En el Portal de la Memoria se realizará hoy la ceremonia central.
La ceremonia central por el Día de la Memoria en la Capital salteña, se cumplirá hoy a partir de las 16.30 en el Parque San Martín, allí se dará lectura a un documento único y luego se desarrollará un festival artístico.
En el Portal de la Memoria, situado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y San Martín, se evocará a los miles y miles de civiles perseguidos y desaparecidos durante la cruenta dictadura militar que rigió los destinos del país entre 1976 y 1983.
El Portal de la Memoria es un sitio emblemático de los salteños debido a que en ese lugar se recuerda a las 11 víctimas de la Masacre de Palomitas, registrada el 6 de julio de 1976. Fue el caso más sangriento de la política de terrorismo de Estado aplicada en la década del 70 y parte del 80 en Salta. El juicio de lesa humanidad permitió la condena a prisión perpetua de los coroneles retirados Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche (Palomitas I), luego fueron condenados a prisión perpetua el represor y máximo responsable militar de la provincia, Luciano Benjamín Menéndez; y el ex jefe de la policía de Salta, Joaquín Guil y a 20 años de prisión el ex oficial subinspector de la Policía Federal, Juan Carlos Alzugaray (Palomitas II); mientras se lleva adelante el proceso judicial contra el ex juez federal Ricardo Lona -a cargo de este funcionario estaban los 11 detenidos y masacrados en Palomitas- así como de tres ex miembros del Servicio Penitenciario Provincial, Napoleón Soberón, Nicolás Oliva y Eduardo Carrizo y el militar Joaquín Cornejo Alemán (Palomitas III).
El acto es organizado conjuntamente por el gobierno de la Nación, el gobierno provincial y la Municipalidad, con el aporte de la Asociación Lucrecia Barquet, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, el Archivo Provincial de la Memoria, la agrupación H.I.J.O.S., el movimiento Unidos y Organizados y MegaCausa. En tanto, adhieren a la conmemoración, el gremio de ADIUNSa, el Movimiento Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular (MOCEP), la Comisión de ex presos políticos y la Agrupación Oscar Smith, del Sindicato Luz y Fuerza- LyF- seccional Salta.
Un día como hoy pero de 1976, se produjo el golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina. Entre los hechos oscuros de la dictadura denominada Proceso de Reorganización Nacional, sobresalen la persecución política, la muerte y desaparición de miles de militantes políticos y civiles. Cabe destacar que durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, inamovible.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que descubrieron que este fenómeno no se produjo en otros países que sufrieron las consecuencias del terrorismo de Estado.
En este sentido, Estela de Carlotto puso los ejemplos de las guerras civiles en El Salvador y en España, donde -según afirmó- “se emplearon metodologías distintas”.
“En nuestro país no encontramos sobrevivientes que hayan salido con su niño en brazos”, resaltó.
Más adelante, en el reportaje publicado hoy en Tiempo Argentino, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo trazó un recorrido de su trayectoria en la organización humanitaria y recordó su primer viaje a Francia en 1981 cuando aún gobernaba la dictadura.
“Estando aquí tengo la sensación de que Francia es también un poco mi patria, porque tenemos muchas cosas en común”, remarcó. Se refirió luego a la muestra “Tierra de luz”, que se desarrolló en forma paralela al Salón del Libro, que rescata la experiencia de las Abuelas en defensa de los derechos humanos.
“La nuestra es una lucha de dos generaciones que trata de contar un poco la historia, poner en clima y dar fechas”, detalló.
De esta manera, recordó desde París el apoyo francés a la lucha de Madres y Abuelas y la búsqueda de los nietos apropiados, destacando la ayuda del ex presidente galo Francois Miterrand y su esposa.
En otro tramo de la entrevista, Carlotto reivindicó el rol de la mujer en la defensa de los derechos humanos y, en este sentido, dijo que “sin perder la ternura ni la feminidad, las mujeres somos implacables, no nos rendimos así nomás; somos más fuertes”.
“Nuestros hombres murieron, se consumieron en el dolor de la pérdida del hijo o la hija; en su mayoría somos viudas”, comentó.
Para la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, “el carácter de la mujer es más fuerte que el del hombre”.
“Tener en Argentina una presidenta como Cristina, que fue militante y que asumió el poder político para cumplir con los sueños de nuestros hijos desaparecidos demuestra lo que es el poder femenino”, completó.
El diputado nacional Andrés Larroque, afirmó que “nosotros somos el movimiento nacional y popular que Néstor refundó el 25 de mayo de 2003 porque lo habían condenado a la ciénaga del neoliberalismo”.
En una entrevista publicada hoy por Tiempo Argentino, el “Cuervo” Larroque dijo que “todo el mundo sabe que por donde va o donde recorre, se encuentra un compañero de La Cámpora, no solamente en los despachos de la administración pública sino desde Ushuaia a La Quiaca y desde Mendoza a Buenos Aires”.
Además, indicó que frente a la demonización que sufre su agrupación en los medios, “tenemos que profundizar nuestro trabajo para que cuando un vecino vea llegar a un militante de La Cámpora, vea una solución”.
“Queremos escuchar y que nos escuchen, salir de esa cerrazón, de algunos que piensan distinto y que estigmatizan a La Cámpora. Creo que tienen que empezar a ver que los de La Cámpora no somos tan malos y nosotros que ellos tampoco lo son”, reflexionó el secretario general de la organización juvenil.
“Creo que vivimos un momento en Argentina en el que el enemigo no está en la política sino que el problema está en otro lugar y siempre se ha querido demonizar a la política”, añadió.
Respecto de la perspectiva de La Cámpora frente a las elecciones presidenciales de 2015, Larroque aclaró que “nuestro tiempo es otro” y aseveró que “tenemos que ser inteligentes en no obsesionarnos con el corto plazo. La política se murió cuando la mercantilizaron y cuando la rifaron en los 30 segundos de fama”.
“Nuestro candidato va a ser el mercado interno, la Asignación Universal por Hijo, la producción nacional, las netbooks, el 6,5% de PBI para educación, las paritarias, los convenios colectivos de trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Unasur y la integración regional. Vos tenés una infinidad de políticas para decir en 2015 `yo voy a las urnas a defender esto`”, señaló Larroque.
“Nosotros somos el movimiento nacional y popular que Néstor refundó el 25 de mayo de 2003 porque lo habían condenado a la ciénaga del neoliberalismo. Néstor vino a refundar el peronismo que es la continuidad del yrigoyenismo, y a su vez éste la continuidad del federalismo. Ese federalismo es la lógica herencia de los patriotas fundadores de este pueblo, y ellos, continuidad de Tupac Amaru”, repasó el diputado.
Larroque precisó que “de ahí venimos, de nuestros pueblos originarios. Lógicamente nos sentimos continuidad de todo eso y esa es la impronta que vamos a tener como proyecto político donde nos toque estar”.
“Creemos que lo mejor que le ha pasado al país es haber recuperado la política y, dentro de eso, lo mejor que ha pasado es que se ha recuperado la militancia”, analizó.
