son 2.900 contribuyentes y el resto abarca a otros 35 mil.
Refirió que los registrados en el PROCOM, aportan el 92% de lo que corresponde a la recaudación de esa tasa.
El funcionario en sus últimas explicaciones dadas a los ediles defendió al igual que el secretario de Hacienda, Carlos Abeleira, la decisión de los incrementos otorgados a los impuestos municipales que acompañaron los ediles, atento a que la unidad tributaria de $3,10 se elevó a $3,90.
Y en cuanto a la rezonificación que implicó subas notorias en los impuestos y que causó reclamos de la comunidad sostuvo que "se hizo para ordenar la ciudad, con la actualización de los montos tributarios y contemplamos a zonas de la ciudad que podrían ser conflictivas.
Costo político al CD
En lo que respecta a la rezonificación aplicada para 2013, la concejal Socorro Villamayor (FPS) manifestó en su oportunidad que el costo político cayó sobre el Concejo Deliberante cuando lo que se hizo fue aumentar la Unidad Tributaria pero la rezonificación estuvo a cargo del municipio capitalino, que invadió la facultad de los concejales en materia tributaria.
Abeleira explicó a los ediles que si no se hubieran adoptado las medidas de incremento tributario y actualización en relación a la rezonificación hoy el municipio estaría con problemas económicos, como ocurre con otras jurisdicciones.
El funcionario comentó que había aconsejado al intendente Miguel Isa que por 2014 se aplicara un nuevo aumento tributario, pero el jefe comunal no lo dispuso considerando el impacto que tuvo el de 2013.
Jorge Brito.
La sanción implicó una multa de más de 800 mil pesos por omitir reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, y en lo que va del año la entidad financiera que preside Jorge Brito, ya acumuló penas por más de 5 millones.
Según informó a Télam el organismo que preside José Sbattella, se inició "un sumario en noviembre de 2011 con el objeto de deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder al Banco, sus directores y oficiales de cumplimiento, por la omisión de efectuar un reporte de operaciones sospechosas efectuadas entre abril de 2006 y junio de 2007 por un monto de 802.491 pesos".
"En este caso se trata de un cliente ocasional que efectuó 21 operaciones de compra y venta de moneda extranjera", precisó la UIF.
Destacó que luego de que la instrucción recibiera los descargos respectivos para luego analizar el posible incumplimiento del artículo 21, inciso b, de la Ley Antilavado, "se determinó que el cliente no poseía un perfil económico que cuadrara con las transacciones que realizaba teniendo en cuenta los montos, la frecuencia y la falta de registro comprobable de actividad económica o comercial y de documentación que justifique las operaciones realizadas".
Por esa razón, la UIF dictaminó que "los directores y el oficial de cumplimiento son responsables por la omisión de reportar las operatorias en cuestión, conforme las obligaciones que les impone la normativa vigente en la materia".
En consecuencia, "los sumariados fueron multados por una vez el valor de la operatoria".
Esta sanción se suma a otras tres aplicadas contra el banco en lo que va del año, y que en conjunto representan 5.126.733 pesos.
A mediados de enero, la UIF dispuso aplicar al Macro una multa de 1,5 millón de pesos por no reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, efectuadas por un cliente clasificado como "ocasional", entre septiembre de 2005 y octubre de 2007.
Ese cliente realizó 35 operaciones de compra y venta de moneda extranjera con dinero en efectivo, sin que la entidad bancaria tomara medidas preventivas mínimas, como la elaboración del "Perfil del cliente", requerido por la normativa.
A principios de febrero volvió a multarlo, por haber omitido reportar las operaciones realizadas por un cliente ocasional por 687.780 pesos entre junio de 2006 y julio de 2007.
El cliente no registraba declaraciones juradas entre octubre de 2002 a septiembre de 2007, ni se le conocía actividad alguna.
En virtud de ello, la UIF sancionó a la entidad financiera, a sus directivos y al oficial de cumplimiento con una multa equivalente al total operado. Hace una semana, la UIF le aplicó a la entidad la mayor de todas las sanciones, de 2.136.462 pesos.
El organismo inició en noviembre de 2011 una investigación por la omisión del Banco de efectuar un reporte de 40 operaciones sospechosas de compra y venta de moneda extranjera con dinero en efectivo, entre agosto de 2005 y agosto de 2007, por un monto superior a los dos millones de pesos.
