El laboratorio que dirige Daniel Corach, hizo los análisis.
Daniel Corach, director del Laboratorio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, está citado a brindar testimonio en el jucio de las turistas francesas, entre el 23 y el 24 de abril. El profesional, actuó en los análisis de las muestras, que se retiraron del cuerpo de las jóvenes, encontradas, violadas y asesinadas en El Mirador de la Quebrada de San Lorenzo.
El laboratorio determinó que había ADN de Gustavo Lasi, principal implicado por los asesinatos, en las dos víctimas.
Esta fue la prueba que permitió acusar a Lasi, quien negaba haber estado en el lugar.
La defensa de Lasi la ejercen Matías Adet y Humberto Morales.
Dos imputados
Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera, fueron ubicados en el lugar por el propio Lasi, quien dijo que ese viernes 15 de julio en horas de la tarde, había salido de cacería por la quebrada junto a Vera y Vilte Laxi.
Estudios de ADN
Un muestro efectuado en la UBA, situó a Vera en restos de piel encontrados debajo de las uñas de una las jovencitas.
Con ese antecedentre, el juez de instrucción Martín Pérez entendió que Vilte Laxi, tambioen debió estar en el lugar.
Cerrando el círculo de la salida de caecría de los tres imputados.
El abogado de la defensa de Vilte Laxi, Marcelo Arancibia, desconoce esa posibilidad, y asegura que Lasi, involucra a su defendido, por una vieja enemistad entre las familias.
“Mi cliente no tiene nada que ver en el hecho, Lasi lo usa para encubrir la figura de un familar, que podría ser su padre”, sostuvo.
En este sentido rescató la figura del fiscal Eduardo Barrionuevo, que en todo momento, se opuso al sobreseimineto de Walter Lasi, padre de Gustavo, quien escondió la escopeta, que sirvió para matar a las jóvenes.
Cassandre Bouvier y Houria Moummi. Walter Lasi finalmente y tras una serie de recursos presentados, quedó sobresído en la causa.
En tanto el abogado José Vargas, quien defiende a Santos Vera, señaló que su cliente espera el juicio, como una manera de alcanzar su inocencia.
La defensa de Vera, presentó en su momento un perito de partes para que se analicen las muestras, respectivas, nuevamente y sus estudios sean agregados a la causa.
Esos estudios dijeron dieron negativos.
Según los dichos de sus abogados sus clientes, harán uso de la palabra al inicio del juicio, dando lugar al derecho que los asiste.
Ese acto es posterior a la lectura del resumen de los expedientes de la causa, que se dijo tiene 150 hojas.
El juicio se realiza en el Salón de los Garndes Juicios del subsuelo de la Ciudad Judicial, a partir de las 9 horas.
Centenares de personas, entre familiares y amigos, exigieron justicia en la plaza 9 de Julio.
“Justicia por Cassandre y Houria. Justicia”; así comenzó la 157 marcha de los familiares de víctimas contra la impunidad.
Centenares de personas se hicieron presentes ayer a la tarde en la plaza 9 de Julio con las pancartas de sus seres queridos y pidiendo justicia.
Esta marcha fue distinta a todas porque estaba presente Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre, una de las turistas francesas muertas en la Quebrada de San Lorenzo hace 2 años y 7 meses. Además, vinieron de Buenos Aires los padres de María Cash, la mujer desaparecida hace casi tres años, y muchos salteños que viajaron del interior, quienes también piden justicia por algún ser querido y marcharon en apoyo a las familias Bouvier y Moumni. “Venimos a compartir el dolor”, dijo Beatriz Corvalán de Barrozo, la mamá de Gastón “Pilo” Barrozo, el joven atropellado en Mosconi en 2012.
En los rostros de los familiares de víctimas de la impunidad, el dolor ayer estuvo más presente que nunca.
Hace 157 viernes que las familias marchan por justicia, pero nunca había estado tan concurrida ni tuvo tanta difusión. “Es una pena que Salta sea conocida en el mundo por tanta impunidad”, dijo Marisa Peñalva, la tía de Luján.
Muchas madres querían dar notas a los numerosos periodistas locales, del país y del mundo que estaban presentes. Todos querían gritar sus reclamos. “A mi hijo lo atropellaron en la ruta 34. Hoy (por ayer) nos reunimos con el doctor Aramayo, del Ministerio de Justicia, quien nos dijo que hay muchas irregularidades en la investigación”, contó Verónica Cardozo, madre de Gastón Barrozo.
“Nosotros pedimos investigación en el caso de Luján y Yanina. Hemos hecho innumerables pedidos y no se ha investigado”, señaló Marisa Peñalva, tía de Luján.
“Estoy cansado y pido respeto a mi dolor. Vine a Salta a escuchar y conocer la verdad sobre lo que le pasó a mi hija y a su amiga. La investigación no está terminada, pero hemos pasado a otra etapa: la del juicio. Si sucede algo nuevo, hablaré con la prensa”, dijo Jean Michel Bouvier.