UN MODELO AGOTADO EN EL MUNDO SE PROPONE AQUI COMO FUTURO Mientras en el mundo se resquebraja el consenso represivo que sostuvo la denominada guerra contra las drogas, la cuestión es utilizada aquí con una escandalosa ligereza electoral por una liga de intendentes cuyos territorios son refugio de los principales jefes de las organizaciones criminales dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes de consumo prohibido por las autoridades sanitarias, como el corredor Vicente López-San Isidro-San Fernando-Tigre-Pilar.
Por Horacio Verbitsky
La denominada guerra contra las drogas vigente en el mundo desde 1961 se basaba en el supuesto de que una reducción de la oferta elevaría los precios en el mercado y desalentaría la demanda. Esos objetivos no se han cumplido y el número de usuarios no cesó de crecer, pese a la legislación punitiva impuesta por intereses ajenos a los nacionales, que ha llenado las cárceles de pequeños expendedores y consumidores, extendido una inmensa red de corrupción que afecta la funcionalidad de los Estados, desnaturalizado los sistemas judiciales y el rol de la policía y desequilibrado la proporcionalidad de las penas. Este desolador balance fue presentado por el director del Consejo Ecuatoriano de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Rodrigo Vélez, en la Sesión de Alto Nivel de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se reunió la semana pasada en Viena, con asistencia de 120 naciones, entre ellas la Argentina.
También destacó que la materia prima se cultiva en el Sur, pero las armas que llenan de muertos este negocio vienen del Norte. Por eso, su país reclama “reconocer la realidad de las condiciones estructurales de violencia, miseria y pobreza”, que dejan pocas alternativas a las poblaciones más vulnerables y al Estado para garantizar la paz. Así como la Constitución ecuatoriana descriminalizó “los usos y consumos, asumiéndolos como ámbito de salud pública”, una nueva Convención Unica Actualizada debería transformar lenguajes e imaginarios; desmilitarizar la política vigente y centrar el debate “en el ser humano y sus dimensiones y no en las sustancias”. Ecuador plantea enfoques alternativos para que las comunidades se incorporen a proyectos productivos que reduzcan su vulnerabilidad a involucrarse en actividades ilícitas relacionadas con las drogas. También cuestionó a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) por arrogarse atribuciones de los Estados, reclamó respuestas al impacto de las cocaínas fumables (que en la Argentina se conocen como Paco), “expresión brutal del mercado negro, que ha generado nuevos consumidores pobres con los sobrantes de la cocaína exportable”, y reafirmó la presencia del Estado como garante de los Derechos Humanos, la Salud y el Buen Vivir.
Hasta México y Colombia
Otros delegados de Europa y Latinoamérica reclamaron ampliar el debate y formularon críticas cada vez más ácidas al marco convencional vigente porque no hace nada para moderar una interminable espiral de violencia, como dijo el delegado uruguayo Diego Cánepa, quien defendió la regulación de la producción y el comercio de marihuana dispuesta por su gobierno. Estas formulaciones contaron con el apoyo del sorprendente gobierno guatemalteco del general Otto Pérez Molina, un ex jefe de Inteligencia del Ejército formado en contrainsurgencia por Estados Unidos y autor de terribles masacres. Luego de su elección presidencial viró hacia posiciones que abominan de cualquier solución militar y llegó a reclamar la legalización de la droga, con tanto énfasis que hasta fue sospechado de agent provocateur. Se sumaron al reclamo de un enfoque heterodoxo hasta Colombia y México, que fueron bastiones de la política estadounidense. El ministro de Justicia colombiano, Alfonso Gómez, llamó “utópica” la total eliminación de las cosechas de productos naturales, mientras crece la demanda de drogas sintéticas. La Subprocuradora mexicana Mariana Benítez Tiburcio dijo que su país priorizará el tratamiento sobre la criminalización, apartándose de la línea que los anteriores gobiernos siguieron al altísimo costo de un incremento vertical de la violencia, con decenas de miles de muertos y sin que disminuyera la magnitud del negocio ilegal. (En una reciente visita a México el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni constató que en cinco años los muertos llegaron a 75000, cifra que por sobredosis de cocaína se alcanzarían en dos siglos y medio.)
Al ladrón
Mientras en el mundo se impugna el fracasado paradigma represivo de los narcóticos con que Estados Unidos racionalizó su ejercicio del poder mundial y apuntaló el control social durante el último medio siglo, así como en el pasado lo hizo con la subversión y el terrorismo, el pretexto del narcotráfico es invocado en la Argentina para clausurar un debate democrático sobre la reforma del Código Penal, del que participaron las principales fuerzas políticas. Los mismos que engolan la voz para reclamar consensos y políticas de Estado, cuando se concretan los torpedean con arrebatos proto-fascistas. Su violencia verbal preanuncia la violencia física. El anteproyecto fue elaborado por una comisión integrada por juristas del oficialismo y de la oposición (radicales, socialistas y macristas). La impugnación por parte del Frente Renovador se basó en consignas estridentes y efectistas: que con este Código Penal pensado para los delincuentes y no para la gente miles de presos quedarían en libertad, que se rebajarían las penas para todos los delitos, que se eliminaría la reincidencia. Todo eso es falso, pero sirvió para colocar a la defensiva a quienes disputan con el Frente Renovador el liderazgo de la oposición. La recolección de firmas se hace con panfletos que repiten esos infundios, con consignas del tipo “¿Sabés que con el nuevo Código no habría castigo para el que viole a tu sobrina de 14 años?” Además la jefa parlamentaria de los renovadores, Graciela Camaño de Barrionuevo, presentó un proyecto que aumenta las penas para el narcotráfico. La reacción a este simplismo brutal no provino de las conducciones políticas sino del Acuerdo para una Seguridad Democrática, una organización multisectorial y pluripartidaria que el jueves presentó en el Senado un documento con más de 600 firmas de especialistas, investigadores, académicos, universitarios, funcionarios judiciales, organismos defensores de los derechos humanos, sindicalistas y también dirigentes políticos, si bien no los jefes ni los posibles candidatos. Tampoco hay una gota de verdad en la respuesta del Frente Renovador que atribuyó al Acuerdo por una Seguridad Democrática “una demagogia garantista que esconde un espíritu abolicionista”. El anteproyecto no es de abolición sino de reordenamiento y proporcionalidad de penas, aumenta más de las que reduce y tipifica más nuevos delitos de los que elimina. Entre sus grandes novedades figura la responsabilidad de las personas jurídicas. Esto permitiría condenar a las empresas a multas, prestaciones obligatorias, clausuras, suspensión en el uso de patentes y marcas, pérdida de beneficios estatales, exclusión en concursos y licitaciones en casos de delitos contra el patrimonio, el orden económico y financiero, la hacienda pública y la seguridad social; trata de personas, contrataciones ilegales, envenenamiento, adulteración, comercialización irregular de medicamentos, violación de normas sanitarias, contaminación, cohecho, tráfico de influencias e incremento patrimonial injustificado. La protección a las empresas puede ser una de las motivaciones ocultas del Frente Renovador. Es imposible no reparar en que los líderes que propusieron frenar la reforma con una consulta popular (prohibida en forma explícita por la Constitución para asuntos penales) son intendentes o representantes de los distritos del Gran Buenos Aires en los que se elabora, fracciona, distribuye y consume la droga. Los apasionados por el mapa del delito y la inseguridad pueden hacer la prueba: busquen en los diarios o en los archivos judiciales los descubrimientos de laboratorios o cocinas, las detenciones de jefes narcos y las ejecuciones extrajudiciales de competidores y verá que ocurren con pasmosa regularidad en territorio de los Renovadores, el corredor floreciente que cruza Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, y Pilar. Allí se localiza el mercado consumidor de alto poder adquisitivo y las residencias suntuosas de sus proveedores; en San Martín abunda la mano de obra barata para la producción y la distribución, por no hablar del sicariato. El fiscal general de San Isidro, Julio Novo, quien acompañó el lanzamiento de la candidatura de Sergio Massa el año pasado, fue acusado por varios fiscales subordinados de obstaculizar las investigaciones sobre esos casos. A raíz de ello su fiscalía fue allanada por el Fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. El clamor contra el Código Penal recuerda al hombre que corre con un reloj robado gritando Al ladrón, al ladrón.