Fuente: Télam.
En la causa por la liquidación de un banco durante la dictadura militar. En octubre de 1980, el empresario Saiegh fue secuestrado y torturado. Luego, le quitaron el Banco Latinoamericano.
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Tiempo Argentino
La causa que investiga la liquidación del Banco Latinoamericano (BLA) durante la última dictadura cívico-militar tuvo un nuevo giro. La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ingresar como querellante y le solicitó a la justicia que investigue transferencias por 500 millones de dólares, realizadas por el Mechant Bankers Asociados (MBA).
Este banco tuvo como principal accionista hasta principios de este año a Alejandro Reynal, que fue vicepresidente del Banco Central (BCRA) durante la dictadura, (de 1979 a 1981), y está sospechado por su posible participación en la liquidación del BLA. La solicitud de la UIF es para dilucidar si los recursos transferidos por el MBA no provienen de bienes apropiados durante el proceso.
El BLA era propiedad, entro otros, del empresario Eduardo Saiegh, que fue secuestrado y torturado en octubre de 1980, poco antes de que fuera desapoderado de su banco. En aquel momento, el hermano de Reynal, William, era uno de los propietarios de la aerolínea Austral.
Esta empresa tenía una deuda de siete millones de dólares con el banco de Saiegh, por la cual la entidad financiera tenía una cantidad de acciones de la aerolínea, que luego de la liquidación del BLA fue estatizada. Alejandro Reynal se volvió el principal accionista de MBA en 1981, cuando dejó el Central, y Saiegh ha sostenido que fue con los recursos de la liquidación de su banco que montó esa entidad.
El BCRA "no puede emplear su autonomía para ponerse por fuera del Estado y su política de derechos humanos".
En la presentación ante la justicia para que investigue el posible lavado de activos, la UIF incluyó cuatro reportes de operaciones sospechosas por más de 500 millones de dólares realizadas por el MBA. Estos movimientos, señaló la UIF en su escrito, tendrían como fin "la remisión al exterior de divisas", burlando las disposiciones del Central.
El órgano conducido por José Sbatella viene tras la pista de este movimiento financiero desde hace tiempo. A principios de este año, le solicitó al BCRA que no autorizara la venta del MBA, que Reynal hizo en enero. Las autoridades del Central consultaron al respecto al fiscal que investiga la liquidación del BLA y el secuestro de su dueño.
El fiscal en cuestión –Eduardo Taiano– respondió que la liquidación del BLA se investiga como causa de lesa humanidad, pero no solicitó que se impidiera la venta del MBA, así que, finalmente, las autoridades del Central firmaron la resolución validándola.
"La presentación de la UIF corrobora lo que siempre dije: que fueron los jefes civiles los que lucraron con la dictadura. Esto se puede caracterizar con el caso emblemático de la estatización de Austral", le dijo ayer Saiegh a la agencia Télam.
El empresario consideró que en esta presentación "se ve cómo se vincula el terrorismo económico de Estado con el lavado de dinero. Basta ver cómo en un solo reporte de operación sospechosa se habla de casi 500 millones de dólares".
El ex titular del BLA agregó además que "están dadas las condiciones para denunciar e investigar judicialmente si la transferencia del MBA fue una operación de lavado de bienes apropiados durante la dictadura, a lo que se suman los reportes de operaciones sospechosas ya denunciados".
"El Estado ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de este desapoderamiento, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que es coquerellante, a través de una fundamentación brillante que hizo en su momento Eduardo Luis Duhalde y que ahora también hace la UIF", indicó Saiegh.
Luego, remarcó que el BCRA "no puede emplear su autonomía para ponerse por fuera del Estado y su política de derechos humanos y haber permitido la transferencia de la financiera del principal acusado, (Alejandro Reynal), que era dueño del 99,9% del paquete accionario".
Héctor Magnetto convocó a una asamblea extraordinaria este jueves. Los dueños del actual monopolio avanzarán en la conformación de las seis unidades de negocios que les fue aprobada por la AFSCA.