“Mi marido fue víctima de la impunidad porque le dio un paro cardíaco en su trabajo. El era empleado del municipio de Campo Santo y tardaron mucho los médicos en atenderlo y, cuando lo hicieron, actuaron mal. Aún sigo esperando justicia”, lamentó Silvia Sosa, esposa de Martín Pastrana.
“Venimos a apoyar a las familias de las turistas francesas y a pedir investigación para dar con María. Nuestra causa se encuentra en el desastre absoluto. No tenemos los recursos para pagar una investigación paralela y la Justicia salteña no nos garantiza nada. El gobernador Urtubey no tiene corazón, no tiene nada”, expresó María del Carmen Gallego de Cash.
Las marchas contra la impunidad empezaron el 11 de marzo de 2011 con apenas 7 de los casos más relevantes de Salta. Ayer, después de dos años y medio, la cifra se eleva a más de 90 casos de impunidad en toda la provincia.
Fuente El Tribuno
Los manifestantes recorrieron la plaza con velas blancas pidiendo justicia.
Jean Michel Bouvier, participó ayer de las 157 marcha de los Familiares de Víctimas contra la Impunidad, desmintió que Cassandre y Houria hayan pertenecido a una ONG que investigaba el desstino de los fondos enviados, desde Francia, para comunidades de pueblos originarios.
Bouvier, ingresó a Plaza 9 de Julio, caminando de manera pausada, por calle España, junto a otros familiares y periodistas que llegaron junto a él desde Francia, y dos traductores, veinte minutos antes de la hora convenida, para que se iniciara la manifestación.
Las pancartas con los nombres, pedidos de justicia, fotos de hijos, hermanos, padres, desaparecidos, muertos en accidentes de tránsito, homicidios, etc, fueron colocados sobre la vereda, ubicada al frente de la Catedral.
Bouvier, al igual que quienes llegaron de Francia, era la primera vez que asistían a la manifestación que esta vez llegó con velas blancas encendidas.
En una improvisada conferencia de prensa, el padre de Cassandre desmintió las versiones que hablaban que los asesinatos de las turistas, fueron provocados por el poder político que se había visto amenazado, por una supuesta investigación iniciada por una ONG de Francia, para conocer el destino que se les otorgaba a los fondos enviados, para ayudar a comunidades de pueblos originarios.
En ese mismo tenor desmintió, que su familia este solventando a la defensa de alguno de los acusados.
Los manifestantes convocados en el día de ayer se acercaba a los dos centenares, y Bouvier señaló que “desde su país defensor de la justicia se sentía cercano al dolor de todos los que marchan cada viernes”.
Bouvier, con una mueca de dolor, pidio que se respete, la situación, que lo médiatico no le avance al sentido de la marcha.
“Es un proceso muy dificil y lo será peor, cuando se inicie el proceso judicial”, agregó.
Al hacer referencia a la jornada del juicio en la que la que deberá ahondar en la vida de su hija, lo definió como muy doloroso, ya que se truncó la vida de dos jovencitas, con un gran corazón, y muy inteligentes.”Tenían una vida por delante”.
Así también dijo ser defensor de una vida para las mujeres en libertad, sin el miedo de ser atacadas.
“Quiero justicia y que quien sea responsable, se haga cargo”, destacó.
Juanto a los Familiares de Víctimas de la Impunidad, tambien marchó el padre de María Cash, Federico, quien reclama se conozca que sucedió con su hija. Los más de 60 casos que esperan resolución, dieron vuelta a las cuatro cuadras de la Plaza 9 de Julio y se detuvieron frente a la Catedral, donde dijeron que” la iglesia en la figura de Monseñor Mario Cargnello, les dio la espalda”.
COMENZARÁ EL 25 DE MARZO A LAS 9
Las audiencias podrán seguirse on line desde el sitio www.cij.gov.ar y www.justiciasalta.gov.ar.
La Sala II del Tribunal de Juicio dispuso que Jean-Michel Bouvier, Helène Olga Antoinette Kottak, Aliénoer Bouvier, Lahoucine Moumni y Zohra Moumni declaren en el primer día de las audiencias contra los tres imputados por el homicidio de las turistas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
La primera audiencia del juicio oral que se desarrollará en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial de Salta se realizará el martes 25 desde las 9 de la mañana. Las deliberaciones de la Sala II del Tribunal de Juicio serán presididas en este caso por el Juez Angel Amadeo Longarte e integrada por los jueces Héctor Pucheta y Bernardo Ruiz.
Las audiencias podrán seguirse on line desde el sitio www.cij.gov.ar y www.justiciasalta.gov.ar.
Fuente El Tribuno
Soto, vendía drogas sentada en una piedra donde además escondía la droga.
La semana próxima se inicia el segundo juicio por una causa de microtráfico iniciada en los primero días del mes de enero.