Sin fronteras
Este uso y abuso de las drogas con fines políticos no reconoce fronteras partidarias. La semana pasada carteles sin firma pegados frente a siete cámaras de seguridad ubicadas en diferentes sectores de Florencio Varela acusaron a José Luis Calegari, del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, de instigar tomas de tierra. La inclusión de fotos de Calegari en los carteles agrega una dimensión ominosa al ataque. El intendente Julio Pereyra (del Frente para la Victoria) presentó una denuncia penal a la que adhirió el Frente Renovador, que vincula a Calegari con el narcotráfico. Calegari es un abogado que militó en la UCR e integró la pastoral social del Obispado de Quilmes. El Centro Angelelli tiene altísima inserción territorial y legitimidad entre los más variados actores desde hace veinte años. Su “Espacio de Tierras Para Todos y Todas”, funciona como una asamblea abierta integrada por 250 delegados de veinte asentamientos (con preponderante participación de mujeres y colectividades migrantes), en la que se discuten las acciones y estrategias frente al Estado y las empresas de servicios. También mantiene una escuela secundaria para adultos, talleres de oficios para jóvenes y una radio comunitaria, y realiza trabajo con colectividades migrantes. La violencia ligada a mercados ilegales de tierras y de drogas, en conexión y connivencia con agencias del Estado, es uno de los fenómenos recientes más novedosos y complejos. Desde el año 2000, el Centro Angelelli ha compartido con el CELS acciones y estrategias referidas a derechos sociales, violencia policial, redes de ilegalidad y criminalización de referentes sociales. El Informe Anual 2013 del CELS desarrolla en sus páginas 157 a 168 el rol de la policía como un engranaje fundamental de la violencia en Florencio Varela, con una sección sobre tierras y otra sobre narcotráfico (http://www.cels.org.ar/common/documentos/CELS.%20Informe%202013%20[completo].pdf). Allí se explica que la lucha por el acceso a la tierra es un aspecto central de la historia de Florencio Varela en los últimos treinta años. Muchos de los barrios del municipio surgieron a partir de tomas de tierra y la posterior regularización de los asentamientos. Entre 26 mil (según el municipio) y 40 mil familias de Varela, de acuerdo con especialistas y actores locales, demandan un lugar para vivir. En octubre pasado luego de un asalto al Centro Angelelli, donde dos mujeres fueron tomadas como rehenes y que terminó con un tiroteo con la policía, el gobierno municipal denunció por supuestos daños en la vía pública a quienes se manifestaron en repudio por el ataque. El Centro Angelelli había denunciado que en los barrios donde trabajan sus militantes observaron a “bandas delictivas que fomentan la violencia repartiendo armas y drogas a los jóvenes, en el seno de las tomas de tierras”. El video que puede verse en este link muestra una reunión de 2011 en la que Calegari y varios jóvenes denuncian la penetración del narco en el gobierno de Pereyra y con protección policial ante el entonces secretario de gobierno Andrés Watson, que hoy es concejal del Frente para la Victoria (https://www.youtube.com/watch?v=gZyTFckSHlc#t=49). El acceso a la tierra es el más grave problema social que tiene el país y se ha tornado crítico en el Gran Buenos Aires, donde las poblaciones corridas por el avance rural de la soja se topan con los barrios cerrados en la zona urbana y sólo pueden asentarse en terrenos bajos e inundables. En un distrito con 25 mil familias en lista de espera del Plan Federal de Vivienda, las ocupaciones de tierras constituyen el único modo en el que los sectores más pobres pueden acceder al suelo. En este contexto, el trabajo de las organizaciones sociales como el Centro Angelelli es central para acompañar el reclamo de miles de familias, facilitar la regularización de las ocupaciones y gestionar la aplicación de políticas públicas. En vez de perseguir y criminalizar a referentes y organizaciones asediados por redes de ilegalidad y bandas criminales que buscan ejercer el control violento del territorio, el municipio debe garantizar el cumplimiento de la ley 14.449 de acceso al hábitat, que prevé instrumentos para la regularización de los asentamientos informales, la generación de viviendas sociales, mecanismos para un desarrollo sustentable de suelo urbano y limita la especulación inmobiliaria. En el sur como en el norte del conurbano es más fácil gritar al ladrón, al ladrón.
Miguel Isa rompió una regla no escrita pero poderosa. Esa que en el PJ dispone castigar a quienes, explicitando la ambición de reemplazar al que lidera la fuerza, protagoniza movimientos acordes con esa ambición. Por eso su candidatura a gobernador representa una especie de herejía dentro del justicialismo. (Daniel Avalos)
Una herejía que cobra sentido en el marco de las características propias de esa fuerza política que, sin apegos a las direcciones políticas colectivas propias de los enunciados de izquierda, reivindica sin complejos el liderazgo de un conductor cuyo supuesto arte consiste en armonizar y dirigir a las distintas partes del todo. Esa lógica explica la conducta de subordinados y líderes justicialistas. Los primeros, por ejemplo, suelen entender por ortodoxia la lealtad exenta de toda crítica pública al que conduce, mientras públicamente defiende los intereses del jefe donde quiere que estos intereses estén. Como contrapartida, los jefes suelen abrigar un celo obsesivo con sus propios lugartenientes. Un celo que muchas veces los empuja a rodearse de gente de extrema confianza y sin más ambición que serle leal, y cuya misión será abortar el surgimiento de potenciales rivales, sobre todo cuando estos son dueños de fuertes ambiciones políticas y controlan territorios y recursos que pueden convertir al subordinado de hoy, en un rival de mañana.