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Tiempo Argentino
Tiempo Argentino
El jueves próximo, el Grupo Clarín tratará en su asamblea extraordinaria de accionistas los pormenores del plan de adecuación con el que piensa dividirse en seis "unidades empresariales" sin relación societaria entre sí para cumplir plenamente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los aspectos centrales de su propuesta ya cuentan, desde el 17 de febrero pasado, con la aprobación de la AFSCA, y tiene un plazo límite de 180 días para completarse. De esta manera, el directorio del holding comenzará un nuevo capítulo en su composición societaria y dará un nuevo paso para enmarcarse en los límites de la norma.
La asamblea, convocada en forma pública por el CEO Héctor Magnetto el 24 de febrero pasado en su carácter de presidente del monopolio, está prevista para las 15 horas en Piedras 1743, la sede central del multimedios, ubicada en el barrio porteño de Constitución.
En el orden del día, no solamente se considerará la Resolución 0193/2014 de la AFSCA, que declaró formalmente "admisible" la propuesta de adecuación del multimedios, sino que se instruirá al directorio societario para que comience a implementar el plan propuesto.
Desde el gobierno enviarán un representante a la asamblea, en vista de que el Estado tiene representación accionaria en el Grupo luego de la nacionalización de las AFJP.
En ese marco, el llamado Grupo de Trabajo de la Adecuación (GTA) también recibirá la instrucción para llevar adelante las "operaciones y reorganizaciones societarias" necesarias para comenzar la adecuación.
La asamblea también tendrá a su cargo la aprobación de la tarea del GTA, así como el otorgamiento de facultades para actuar ante tribunales y organismos de contralor pertinentes. Por último, en el cónclave de accionistas también se designará a los representantes de la sociedad para votar la aprobación del plan de adecuación en las asambleas de las sociedades subsidiarias.
Según consignó El Cronista el martes pasado, Héctor Magnetto, José Aranda, Lucio Pagliaro y Ralph Booth solicitaron licencia en sus cargos en el directorio para privilegiar su rol de accionistas en la asamblea. Magnetto, Aranda y Pagliaro, junto a Ernestina Herrera de Noble, son dueños del 70% del capital del holding.
La presidencia quedó a cargo de Jorge Rendo, la vicepresidencia fue para Alejandro Urricelqui y también se designó como directores a Héctor Aranda, Saturnino Herrero Mitjans, Ignacio Driollet y Sebastián Bardengo.
Más allá de la aprobación de la labor del GTA, la expectativa estará centrada en la posibilidad de que en el cónclave comiencen a surgir los nombres, producto de la reorganización societaria, de los posibles titulares de cada una de las seis nuevas unidades. Y en ese contexto, la incógnita central gira en torno a en qué unidad el holding elegirá mantener su control.
Una vez que el Clarín informe a la AFSCA sobre la composición societaria de cada una de esas unidades, tendrá un plazo de 30 días para presentar la documentación respaldatoria necesaria, en el marco de los 180 días que ya comenzaron a correr.
En tanto, según supo Tiempo Argentino, desde el gobierno enviarán un representante a la asamblea, en vista de que el Estado tiene representación accionaria en el Grupo luego de la nacionalización de las AFJP. La AFSCA prevé una reunión de Directorio para fines de este mes o principios de abril, donde podrían ponerse a consideración los planes de adecuación que restan tratar, entre ellos Telefe, Telecentro y Prisa.
La venta de autos usados creció 10,4 por ciento en febrero respecto a igual mes de 2013, al sumar 136.622 unidades, informó hoy la Cámara de Comercio Automotor (CCA).
"Teniendo en cuenta que febrero siempre ha sido un mes estacional, sumando a los feriados agregados, el crecimiento del 10,49% con respecto a igual mes del año pasado, es un signo positivo para nuestro sector", dijo el presidente de la CCA, Alberto Príncipe.
El informe de la cámara que agrupa a concesionarias precisa que en la comparación de febrero contra enero de este año, cuando se transfirieron 165.191 vehículos usados, el saldo es equivalente a una merma del 17,29%.
En tanto, en los dos primeros meses de este año se transfirieron 301.813 unidades, lo que implicó una suba acumulada del 8,76% comparado con igual período de 2013, cuando de concretaron 277.498 operaciones.
"También, las cifras de enero y febrero nos muestran un nuevo récord comparado con iguales meses de los últimos 10 años" enfatizó Príncipe.