Por el hecho se juzgará a una mujer de apellido Soto, quien fue encontrada vendiendo droga en el “bajo chico”, que tenía escondida debajo de una piedra.
El fiscal Maximiliano Troyano, elevó la causa, luego de haber sido encontrada Soto, con 99 pipas, y marihuana disecada.
La mujer fue encontrada en horas de la noche del 5 de enero, cuando efectuaba la comercialización del estupefaciente.
Además de la droga secuestrada, se encontraron en posesión de la mujer, elementos para el fraccionamiento.
Soto quedó detenida en ese momento.
La venta fue descubierta en Villa San Antonio.
Los testigos que desfilarán en el trámite judicial , son policías que efectuaron del allanamiento y civiles que estaban en el lugar además de quienes podrían haber comprado la sustancia a la mujer.
Expendio de drogas
Varios detenidos en Orán fueron puestos a disposición de la justicia al ser sorprendidos con dosis de cocaína y marihuana.
Los operativos se cumplieron en el marco de programas de acciones tendientes a la lucha contra el micro tráfico de estupefacientes en toda la provincia, lográndose el secuestro de drogas y la detención de los involucradas.
Las patrullas sorprendieran a jóvenes con varios cigarrillos rearmados presumiblemente acondicionados para la venta.
Los que quedaron detenidos por tenencia.
Luego en Barrio Aeroparque , también de Orán personal del Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo, GOPAR, detuvieron a tres jóvenes que intentaron huir al verse sorprendidos, secuestrándo envoltorios con marihuana.
En ambos casos la Fiscalía Penal dispuso la instrucción de actuaciones por infracción a la ley 23.737 y la intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
EL FISCAL PIDIÓ A LA JUSTICIA QUE ACLARE SOLO EL MÁS LEVE DE LOS DELITOS DENUNCIADOS EN EL ENTE DEL JUEGO
Sergio Mendoza será investigado por falsear datos pero no por los negocios incompatibles y sobresueldos en negro.
Sin esclarecimiento. Además de los sueldos más altos, directores del Enreja y funcionarios cercanos cobraban sobresueldos.
$9.000. Es lo que cobraban todos los meses Mendoza, Posadas y el tercer director del Enreja, Antonio Restom, en negro.
Entre la noche del martes y la mañana de ayer, diferentes medios informaron que el fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, pidió un juicio contra el titular del Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja), Sergio Mendoza, en una causa por negocios incompatibles con la función pública. En los mismos titulares se dio cuenta de que la Fiscalía de Estado se constituyó en actora civil para reclamar la reparación de los posibles daños provocados a la Provincia por el ilegal proceder del funcionario.
La noticia fue recibida con asombro y descreimiento por quienes, hasta aquí, vieron a Akemeier desactivar sistemáticamente las causas que se concentran en su despacho e involucran a funcionarios en presuntos delitos contra la administración pública.
Ayer mismo fuentes judiciales rectificaron parte sustancial de la noticia y aclararon que Akemeier apenas abrió una investigación contra Mendoza por presunto falseamiento de su declaración jurada, un delito que prevé una pena de 15 días a dos años de prisión. Las mismas fuentes ratificaron que la Fiscalía de Estado sí se constituyó en actora civil. Los que no se sabe es para qué, ya que Akemeier no vio más que una falta leve en la actuación de Mendoza, sin advertir los manejos irregulares de fondos que se denunciaron en el Enreja con abundante documentación respaldatoria, como tampoco los negocios incompatibles que el titular del Ente controlador del juego comparte con Facundo Urtubey, hermano del Gobernador y también funcionario de la Provincia, a través de la empresa agropecuaria SAN SRL.
La estrecha vinculación de ambos está claramente acreditada en planos que Mendoza presentó ante la Dirección General de Inmuebles, en condición de socio gerente de SAN SRL, para apropiarse por posesión veinteañal de más de 1.000 hectáreas del chaco salteño, valiéndose de un vacío catastral existente en la zona de Cuchuy (Ballivián).
En fallos judiciales que complicaron el intento de apropiación de esas 1.036 hectáreas, jueces consignaron que el hermano del Gobernador manifestó que la firma que maneja Mendoza ejerce posesión pacífica, pública e ininterrumpida de esas tierras, vecinas a una finca suya, desde hace más de 20 años. Registros públicos contradicen el testimonio de Facundo Urtubey, ya que SAN SRL se constituyó el 23 de diciembre de 1998, o sea hace poco más de 15 años.
En septiembre de 2013, luego de que El Tribuno expusiera éstas y otras constancias públicas de los vínculos comerciales de Mendoza con Facundo Urtubey, el abogado Carlos Saravia presentó ante Akemeier una ampliación de la denuncia que había formulado, dos meses antes, por falseamientos de declaraciones juradas y negocios incompatibles en el directorio del Enreja.