Urtubey, por supuesto, ha practicado escrupulosamente esa conducta. Isa también, aunque ahora ha decidido desoír el mandato implícito. Tratar de explicar esto último, es el objeto de estas líneas. Por la importancia del acto mismo en la política local, pero también porque la rebelión se ha dado a solo cuatro meses de una derrota electoral que muchos sentenciaron como devastadora para cualquier aspiración isista de controlar más de lo que hoy controla. La sentencia era equivocada. Y es que la derrota fue una bofetada sonora, cuyos ecos retumbaron durante meses, pero nunca fue devastadora para el isismo al interior de un justicialismo que, entre agosto y noviembre de 2013, vivió un proceso extraño. Uno al que alguna vez denominamos un “empate múltiple permanente”. Un proceso en donde el vencedor ocasional de la interna justicialista o las generales, no contaba con la fuerza suficiente para doblegar la voluntad del que no perdía del todo y que, por ello mismo, podía seguir contando con un poder de veto a las iniciativas del que supuestamente había ganado. El triunfo del PO en la capital durante las generales del noviembre no modificó ese escenario. Y es que, aun cuando ese triunfo mostró que el justicialismo había perdido centralidad electoral, la pérdida de esa centralidad no modificaba la relación de fuerzas al interior del justicialismo, que seguía mostrando el empate permanente en donde ninguno de los sectores fuertes de ese PJ (urtubeicismo, isismo y godoicismo) tenía fuerza para imponer su propia voluntad al otro.
Allí radica una de las condiciones que posibilitaron el desafío del Intendente al Grand Bourg. Un desafío que está lejos de representar una aventura romántica, propia de aquellos que creen que, para superar una situación límite, alcanza con el arrojo heroico. Para entender el arrojo, entonces, hay que invertir el método: identificar las condiciones que permitían que al interior del justicialismo, ese arrojo fuera posible. Y es que, para que un acto de audacia sea posible, se requieren al menos dos condiciones: que el protagonista de la audacia llegue a la conclusión de que ese acto es necesario; y que la debilidad del adversario permita ejercitar el movimiento con posibilidades de éxito. Lo primero es una variable de tipo subjetivo. En el caso de Isa podemos resumirla así: es de esos políticos que, aspirando a ser parte central de la política provincial, sabe que siempre se llega a un punto en donde se puede empezar a morir cuando se ha dejado de crecer. La derrota electoral del isismo fue la prueba concluyente de que un ciclo estaba acabado, pero que no necesariamente probaba la imposibilidad de redoblar la apuesta para evitar convertirse en el Walter Wayar de Urtubey: el personaje que termina sus días políticos en una banca legislativa, situación que para aquellos que ocuparon cargos relevantes y ambicionaban aún más, representa el alejamiento permanente del Poder.
La otra condición que requiere el acto de arrojo, lo dijimos, es la debilidad relativa del adversario. El adversario a las pretensiones isistas al interior del justicialismo es el que encabeza ese justicialismo porque gobierna la provincia: Urtubey. Un Urtubey que empezó a dar muestra de esa debilidad con su frustrado lanzamiento presidencial. Uno que terminó por horadar parte de su prestigio entre las primeras, segundas y hasta terceras líneas de los cientos de cuadros políticos y técnicos oficialistas que ven que la importancia de una figura central en la política local, no es capaz de trasladar esa condición a un escenario mayor en donde, por ahora al menos, no es lo que él dice ser: un cuadro de primera línea, alguien crucial para la construcción de un espacio de Poder. Lo dicho no resta importancia al otro punto: una especie de desconfianza y hartazgo al goloso criterio personal del Gobernador, que lo inclina a dejar un vacío en la provincia que, en política, siempre es ocupado por alguien. Goloso criterio personal, además, que lo muestra dispuesto a sacrificar una provincia para ganar una nación, algo que puede ser bien valorado entre estrategas, pero que suele caer muy mal a los soldados que pelean en el territorio que el estratega está dispuesto a ceder. Todo en medio de otras variables que, lejos de ser subjetivas, son bien objetivas: un nivel de conflictividad creciente y en donde la situación de los intendentes que preocupados por no perder sus nichos de poder territorial, demandan al Grand Bourg lo que el Grand Bourg dice no tener: recursos para afrontar los gastos de funcionamiento en esos municipios.
Acá sí que el problema es serio. Desde el año 2009, fueron los intendentes quienes garantizaron resultados electorales que la capital provincial siempre mezquinó al Gobernador. El acuerdo estratégico entre Urtubey y esos intendentes ahora deja ver grietas, porque la lógica con la que se montó -recursos pertrechados por el Grand Bourg e impunidad en su manejo a cambio de que los caciques del interior transfieran su poder territorial-electoral al Gobernador- empieza a agotarse porque se asentó en la billetera y no en un modelo de gestión superador. Precisemos: lo dicho no supone que ese acuerdo vaya a romperse. Supone que las grietas abren posibilidades de que el hasta ahora monolítico poder de los intendentes -que ha sido el corazón del poder “U”- pueda resquebrajarse en favor de terceros. El famoso aparato, entonces, se convertirá pronto en territorio de disputa. Nos referimos a ese entramado enmarañado en donde el propio Estado suele confundirse con conducciones sindicales, sellos partidarios, asociaciones de profesionales, federaciones patronales, centros vecinales, cámaras legislativas, foros de intendentes y algunos etcéteras en donde los comandos isistas ya deben andar rondando evaluando la posibilidad de ocuparlos o al menos de sumar aliados.
La conclusión a la que se puede arribar después de lo dicho puede ser desoladora, pero no por ello irreal: la importancia de ese aparato sigue siendo alta. Es lo que ocurre cuando las fuerzas que pretenden ser una alternativa a lo existente, carecen de posibilidades reales de conformar otro tipo de Poder. Los conflictos que protagonizan distintos sectores de la sociedad vienen a confirmarlo, por parecer condenados a evaporarse sin modificar el rumbo que el gobierno ha impuesto a las cosas. Hasta ahora, esos conflictos se encuadran bien en eso que el teórico comunista Antonio Gramsci denominaba “ocasional”, en el sentido de que, aun cuando existan y vayan a seguir existiendo, no contienen en su interior la fortaleza capaz de generar una voluntad colectiva que subordine los reclamos estrictamente sectoriales a un tipo superador de organización. De allí que esos mismos conflictos no sean capaces de modificar la estructura en la que se mueven, en donde la relación de fuerzas es abrumadoramente superior para el establishment. El triunfo electoral hasta ahora inocuo del PO lo demuestra: 19% de los votos en toda la provincia en octubre pasado en la categoría diputado nacional; 28% en Capital; un 30% en la categoría concejal en la capital provincial en las generales provinciales de noviembre; pero nula incidencia en la política local y en las estructuras sindicales, en donde el trotskismo sigue siendo expresión minoritaria como ocurría antes del triunfo que protagonizó en el 2013.
