De todas las causas, la más emblemática es sin dudas la iniciada por la compra y venta de 90 hectáreas en La Ciénaga, por la cual Romero hizo pagar una suma de más de un millón de pesos a un tercero, José Luis Agustoni, quien luego revendió ese terreno por la ínfima suma de 100.000 pesos a Finca Estancia El Carmen S.A., una firma compuesta por otras tres sociedades:  JUCARO S.A., Compañía Agroindustrial Iberoamericana y Fideicomisos Inversores NOA, todas relacionadas directamente al ex gobernador.

Este caso causó una gran conmoción entre los salteños debido a que las tierras habían sido adquiridas por Romero con la excusa de utilizarlas para paliar el déficit habitacional de la provincia, sin embargo, no sólo no sucedió sino que las tierras ahora forman parte de un conglomerado de más de 800 hectáreas adquiridas por el ex gobernador en La Ciénaga.

Se trata de un enorme proyecto urbanístico destinado a villas y chalets de primera clase, lugar que Romero adquirió, tanto a través de Estancia El Carmen S.A. y Prados de Atocha S.A. otra firma que sería de su propiedad, pero que se encuentra encabezada por Gilberto Oviedo, uno de sus ex ministros  más cercanos.

Este gran negociado fue armado por el ex gobernador de la mano de la Autopista de Circunvalación Oeste, proyecto que el mismo  impulsó desde su gobierno, aunque antes de encarar la gran obra se encargó de quedarse con las mejores ubicaciones a sabiendas del costo que alcanzarían esos terrenos.

Sobreprecios

El pago de sobreprecios de parte del Estado provincial por tierras que luego terminaban siendo vendidas a Estancia El Carmen S.A., Dash S.A., Desafíos del Chaco u otras empresas en las que Romero, su hijo, Juan Esteban; su hermano Marcelo y su sobrino, Rodrigo Catulo Marcuzzi, aparecían directamente relacionados, ya sea como socios o directivos fue el común denominador durante los últimos años del gobierno romerista, tanto que el Centro Cívico del Grand Bourg, pasó a ser definido como una gran empresa inmobiliaria, en la que Romero y sus amigos hacían sus negocios.

Una prueba del manejo  en estos años son los negocios inmobiliarios que varios amigos allegados a Romero hicieron, entre ellos Julio Castillo (f), el hombre que manejó la imagen del ex gobernador durante casi toda su carrera política y Alberto Raymundo Sosa, su abogado personal y encargado de sembrar toda clase de chicanas para evitar procesos en su contra.

Por estos servicios, Sosa se dio el lujo de comprar un extenso terreno inservible como el ubicado en el barrio Bancario, donde funcionaba una planta de Boroquímica, lo que explica porque en ese terreno no crece ni el pasto.

Lo que para cualquiera parecería un pésimo negocio, pues está probado la imposibilidad de generar algún proyecto urbanístico en esa zona, Sosa, con una gran mano de su cliente y amigo, logró hacer un oasis de dinero, pues el abogado compró las tierras contaminadas a la firma Baradero S.A. por 160.000 pesos y se las vendió al gobierno de Salta por 580.000 pesos, lo que le dejó una ganancia neta de 420 mil pesos.

Para este negociado, como lo hizo en la mayoría, Romero invocó como razón de compra de estos terrenos a sumas elevadísimas la necesidad habitacional de la provincia, instancia que en realidad nunca se llegó a cumplir, pues luego los terrenos se revendían a una suma ínfima a una empresa de su propiedad o, como en este caso, quedaban en el Estado de manera inservible.  Fuente El Nuevo Diario de Salta