Las lapidarias constancias documentales que salieron a luz el 24 de junio de 2013 no dejaron dudas de que Mendoza y el entonces vicepresidente del Enreja, Gerardo Nelson Posadas, mantenían negocios y ocupaciones incompatibles con su función, que se retribuye con los sueldos más altos de la administración pública provincial, pero que exige “dedicación exclusiva” en el control del juego. Así lo establece la ley marco que, además, fija para los directores del Enreja “idénticas inhabilidades e incompatibilidades que las establecidas para los jueces de la Provincia”.
En su declaración jurada, Mendoza ocultó sus negocios incompatibles con SAN SRL y omitió informar cuentas bancarias con movimientos de fondos, bienes e ingresos.
Quien lo secundaba en el Ente renunció
El director que secundaba a Sergio Mendoza en el Enreja, Gerardo Nelson Posadas, renunció luego de que se supiera que, además de sus negocios incompatibles, altos funcionarios del organismo cobraban jugosos sobresueldos en negro.
En su declaración jurada, el ex vicepresidente del Enreja había omitido informar a la Escribanía de Gobierno de la Provincia que era socio de la Consultora Plus, el estudio contable de Fernando Yarade, y que trabajaba como auditor de Inversora Juramento, la empresa agropecuaria del presidente del Banco Macro, Jorge Brito.
En informes que habían sido elevados a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores en abril de 2013, Posadas había declarado con su puño y letra que se desempeñaba como Auditor de Inversora Juramento SA. En esos mismos informes, cuyas copias publicó El Tribuno a fines de junio de 2003, Posadas había consignado que también tenía a su cargo las auditorías externas de Agropecuaria Osma SA, L'Aurore SA, Petroandina SRL y Unilab SA, entre otras empresas.
Pocos días antes de que este diario accediera a dichas constancias, Posadas había negado ante los micrófonos del programa de Daniel Murillo, en Radio Salta, todas estas ocupaciones.
Poco después salieron a luz los sobresueldos liquidados en el Enreja y Posadas renunció. Mendoza, brazo derecho de Facundo Urtubey, sigue inamovible en su cargo, y el fiscal Akemeier le aseguró una salida airosa, al pedir al juez de Garantía de Segunda Nominación, Diego Nicolás Rodríguez Pipino, que investigue solo la más leve de sus faltas.
Y la AFIP tampoco se enteró
En julio de 2013 se supo que los directores Enreja no solo tenían negocios incompatibles y las remuneraciones más altas de la Provincia sino que, además, cobraban jugosos sobresueldos en negro.
Con lujos de detalles, El Tribuno precisó que cada mes se extraían desde la cuenta corriente del Enreja en el Banco Macro $54.500, con los que se pagaban los sobresueldos de los tres directores, funcionarios de la segunda línea y los colaboradores más cercanos. Hasta abril de 2013, las extracciones de la cuenta corriente 310000080000817, en la casa central del Macro, se hicieron con cheques. A partir del mes siguiente, los importes en negro empezaron a depositarse directamente en las cuentas sueldo, sin figurar en los recibos.
El reparto, según el esquema que la Justicia ni la AFIP investigaron, se hacía del siguiente modo: $9.500 recibía cada uno de los tres directores; $6.000 percibían Federico Saravia Silvester (coordinador jurídico) y Silvina Cainelli (excoordinadora contable y actual vicepresidenta del Enreja); $2.000 cobraban Miguel Isola, Silvina Olano, Francisco Ortiz, Silvia Arias, María Courel y Pablo Vargas, y $1.000 percibían Silvia Paviolo y Fernando Bernabó. Este sistema, según se supo, comenzó a operar en 2008 para los directores y con el tiempo se extendió a otros funcionarios y agentes cercanos a ellos. Con los sobresueldos los directores transgredieron el tope salarial de la Provincia (de $20.000) y todos evitaron tributar lo que debían por el Impuesto a las Ganancias .
Hasta abril de 2013 los fondos para los pagos en negro se retiraban, cada fin de mes, con dos cheques que totalizaban siempre $54.500. De esta forma se evitaban las medidas de control dispuestas por el Banco Central contra el lavado de dinero. Una de ellas impide a los bancos pagar cheques por más de $50.000 por ventanilla. Las órdenes de pago eran firmadas por las autoridades del Enreja bajo el concepto de “responsabilidad en el cargo”, un ítem incorporado en los recibos de tres directores.
Fuente El Tribuno
Juan Carlos Romero
La Corte de Justicia denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa del ex gobernador Juan Carlos Romero contra la sentencia del alto tribunal que había rechazado un recurso de casación y ordenado,
en consecuencia, que preste declaración indagatoria sin su previo desafuero, como establece la Ley Nacional 25320, conocida como “ley de fueros”.
La decisión fue adoptada en cuatro expedientes (34.962/11, 34.963/11, 34.977/11 y 35.483/12), en los que la defensa había planteado la cuestión federal invocando la “aplicación indebida de la Ley Nacional 25320”.