Ese ha sido el marco de la herejía isista. Para evaluar cuáles serán los resultados concretos de la misma habrá aún que esperar. Lo indudable, sin embargo, es que el anuncio del Intendente ya fue exitoso al interior del propio isismo: la tropa confusa hasta hace un par de meses por el peso de la derrota, ahora parece recordar a la misma como un contratiempo de tiempos lejanos; la misma tropa se parece ahora a una que ha concentrado fuerzas; tropa que se muestra pertrechada de iniciativas que busca bajar a la sociedad; y tropa que aprovecha el anuncio para dar inicio a una política de alianza que permitirá calibrar fuerza de cara al encuentro frontal que deberá protagonizar si quiere llegar a la gobernación. No es poco para un sector al que no hace mucho se consideró destinado a extinguirse. Ni siquiera sería poco si, tal como dice Leavy, el objetivo del movimiento ejecutado fuera el de acceder a una vicegobernación. Ante ello, el diagnóstico de la política provincial que se puede aventurar es muy parecido al que una vez ciertos intelectuales rusos anunciaban para la ex URSS: la energía del pueblo salteño no se descargará en iniciativas salidas desde abajo, sino en el cumplimiento de la voluntad de las cúpulas gobernantes.
Esta noche se reunirán los gobernadores justicialistas en Buenos Aires para ir cumpliendo los pasos que permitirán elegir al presidente del PJ. Al declararse presidenciable aunque no pueda soñar con cumplir ese sueño, Urtubey deberá prescindir de querer presidir el PJ. NO liga una.
Según informan los medios nacionales, la reunión se llevara adelante en la histórica sede del Partido Justicialista en la calle Matheu de la ciudad de Buenos Aires. El encuentro es el prólogo necesario para las próximas reuniones del Consejo Nacional y del Congreso Nacional Justicialista, donde se definirá la renovación de autoridades partidarias y la regularización institucional del PJ, cuya situación es precaria desde la muerte de Néstor Kirchner. De la juntada serán parte todos los gobernadores del justicialismo, incluyendo a los anti K como el cordobés José Manuel de la Sota, el santacruceño Daniel Peralta y el puntano Claudio Poggie. Página 12 anunció que la única ausencia con aviso es la del entrerriano Sergio Urribarri, en gira de negocios por China y Japón. Jorge Capitanich, jefe de Gabinete y gobernador del Chaco en uso de licencia, asistirá en representación de su provincia.
Por orden de la Casa Rosada, el próximo titular del Partido Justicialista saldrá de una lista de unidad acordada en la reunión de hoy, en la del Consejo Nacional y del Congreso Nacional Justicialista. El objetivo es evitar una elección interna que anticipe los términos del debate por la sucesión de CFK, previsto para las PASO de 2015. La invitación a los gobernadores opositores está en sintonía con la intención del gobierno nacional de llamarlos a disputar “por adentro” sus aspiraciones y contenerlos ante posibles alianzas con otras fuerzas.
Urtubey no podrá aspirar a un cargo presidencial ni siquiera en el PJ porque también se decidió descartar aquellos dirigentes con aspiraciones presidenciales. En ese marco, los nombres que se barajan para ocupar ese lugar son los de los gobernadores Eduardo Fellner y José Luis Gioja, aunque la salud del sanjuanino, aún en recuperación tras un grave accidente, inclinaría la balanza por el jujeño, que ya ostentó ese cargo entre 2004 y 2007. Con el reparto de otros lugares (secretarías, vocalías, vicepresidencias) se buscará mantener un equilibrio entre todas las corrientes internas.
La banda de los gastadores compulsivos ataca de nuevo. Mientras escuelas se desploman, el gobierno no para de despilfarrar: un baño de un cuarto de millón de pesos y una computadora de 100 mil son los casos más escandalosos. Las comisiones oficiales tampoco tienen respiro: la vuelta al mundo en dos mandatos. (DOM)
Parecería que falta plata. Porque en Colonia Santa Rosa juntaron a un montón de alumnos en un galpón e improvisaron aulas con tablones, lo que permitió comparar las aulas-establos de Urtubey con las aulas-containers de Macri. Las obras de refacción de esa escuela habían sido anunciadas, en el boletín oficial, para comenzar el 25 de marzo de 2013 y en marzo de 2014 se estaban por empezar a hacer. Tampoco llegó el dinero para refaccionar un establecimiento de Pichanal, donde esta semana tuvieron que suspender las clases después de que un alumno recibiera una descarga eléctrica al tocar la pared del baño.
En Capital la situación no es mejor. Se suspendieron momentáneamente las clases en la escuela Miguel Ortiz de Salta Capital: desde el primer día de clases que todos los chicos advertían sobre el precario estado del edificio. No les prestaron atención, hasta el miércoles, cuando parte del cielo-raso se desplomó en la entrada de la institución.Tanta precariedad, que pone en riesgo la vida de los chicos, podría ser consecuencia de la falta de recursos. Pero no. Es mentira que no hay plata.
Manteca al techo
El gobierno sí destinó plata a arreglar un baño. Pero no el de la escuela, sino el del área de Ceremonial y Protocolo de las oficinas de Grand Bourg. La obra fue aprobada por decreto, publicado en el boletín oficial el 11 de marzo, una semana antes de que la criatura de 4 años tocara esa pared electrificada en Pichanal. Además de la evidente falta de prioridad de los funcionarios, lo que llamó la atención fue el monto de la obra: $ 246.345.
Poner lindo y cómodo el Grand Bourg parece que es realmente urgente porque se conoció la Resolución Nº 108/14 del 10 de marzo, a través de la cual se aprueba otra refacción en el Centro Cívico, con un presupuesto oficial de $ 53.179.
Los gastos excesivos se multiplicaron de manera sospechosa en estas últimas semanas. Por ejemplo, el Ministerio Público de Salta aprobó la adquisición de equipamiento informático para monitoreo del centro de cómputos del Ministerio Público. En realidad lo que se aprobó en estos días fue un “reajuste de precio que benefició a la empresa WaiFai S.R.L. por suma de $ 145.856”. También en la semana el mismo Ministerio autorizó otro “reajuste de precios” en la Adquisición de una balanza analítica, pesas de calibrado y campana de extracción de gases para el laboratorio de análisis de estupefacientes del Servicio de Toxicología Forense del CIF”. Ahí se fueron otros $ 157.764.
Sin embargo el gasto que más llamó la atención, esta semana, fue la adquisición de una computadora para el Ministerio de Salud (para el IPS, seamos más precisos). ¿Cuánto puede salir una “computadora para oficina”? ¿8 mil? ¿10 mil? ¿15 mil? ¿25 mil? Pues no: de alguna manera el Ministerio de Salud declaró haber pagado $99 mil por una computadora.
Sólo el caso de los inhibidores de celulares fue más descarado con el sobreprecio. ¿Se acuerdan? Fue en Agosto del año pasado. Primero se creó la ficción de la urgencia: se dijo que los presos podían estar usando celulares desde las cárceles para armar “secuestros virtuales”. Y en vez de requisar las celdas realizaron una contratación directa (porque no había tiempo de llamar a licitación) y le terminaron pagando a la empresa Máxima Comunicaciones S.R.L. $ 138.050 por blindar telefónicamente al presidio de Villa Las Rosas. Cuarto Poder contactó otras empresas y obtuvo, por el mismo aparato (y su colocación) presupuestos que rondaban entre $6 mil y $10 mil, garantía por un año incluida.