En opinión del dirigente empresarial, "la persona que estaba ahorrando para poder comprar un 0km o quería cambiar su usado por uno nuevo, ante la imposibilidad de llegar a los nuevos valores de un vehículo 0km y absorber los mayores costos de patentamiento, seguro y mantenimiento, optó por la compra de un auto usado".
En ese contexto, Príncipe vaticinó que "en esta situación, en la que caen fuerte las ventas de autos nuevos, se va a generar un ingreso casi nulo de autos usados en parte de pago por un 0 Kilómetro", por lo que se reducirá la oferta de unidades de segunda mano.
Al respecto especuló que "en un mercado desabastecido, lo más probable es que ante una demanda sostenida y sin stock de usados, suban los precios de los autos usados. Este mercado siempre estuvo regulado por esta instancia".
En el caso de los autos 0km, las ventas de la fábricas automotrices a concesionarios resultaron en febrero 19,1 por ciento inferiores a igual mes del año pasado y un 17,2 por ciento superior respecto a las concretadas en enero, según el informe brindado la semana pasada por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
Príncipe igualmente cree que "será escasa la oferta" y en ese caso consideró que "inexorablmente la demanda hará subir los precios".
El informe mensual de la Cámara consignó que las provincias en las que más crecieron porcentualmente las ventas de vehículos usados durante enero y febrero, fueron las de San Luis, 30%; Neuquén, 26,66%; Formosa, 20,56%; Salta, 19,28%; Santa Cruz, 17,49%; Tierra del Fuego, 17,34%, Santa Fe, 14,76% y La Rioja, 14,43 por ciento.
Por el contrario, las provincias en las que no se observaron signos positivos de venta fueron Mendoza, -1,68%; y Santiago del Estero, -1,31%.
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"Teniendo en cuenta que febrero siempre ha sido un mes estacional, sumando a los feriados agregados, el crecimiento del 10,49% con respecto a igual mes del año pasado, es un signo positivo para nuestro sector", dijo el presidente de la CCA, Alberto Príncipe.
El informe de la cámara que agrupa a concesionarias precisa que en la comparación de febrero contra enero de este año, cuando se transfirieron 165.191 vehículos usados, el saldo es equivalente a una merma del 17,29%.
En tanto, en los dos primeros meses de este año se transfirieron 301.813 unidades, lo que implicó una suba acumulada del 8,76% comparado con igual período de 2013, cuando de concretaron 277.498 operaciones.
"También, las cifras de enero y febrero nos muestran un nuevo récord comparado con iguales meses de los últimos 10 años" enfatizó Príncipe.
En opinión del dirigente empresarial, "la persona que estaba ahorrando para poder comprar un 0km o quería cambiar su usado por uno nuevo, ante la imposibilidad de llegar a los nuevos valores de un vehículo 0km y absorber los mayores costos de patentamiento, seguro y mantenimiento, optó por la compra de un auto usado".
En ese contexto, Príncipe vaticinó que "en esta situación, en la que caen fuerte las ventas de autos nuevos, se va a generar un ingreso casi nulo de autos usados en parte de pago por un 0 Kilómetro", por lo que se reducirá la oferta de unidades de segunda mano.
Al respecto especuló que "en un mercado desabastecido, lo más probable es que ante una demanda sostenida y sin stock de usados, suban los precios de los autos usados. Este mercado siempre estuvo regulado por esta instancia".
En el caso de los autos 0km, las ventas de la fábricas automotrices a concesionarios resultaron en febrero 19,1 por ciento inferiores a igual mes del año pasado y un 17,2 por ciento superior respecto a las concretadas en enero, según el informe brindado la semana pasada por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
Príncipe igualmente cree que "será escasa la oferta" y en ese caso consideró que "inexorablmente la demanda hará subir los precios".
El informe mensual de la Cámara consignó que las provincias en las que más crecieron porcentualmente las ventas de vehículos usados durante enero y febrero, fueron las de San Luis, 30%; Neuquén, 26,66%; Formosa, 20,56%; Salta, 19,28%; Santa Cruz, 17,49%; Tierra del Fuego, 17,34%, Santa Fe, 14,76% y La Rioja, 14,43 por ciento.
Por el contrario, las provincias en las que no se observaron signos positivos de venta fueron Mendoza, -1,68%; y Santiago del Estero, -1,31%.
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