Por Acordada 4/2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reglamentado la presentación de los escritos de este tipo de recursos por lo que debe analizarse, previamente, el cumplimiento de las disposiciones allí establecidas. “La existencia de una cuestión federal o constitucional resulta la base misma del recurso”, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recaudos que para la Corte de Salta no se cumplen en este caso.
Pero además, la presentación de la defensa “no ha logrado delinear claramente y con precisión la existencia de cuestión federal ni ha demostrado que el fallo impugnado hubiera incurrido en quebranto alguno de las garantías penales”, dijo la Corte en el pronunciamiento firmado por los jueces del Alto Tribunal Guillermo Posadas, Abel Cornejo, Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz y Ernesto Samsón y los jueces de Cámara, Héctor Guillermo Alavila y Ángel Amadeo Longarte, llamados a integrar en este caso.
Otro rechazo
La Corte de Justicia rechazó un recurso de reposición planteado por la defensa técnica del ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, contra la providencia del Presidente Guillermo Posadas, que había declarado extemporáneo un incidente de nulidad de la notificación del rechazo del recurso de casación en la causa conocida como “La Ciénaga”.
Puntualizó el Alto Tribunal de la provincia que "es evidente que si por un tiempo considerable la presentante no ha hecho reclamo de lo que considera una irregularidad formal del acto de comunicación” es porque “no le ocasiona perjuicio y que ha renunciado a la impugnación”.
Recordó que por tratarse de un planteo de nulidad relativo a la forma, la falta de crítica oportuna de la defensa significa una aceptación de los actos. La presentación “resultaba notoriamente extemporánea y, en virtud de ello, no cumplía con los requisitos mínimos de admisibilidad a los que se supedita toda actividad de parte; razones por las cuales no correspondía otorgarle trámite alguno”, dijo además la Corte de Justicia. También expresó que la notificación impugnada cumple con todos los recaudos legales y en particular, fue practicada según lo establecido en el Código Procesal Penal.
El rechazo fue firmado por los jueces de Corte Guillermo Posadas, Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz y Ernesto Samsón y los jueces de Cámara, Héctor Guillermo Alavila, Ángel Amadeo Longarte y Carlos Héctor Pucheta.
La justicia ordenó a la Ciudad a brindar documentación de su convenio con tres empresas que limpian los hospitales Piñero y Durand
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El sindicato de obreros de maestranza denunció al gobierno porteño por negarle esa información. El proveedor es investigado por fraude y posibles sobreprecios luego de que se supiera que tiene apenas un empleado declarado.
Un juez de la Capital Federal emplazó al gobierno porteño a que en diez días suministre al sindicato y la obra social de Obreros de Maestranza (SOM) toda la documentación vinculada con la contratación de un habitual proveedor de servicios a la administración de Mauricio Macri, en este caso vinculada con la limpieza y mantenimiento de los hospitales Piñero, ubicado en el barrio de Flores, y Durand en Caballito.
Se trata de una causa conexa con la denuncia penal que formuló SOM sobre supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Mantelectric Icisa - Riva SAIICFA - Lescko S.A. (UTE). Tal como informó Tiempo Argentino en su edición del 17 de febrero último, el sindicato detectó que, pese a los trabajos que tiene asignados en los hospitales, en septiembre de 2013 Mantelectric "tenía declarado tan solo un trabajador de maestranza".
En ese contexto, "una determinación de deuda de oficio de cuota sindical, contribuciones extraordinarias y otras contribuciones correspondiente al período que dicha empresa lleva prestando servicios en los hospitales", arrojó como resultado la suma de más 5.669.758,52 de pesos. Y, además, como la empresa terceriza el servicio, el sindicato denunció un gigantesco sobreprecio pagado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como parte de la investigación particular que inició el sindicato en defensa de los intereses de sus afiliados, el apoderado Horacio Ferro Méndez pidió el 30 de octubre de 2013 el expediente completo que derivó en la contratación de Mantelectric para las tareas en ambos hospitales. Como a su entender "el requerimiento no fue respondido", inició el reclamo por la vía judicial. Y el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Víctor Rodolfo Trionfetti le dio la razón.
Según documentación a la que tuvo acceso este diario, a finales del año pasado los abogados del gobierno porteño, Nicolás Alberto Caballero y Graciela Bordetas, anunciaron que el expediente de la contratación estaría disponible para su consulta. Pero la representación de los obreros de maestranza denunció que la información suministrada "carece de los datos oportunamente solicitados".
El juez coincidió en que "se han plasmado digitalmente sólo las nóminas de empleados de dos nosocomios y con relación a unos pocos meses, y centenares de notas de crédito, resoluciones, contratos, actas y planillas que no permiten dilucidar cuál es concretamente el monto abonado por mes en concepto de limpieza".