Cárcel
La compra del inhibidor de celulares es sólo la punta de iceberg: el Ministerio de Seguridad, a través del Servicio Penitenciario, se ha convertido en una máquina aceitada de armar contrataciones directas. En el 90% de los casos se podría haber llamado a licitación, y así se habrían obtenido mejores precios.
Los ejemplos abundan. Se aprobó la compra de Carne Vacuna en 1/2 Res con destino a las Unidades Carcelarias de Capital e Interior y a la escuela de Cadetes. La compra es para el periodo correspondiente a la 3º semana del mes de Abril/14. El monto de la compra: $ 49.725. En víveres secos aprobó una compra por $ 43.176 y también se aprobó la adquisición de “Leche entera en polvo” por $ 23.800. Y como no puede faltar el pan, se adquirieron 2.681 bolsas de 50 Kg a $ 931.647. Precisemos, acá el problema no parece ser que los presos coman mucho, sino que hay funcionarios que parecen embolsar bastante.
Esta semana también se conoció la adquisición de un solo medicamento a $ 23.112. Si es urgente la compra directa se justifica, pero ¿$23.112?
Como si esto fuera poco, compraron “tractores y un camión”, con destino al Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta. No se detalla la cantidad de tractores, sí el monto gastado: $ 842.375.
Los detalles de las adquisiciones en el servicio penitenciario casi no se publican desde mediados de 2013, cuandoCuarto Poder cuestionó otro antojo del Servicio Penitenciario: la compra directa de 100 pollitas ponedoras y algo de alimento balanceado para canes. Por todo se pagó $ 22.796. En ese entonces tuvimos contacto con distintos vendedores especializados en gallinas ponedoras y los precios oscilaron entre los $60, $80 y los $ 100 por cada una. Pero el gobierno pagó $ 227 por cada una para la granja del penal.
Dinero azul
El servicio penitenciario no es el único canal de ga(s)to. Las compras para los policías cuestan millones a los salteños y muchos de esos gastos son incomprensibles: El 10 de marzo se autorizó el pago de $ 763.184 en una “torre energizada para video vigilancia” (que vaya a saber qué hace) y de 200 armas nuevas (precio a establecer).
Antes, a fines de febrero, El Ministro de Seguridad el Ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo D´Andrea Patrón Costas sostuvo que quiere armar a la policía hasta los dientes. Entonces anunció la compra de 200 “equipos antidisturbios”. Cada equipo cuesta 15 mil pesos. Es decir, que tener a la policía lista para reprimir nos cuesta 3 millones de pesos en cascos, tobilleras y chalecos antibalas. Algunas de estas inversiones estarían justificadas si, al menos, se tradujeran en resultados. Pero los 54 millones de dólares en cámaras de seguridad no han servido de nada. Los índices no bajan y en pleno microcentro rompen vidrieras o sacan un televisor de una confitería y resulta que esas cámaras no andan.
Bon voyage
El 20 de Febrero pasado, como homenaje bizarro a los héroes de la batalla de Salta, los funcionarios de la provincia se subieron los viáticos por decreto Nº 418. Con esa nueva escala, podrían gastar hasta 302 euros diarios por persona que visita un país europeo.La noticia pasó desapercibida para la mayoría de los medios, pero sin lugar a dudas abrirá grietas importantes en el presupuesto provincial teniendo en cuenta la manía del gobierno provincial de premiar con viajecitos a todos los acólitos.
Algo interesante es que por la devaluación, si en 2012 los funcionarios podían gastar hasta como monte tope $ 1.700 diarios, ahora el gasto trepó a $3.316. La cifra se vuelve realmente dolorosa cuando se contempla la asiduidad con la que parten las comisiones oficiales. Citamos un informe de Aries: “En tres años, hubo más de 270 viajes y los funcionarios ya dieron más de 25 vueltas al planeta, porque recorrieron más de 1 millón de kilómetros. Más de 250 comisiones oficiales costaron por lo menos 1.250.000 dólares”.
Este año, pese a la crisis, el ritmo de viajes se mantiene. El que inauguró la temporada de viajes 2014 fue Marcelo López Arias. Viajó por tres días a Chile (10, 11 y 12 de enero). A través del decreto 35/14 se lo autorizó a viajar a Santiago de Chile ante la invitación realizada por un Senador electo de Antofagasta, para celebrar reuniones de trabajo con el equipo regional que lo acompaña. Lo curioso del caso es que, al parecer, las reuniones fueron justo el fin de semana. Y es que el decreto lo autoriza a partir el viernes 10 de enero, permanecer en el vecino país el sábado 11, el domingo 12 y volver a Salta el lunes 10. Por supuesto, el gobierno autorizó que López Arias cobre los “viáticos de acuerdo a la legislación vigente, más gastos de pasajes vía aérea”.
Rumbo a Colombia (Bogotá) partió Nadia Verónica Loza para participar de la feria “Vitrina Turística Anato”. En el decreto se hace hincapié en que es necesario que viaje Loza porque es Coordinadora Ejecutiva del Inprotur Salta, dependiente de la Secretaría de Turismo”. República Dominicana fue otro de los destinos elegidos por los funcionarios salteños. Allí fue Ana Cornejo Remy, una 4 de copas del Ministerio de Turismo. Fue para participar del “seminario Internacional sobre gestión de los destinos turísticos del patrimonio cultural”.
Por su parte, Eduardo Sylvester, Ministro de Gobierno, aprovechó y se hizo una escapadita a Ecuador para fiscalizar los comicios. El gobierno del otro país pagó el hotel.
A Santa Cruz (Bolivia), con la excusa de participar de la Feria “FIT Bolivia 2014” fue… el administrador del Hotel Termas (?). A los países tercermundistas van los cuatro de copas. El que armó sus valijas rumbo a Berlín fue el mismo ministro de cultura y turismo, Mariano Ovejero. Participó de la feria ITB (Internationale Tourismus-Börse) en Berlín, del 5 al 9 de Marzo. La última comisión oficial tuvo como destino San Pablo, Brasil. Viajó, para participar de L EVENTO SALAO DO ESTUDANTE 2014, Lucas David Gutiérrez, agente dependiente de la Secretaría de Turismo, representando a la Provincia “como Responsable del Producto Turismo Idiomático” (sic)
El lema turístico del gobierno puede ser “Salí de vacaciones, quedate en Salta”; pero en general los funcionarios se muestran demasiados inquietos: salen de vacaciones, no se quedan en Salta, pero sí viajan con plata de los salteños.
El subsecretario general de Presidencia se inició en política como militante de la Juventud Radical Revolucionaria y dice estar en el mismo lugar. Hoy piensa en la jefatura de gobierno a través del espacio Convocatoria Popular.
Gustavo López militó desde su juventud en la Juventud Radical Revolucionaria. “40 años después estoy en el mismo lugar y los miles que integraban la UCR se fueron a su casa porque ahora es un partido neoliberal conservador”, reconoce el subsecretario general de la Presidencia quien reconoce haberse sentido interpelado por Néstor Kirchner.
Hoy en día se proyecta como candidato a jefe de gobierno porteño a través del espacio “Convocatoria Popular”. López explica que el nuevo espacio esta formado por “sindicatos, agrupaciones políticas y la sociedad civil”. “Queremos fortalecer el proyecto volviendo a aportar desde la diversidad”, sostiene.
El subsecretario recuerda que luego de la traición de Cobos se produjo una división en el partido “y de allí surge FORJA”. “Los que más perdimos fuimos los que veníamos del radicalismo porque un montón se volvió al partido, pero a mí me pareció muy sano. Hoy estamos recreando la transversalidad”, manifiesta.
“Los ’90 terminaron con la identificación partidaria tradicional. Ahora hay una corriente neoliberal conservadora y una corriente nacional popular y democrática, en ambas hay radicales, socialistas y peronistas. FORJA es nacional y popular”, advierte López.
En relación al candidato del Kirchnerismo para las elecciones presidenciales asegura que “saldrá de elecciones internas” y que “quien resulte ganador tendrá el apoyo de los demás”.
Sobre la Ciudad de Buenos Aires López cree que si bien es el Estado más rico de la Argentina, “la gente vive muy mal”. “Macri gestiona mal, él hace menemismo por goteo. Es neoliberalismo puro porque desprecia lo público”, dice.
“La gestión macrista es perversa y persigue la exclusión. Nosotros no vamos a quejarnos, sino a decirle al electorado lo que vamos a hacer “, señala en relación a su nueva propuesta.
López considera que en el marco de una “batalla cultural” hoy “los medios de comunicación tienen un rol significativo en la democracia y son parte de los grandes grupos concentrados porque sus dueños son parte de las multinacionales y juegan su propio partido”.
Gustavo López militó desde su juventud en la Juventud Radical Revolucionaria. “40 años después estoy en el mismo lugar y los miles que integraban la UCR se fueron a su casa porque ahora es un partido neoliberal conservador”, reconoce el subsecretario general de la Presidencia.
Hoy en día se proyecta como candidato a jefe de gobierno porteño a través del espacio “Convocatoria Popular”. López explica que el nuevo espacio esta formado por “sindicatos, agrupaciones políticas y la sociedad civil”. “Queremos fortalecer el proyecto volviendo a aportar desde la diversidad”, sostiene.
El subsecretario recuerda que luego de la traición de Cobos se produjo una división en el partido “y de allí surge FORJA”. “Los que más perdimos fuimos los que veníamos del radicalismo porque un montón se volvió al partido, pero a mí me pareció muy sano. Hoy estamos recreando la transversalidad”, manifiesta.
“Los ’90 terminaron con la identificación partidaria tradicional. Ahora hay una corriente neoliberal conservadora y una corriente nacional popular y democrática, en ambas hay radicales, socialistas y peronistas. FORJA es nacional y popular”, advierte López.
En relación al candidato del Kirchnerismo para las elecciones presidenciales asegura que “saldrá de elecciones internas” y que “quien resulte ganador tendrá el apoyo de los demás”. S
obre la Ciudad de Buenos Aires López cree que si bien es el Estado más rico de la Argentina, “la gente vive muy mal”. “Macri gestiona mal, él hace menemismo por goteo. Es neoliberalismo puro porque desprecia lo público”, dice.
“La gestión macrista es perversa y persigue la exclusión. Nosotros no vamos a quejarnos, sino a decirle al electorado lo que vamos a hacer “, señala en relación a su nueva propuesta.
López considera que en el marco de una “batalla cultural” hoy “los medios de comunicación tienen un rol significativo en la democracia y son parte de los grandes grupos concentrados porque sus dueños son parte de las multinacionales y juegan su propio partido”.
El abogado constitucionalista y asesor letrado de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat, apuntó contra integrantes de la comisión asesora de Sergio Massa (Frente Renovador) en materia penal, por sus vínculos con represores de la última dictadura.
El Frente Renovador anunció el pasado lunes la convocatoria a distintos actores de la justicia para que asesoren a Massa sobre el proyecto de reforma del Código Penal, incluyendo en esa nómina a abogados que participaron de la defensa de represores de la dictadura cívico militar.
Según comunicó el massismo, la comisión incluye a Enrique Ramos Mejía y Hernán Munilla Lacasa, quienes según afirmó Barcesat "están implicados con los sectores más conservadores y colaboradores con la dictadura".
En diálogo con Télam, Barcesat recordó como ejemplo que "Ramos Mejía fue asesor de la Marina durante los juicios a la juntas militares".
Según reveló esta semana el matutino Tiempo Argentino, Munilla Lacasa "es socio principal del estudio de abogados de Roberto Durrieu, subsecretario de Justicia del gobierno de Videla desde el 7 de noviembre de 1978 hasta el 31 de marzo de 1981 y fiscal de Estado bonaerense durante la intervención de Ibérico Saint Jean y de Ramón Camps en la policía".
El abogado de las Madres opinó además que el debate sobre la reforma del Código Penal debe darse en el Congreso Nacional, donde los diputados puedan proponer a los expertos para sumar al debate y dijo que esta comisión busca lograr "protagonismo" y "propaganda".
En el mismo sentido criticó la campaña de recolección de firmas iniciada por el Frente Renovador y recordó que la Constitución Nacional prohíbe expresamente cualquier tipo de consulta popular en materia de Derecho Penal.
El magistrado Javier Anzoátegui pidió excusarse de seguir interviniendo por una diferencia ética con su par Rodrigo Giménez Uriburu en relación a una nulidad planteada por la defensa de uno de los acusados.
Un escándalo protagonizaron hoy dos jueces del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), a cargo del debate público por la cruenta represión del 20 de diciembre de 2001, cuando uno de ellos pidió dejar de intervenir por tener "diferencias éticas irreconciliables" con otro magistrado, que le causaban "violencia moral".
Se trata de Javier Anzoátegui, quien durante la audiencia pidió excusarse de seguir interviniendo por una diferencia ética con su par Rodrigo Giménez Uriburu en relación a una nulidad planteada por la defensa de uno de los acusados.
Las defensas pidieron conocer detalles de lo ocurrido y cuáles eran esas "diferencias éticas irreconciliables", pero el TOF se negó a darlas porque el Código establece que las deliberaciones entre los jueces son "secretas" y no pueden ser dadas a conocer las partes.
Así, los abogados recusaron a Giménez Uriburu y el TOF suspendió el juicio hasta el miércoles a las 9, cuando se prevé que la cuestión sea resuelta por otro tribunal.