Ese es el meollo de la cuestión. En la causa penal, que tramita ante el juez de Instrucción Guillermo Carvajal, con intervención del fiscal Eduardo Cubría, la Obra Social del Personal de Maestranza y el SOM denunciaron a "Carlos Alberto Pérez San Martín, Enrique Bernabé Senra y Eduardo Romero Oneto, como representantes de Mantelectric, y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que intervinieron o participaron en las Licitaciones Públicas Nº 20/05 y Nº 580/05 por el delito de administración fraudulenta agravado por ser cometido en perjuicio de la administración pública local".
De acuerdo con la denuncia, Mantelectric "subcontrató el servicio de limpieza por aproximadamente el 50 / 60 por ciento del valor percibido por dicho concepto de la comuna. Así, por ejemplo, en el Hospital Durand, al comenzar el contrato, en el mes de septiembre del año 2007, mientras que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pagó la suma de 344.820,15 (pesos) mensuales exclusivamente por el servicio de limpieza, la mencionada UTE subcontrató la totalidad de dichos servicios a Laredo por 222.906,20 pesos. También en el Hospital Piñero se verificó, desde el principio del contrato, una gravosa asimetría. Así, en el mes de julio del año 2007 mientras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría pagado 350.703,47 pesos mensuales por el servicio de limpieza, la mencionada UTE subcontrató la totalidad de dicho servicio a Laredo por 201.235,10 pesos".
El desfase, de acuerdo con la presentación judicial, se mantuvo en el tiempo, aunque con incrementos de precios.
Eso es lo que buscaba establecer de manera fehaciente, con la documentación oficial que consta en los expedientes de la administración porteña. "Cabe concluir que no se permitió el acceso a la totalidad de la información específicamente requerida", determinó el juez Trionfetti.
La Ley porteña 104 establece el derecho de "toda persona a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna" sobre asuntos que involucren a la administración pública. La Ciudad "debe evacuar la consulta en un plazo no mayor a diez días hábiles, prorrogables excepcionalmente por otro término igual". Si la demanda de información "no se hubiera satisfecho o si la respuesta hubiere sido ambigua o parcial, se considera que existe negativa en brindarla".
Para el juez, la respuesta del gobierno porteño al pedido de los obreros de maestranza "ha sido parcial", pues "se han consignado un sinfín de datos que no permiten tener por satisfecha la requisitoria". «
el caso de las morgues porteñas
La administración macrista ya fue denunciada por graves irregularidades en el área de salud el año pasado. Como dio a conocer Tiempo Argentino en agosto del 2001, en las morgues de seis hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires la justicia no pudo hallar más de 200 cuerpos, la mayoría de ellos de bebés.
La cifra, impactante, fue informada por el juez porteño Andrés Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia N°2, quien estuvo a cargo de la investigación hasta que fue recusado por el gobierno de Mauricio Macri, a través de la Procuración General de la Ciudad.
Hasta que fue apartado, Gallardo no sólo investigó el faltante de los cuerpos, sino que llegó a denunciar penalmente al jefe de gobierno, a su ministra de Salud, Graciela Reybaud; al procurador Marcelo Conte Grand y a los directores de los Hospitales Durand, Ramos Mejía, Rivadavia, Muñiz, Piñeiro y Santojanni.
El 2 de agosto del año pasado, en una serie de operativos simultáneos, el magistrado encabezó el allanamiento de los 22 hospitales porteños que cuentan con depósitos de cuerpos, además de la Procuración General porteña y la Dirección de Cementerios.
En el juzgado llegaron a analizar la información de seis de los hospitales allanados, de donde surgió el faltante de cientos de cadáveres, siempre según los propios registros de las instituciones de salud. Pero la recusación a Gallardo suspendió la causa hasta que haya una decisión de la Cámara de apelaciones, algo que todavía no ocurrió.
En esas seis morgues, los investigadores llegaron a la cruda cifra de 216 cuerpos que ingresaron a los depósitos y que, de acuerdo a la información recabada, nunca salieron para ser enterrados.
"Lejos de iniciar sumarios administrativos y separar preventivamente a los funcionarios involucrados, (el gobierno porteño) arremete contra el Poder Judicial y sostiene la impunidad", se quejó en ese momento el magistrado.
Al momen.to de recusarlo, el macrismo también había denunciado penalmente al juez por supuesto abuso de autoridad. Días atrás, la justicia nacional en lo Correccional lo sobreseyó, considerando que actuó dentro de las atribuciones que le confiere la ley. Es más, en el fallo, el juez Luis Alberto Schelgel se mostró sorprendido de que el PRO, en lugar de ponerse al frente de la investigación, decidiera acusar a Gallardo.
Mantelectric
Servicios
Es una de las grandes contratistas de la Ciudad. Además de limpiar el Piñero y el Durand, opera alumbrado público, arbolado, espacios verdes y sumideros.
La marcha 157 será con velas blancas encendidas.
Los padres de las turistas francesas y de la diseñadora desaparecida, ambos hechos ocurridos en el 2011, llegan a Salta el próximo 21 de marzo.
El objetivo de los progenitores de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, será asistir a las audiencias del juicio que por los asesinatos de sus hijas, se inicia el 25 de marzo.