La diferencia surgió cuando el TOF resolvió el planteo de la defensa del ex subcomisario Omar Bellante, a cargo de la abogada Valeria Corbacho, que pidió la nulidad de la acusación de la querella por homicidio ya que la Fiscalía lo había hecho por encubrimiento de homicidio.
Giménez Uriburu y José Martínez Sobrino, presidente del TOF 6, rechazaron el planteo y Anzoátegui votó en disidencia aceptando la nulidad.
Luego de que los jueces resolvieron todas las nulidades de las defensas -entre ellas el rechazo de apartar al abogado del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos- Anzoátegui pidió excusarse de seguir en el juicio por "diferencias éticas irreconciliables" con Giménez Uriburu que le provocaban "violencia moral".
Giménez Uriburu y Martínez Sobrino rechazaron el planteo por considerar que la excusación no estaba fundada, pero las defensas pidieron conocer detalles porque explicaron que la cuestión ética de un juez impacta en un juicio.
Las querellas -los acusadores privados- pidieron que el juicio continúe porque el hecho ya había sido zanjado. Tras un cuarto intermedio, el TOF anunció que no iba a dar a conocer los detalles pero Anzoátegui dijo que sí lo haría en otro ámbito judicial.
El clima entre los jueces era tenso: en cada cuarto intermedio Anzoátegui salía primero y solo y luego sus colegas, cuando es normal que en todo juicio lo hagan juntos.
Inmediatamente las defensas de los 17 acusados recusaron a Giménez Uriburu para que no siga en el juicio. Luego de otro cuarto intermedio, Martínez Sobrino, anunció que Anzoátegui se excusaba de resolver la recusación de Giménez Uriburu por lo que le pidió a la Cámara de Casación Penal que sortee dos jueces para definir el planteo.
Anzoátegui pidió excusarse de seguir en el juicio por "diferencias éticas irreconciliables" con Giménez Uriburu que le provocaban "violencia moral".
Las defensas adelantaron que iban a denunciar penalmente por prevaricato a Giménez Uriburu. Para hoy estaba previsto que declararan Santos y el ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, los principales acusados en el juicio.
Se están juzgando los crímenes de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, las tentativas de homicidio contra Martín Galli y Paula Simonetti y las heridas que recibieron otras 117 personas mientras protestaban en la avenida de Mayo y la 9 de Julio.
Además de Santos y Mathov están acusados el ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Raúl Andreotti, el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero y los policías Sebastián Saporiti, Horacio Berardi, Mario Seia, entre otros, todos en libertad.
Al finalizar la audiencia, Anzoátegui se fue solo por una puerta lateral, mientras que Martínez Sobrino y Giménez Uriburu se retiraron por el ascensor principal de los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro.
Justicia Legítima expresó su preocupación por la campaña en contra del anteproyecto. "Detrás de estos impulsos, parece clara la negación al cambio", advirtió la organización.
La organización Justicia Legítima convocó a los referentes políticos, jurídicos y sociales a debatir con madurez y honestidad sobre el Anteproyecto de Código Penal "para consolidar un marco normativo coherente, moderno y acorde con el texto constitucional y los tratados internaciones vigentes en nuestro país".
A través de un comunicado difundido ayer, los juristas expresaron su preocupación por la campaña lanzada desde el Frente Renovador contra el anteproyecto elaborado por una comisión de juristas plural, encabezada por el juez de la Corte Raúl Zaffaroni, los integrantes de la cámara que llevó adelante el juicio a las juntas Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian, el diputado del PRO Federico Pinedo y la ex diputada socialista María Elena Barbagelata. "Quienes integramos Justicia Legítima manifestamos nuestra preocupación frente a la intensa campaña que, durante las últimas semanas, intenta evitar la remisión al ámbito parlamentario del Anteproyecto de Código Penal puesto a consideración del Poder Ejecutivo por la comisión que estuvo a cargo de su redacción (Decreto PEN 678/12)", expresaron.
El comunicado destaca que los reproches alzados en contra de esta iniciativa legislativa "ponen en evidencia el profundo desconocimiento que existe sobre su contenido y significación jurídica integral. Entre los ejemplos más notables, cabe ubicar el interés por confundir la incidencia del Código Penal respecto de la definición de las políticas de seguridad y, con igual imprecisión, todas aquellas afirmaciones que derivan de la regulación de institutos propios de los códigos de procedimientos en materia penal vigentes en nuestro país, particularmente en lo que refiere al instituto de la prisión preventiva y la excarcelación".
Los firmantes advierten que "es posible disentir con muchas de las propuestas del proyecto. Es algo natural y previsible, más aún cuando se trata de dar coherencia y racionalidad a un conjunto de leyes penales que en la actualidad se encuentran desordenadas y resultan contradictorias entre sí. No obstante, resulta claro que supera el error político y colisiona notablemente con la normativa constitucional el reclamo de algunos dirigentes políticos por plebiscitar esta propuesta normativa". El texto cuestiona que "detrás de todos estos impulsos, parece clara la negación al debate y, en definitiva, a cualquier propuesta de transformación y cambio". Considera que el Anteproyecto que el Congreso debe tratar "es el resultado de un trabajo serio y responsable, que sintetiza el saber jurídico penal de las últimas cuatro décadas y que es el producto de la labor de una comisión plural, de alto perfil técnico y político".
El texto dice que: "Por esta razón, merece una discusión parlamentaria profunda, ajena al vaivén político partidario. El Código Penal está llamado a regir la vida de los argentinos por muchos años, cualquiera sea el signo del partido de gobierno, y debe contribuir a dar calidad institucional al estado." Los integrantes de Justicia Legítima invitan así a los referentes políticos, jurídicos y sociales a "actuar con madurez y sensatez para hacer posible el tratamiento del Anteproyecto de Código Penal". «
"Massa miente descaradamente"
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni fustigó al diputado nacional Sergio Massa por sus consideraciones sobre el borrador de reforma del Código Penal, y dijo que "miente descaradamente mientras los medios lo lanzan como candidato". "Lo que sucede con el tema de la reforma es un test de la política, no del Código Penal, aparece este señor que miente descaradamente, en tanto lo lanzan como candidato, como una especie de Collor de Melo, que están armando", dijo en referencia al destituido presidente de Brasil Fernando Collor de Melo.
Zaffaroni puso en duda que la "política esté suficientemente madura como para ir a esa discusión", en función de actitudes como las de Massa.
En este sentido, Estela de Carlotto puso los ejemplos de las guerras civiles en El Salvador y en España, donde -según afirmó- “se emplearon metodologías distintas”.
En este sentido, Estela de Carlotto puso los ejemplos de las guerras civiles en El Salvador y en España, donde -según afirmó- “se emplearon metodologías distintas”.
En una entrevista publicada hoy por Tiempo Argentino, el “Cuervo” Larroque dijo que “todo el mundo sabe que por donde va o donde recorre, se encuentra un compañero de La Cámpora, no solamente en los despachos de la administración pública sino desde Ushuaia a La Quiaca y desde Mendoza a Buenos Aires”.