En la oportunidad Jean Michel Bouvier, su esposa y los Mounmi, fueron invitados a participar de la marcha número 157 del día viernes, de Familiares de Víctimas en Contra de la Impunidad.
Federico Cash, por su parte fue invitado por la comisión de familiares, para integrarse a la marcha.
Los manifestantes en esta oportunidad, marcharán con las habituales pancartas y con velas blancas prendidas.
“El sentido es pedir a Dios ilumine a la justicia, para que en el juicio, lleguen a la verdad, sobre las muertes de las chicas”, dijo Ana Fernández.
Ana es madre de Cintia, quien fue encontrada muerta, hará tres años, el mes de abril, en su departamento, con una bolsa en la cabeza.
Marcha de ayer
En tanto, en la jornada de ayer los familiares marcharon en lo que fue la manifestación número 155, que por ser vísperas del día de la Mujer, fue dedicada a las madres, esposas, hijas, hermanas, de quienes piden justicia por sus seres queridos.
En esta oportunidad se sumaron los padres del jovencito José María García, quien permanece en estado de coma irreversible, por el momento.
García, recibió una pedrada el día que su equipo San Lorenzo de Almagro, jugó un partido en nuestra Capital.
Su padre días pasados dijo que a su hijo lo perdió hace 35 días, cuando fue el ataque.
Los familiares se suman así a los más de 70 que piden justicia por sus causas. Muchos se quejan por la falta de movilidad de los jueces. Raúl Córdoba, miembro de la comisión sostiene que, “los funcionarios miran para otro lado”.
Los casos de Angel Córdoba, Ricardo Lona, Federico Hooft, Roberto Mazzoni y otros ex funcionarios patagónicos van desde haber garantizado la impunidad a los represores hasta haber tenido un rol clave en "operativos" de los militares.
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Mientras se desarrolla el primer juicio oral contra la actuación, en Mendoza, durante la la última dictadura cívico militar, de los ex camaristas Otilio Romano y Luis Miret, avanzan en el resto del país causas emblemáticas contra ex funcionarios judiciales por delitos de lesa humanidad. Uno de ellos ocurre en Resistencia, Chaco. Allí, el proceso contra el ex magistrado Ángel Córdoba y el ex fiscal Roberto Mazzoni está cerca de ser elevado a juicio oral. En tanto, en Salta, la semana pasada fue indagado el ex juez Ricardo Lona, símbolo de la impunidad en el norte del país. Además, en dos semanas, el suspendido juez marplatense Federico Hooft deberá enfrentar un postergado jury.
La causa contra Mazzoni y Córdoba es la que se encuentra más avanzada. Días atrás, los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Amada y Diego Vigay pidieron la elevación a juicio del proceso en el que ambos están acusados por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos contra nueve personas.
"El método implementado por Córdoba y Mazzoni, en la llamada 'lucha antisubversiva', era 'no hacer': no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables", sostuvieron los fiscales en el requerimiento de elevación, que aún debe ser tratado por el juez federal Carlos Skideslki.
Y agregaron: "Su aporte a la organización criminal se tradujo en la impunidad otorgada al accionar delictivo de los demás integrantes de la asociación, en el rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus planteadas por los detenidos políticos o sus familiares y en la omisión de dar trámite a las denuncias de torturas formuladas".
En Salta, el viernes pasado, Lona fue citado a indagatoria por el juez federal Fernando Poviña por su participación en la Masacre de Palomitas, como se conoció el asesinato de once presos políticos el 6 de julio de 1976, y por la desaparición del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone.
Lona se abstuvo de declarar el mismo día que recibió otra mala noticia: la Sala II de la Cámara de Casación dejó sin efecto una resolución que había declarado prescripta la investigación contra el ex juez por encubrimiento del secuestro de Víctor Apaza.
UN JURY DEMORADO. Hooft logró por ahora evitar la indagatoria con medidas dilatorias. Sin embargo, luego demorarla por ocho años, deberá enfrentar el próximo 17 de marzo un jury de enjuiciamiento, acusado por rechazar habeas corpus y haber garantizado la impunidad de las fuerzas represivas.
UN JURY DEMORADO. Hooft logró por ahora evitar la indagatoria con medidas dilatorias. Sin embargo, luego demorarla por ocho años, deberá enfrentar el próximo 17 de marzo un jury de enjuiciamiento, acusado por rechazar habeas corpus y haber garantizado la impunidad de las fuerzas represivas.
El juez marplatense fue suspendido, tiene prohibido salir del país y el 40 % de su sueldo es embargado cada mes. Sin embargo, conserva sus fueros y ha logrado desde 2012 evitar cinco veces la indagatoria.
En Neuquén, días atrás, el fiscal Adrián García Lois pidió la indagatoria de nueve ex jueces y fiscales federales y provinciales de Neuquén y de Río Negro para investigar su rol en la última dictadura.
En Neuquén, días atrás, el fiscal Adrián García Lois pidió la indagatoria de nueve ex jueces y fiscales federales y provinciales de Neuquén y de Río Negro para investigar su rol en la última dictadura.
En complicidad con las fuerzas represivas, los ex funcionarios judiciales "habrían prestado una colaboración indispensable al personal militar, de policía local y federal, como asimismo penitenciario, para la comisión de delitos tales como detenciones ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas con presunta eliminación física".
El fiscal de la causa pide que respondan por el delito de privación ilegal de la libertad seguida de muerte.
Enterate los secretos del caso que conmovió al país
La periodista Candelaria Schamun indagó en el lugar de los hechos y desde los primeros días la desaparición de Candela Rodríguez. Pudo reconstruir su historia y una hipótesis.
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El fiscal de Morón Mario Ferrario pidió que cinco imputados por el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez, asesinada en el partido bonaerense de Hurlingham en 2011, vayan a juicio oral, informaron fuentes judiciales. Ferrario consideró que deben responder por el delito de "privación ilegal de la libertad seguida de muerte" Leonardo Jara (35), Hugo Bermúdez (54), Fabián Gómez (43), Néstor Altamirano (56) y Gladys Cabrera (43), a quienes atribuyó distintos roles en el hecho.
La requisitoria de elevación a juicio fue formulada por el fiscal al juez de Garantías Gustavo Robles, quien en los últimos días comenzó a darle vista a cada una de las partes para que se pronuncien al respecto. Uno de los abogados de la madre de Candela, Fabián Améndola, dijo a Télam que aún no fue notificado de la medida, en tanto los defensores comenzaron a analizar el pedido del fiscal y se espera que se opongan.Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011, cuando esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts al que pertenecía, y el 31 de agosto del mismo año apareció asfixiada dentro de una bolsa, a 30 cuadras de su casa.
Las fuentes dijeron a Télam que en su requisitoria, de 200 páginas, el fiscal le atribuyó a Jara haber realizado la llamada intimidatoria que la tía de la niña recibió el 28 de agosto, tres días antes del hallazgo del cadáver de Candela. "Hasta que esa conchuda no devuelva la guita, a la nena no la vas a ver nunca más. Que le pregunte al marido donde dejó la guita", se escucha en el llamado analizado por peritos de Gendarmería, que consideraron que ese patrón de voz arroja total coincidencia con Jara.
Como móvil del homicidio, el fiscal señaló una venganza contra Alfredo Rodríguez, padre de Candela, por parte de una banda de piratas del asfalto, una hipótesis que se manejó desde el comienzo de la causa. Estos cinco imputados estuvieron detenidos en el marco de este expediente, pero luego recuperaron la libertad cuando la Cámara de Apelaciones de Morón anuló gran parte de la causa. Actualmente, sólo se encuentra en prisión Jara, pero por otro homicidio anterior al de Candela.
La requisitoria de elevación a juicio fue formulada por el fiscal al juez de Garantías Gustavo Robles, quien en los últimos días comenzó a darle vista a cada una de las partes para que se pronuncien al respecto. Uno de los abogados de la madre de Candela, Fabián Améndola, dijo a Télam que aún no fue notificado de la medida, en tanto los defensores comenzaron a analizar el pedido del fiscal y se espera que se opongan.Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011, cuando esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts al que pertenecía, y el 31 de agosto del mismo año apareció asfixiada dentro de una bolsa, a 30 cuadras de su casa.
Las fuentes dijeron a Télam que en su requisitoria, de 200 páginas, el fiscal le atribuyó a Jara haber realizado la llamada intimidatoria que la tía de la niña recibió el 28 de agosto, tres días antes del hallazgo del cadáver de Candela. "Hasta que esa conchuda no devuelva la guita, a la nena no la vas a ver nunca más. Que le pregunte al marido donde dejó la guita", se escucha en el llamado analizado por peritos de Gendarmería, que consideraron que ese patrón de voz arroja total coincidencia con Jara.
Como móvil del homicidio, el fiscal señaló una venganza contra Alfredo Rodríguez, padre de Candela, por parte de una banda de piratas del asfalto, una hipótesis que se manejó desde el comienzo de la causa. Estos cinco imputados estuvieron detenidos en el marco de este expediente, pero luego recuperaron la libertad cuando la Cámara de Apelaciones de Morón anuló gran parte de la causa. Actualmente, sólo se encuentra en prisión Jara, pero por otro homicidio anterior al de Candela.
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ESTÁ ACUSADO POR LOS CASOS RAGONE Y PALOMITAS
El exjuez federal de Salta se presentó al mediodía de ayer ante el juez subrogante Fernando Poviña.
Tal como estaba previsto, ayer se presentó en el Juzgado Federal de Salta el exmagistrado de ese fuero, Ricardo Lona, para ser indagado por el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone y por la masacre de Palomitas, ocurridos en 1976.
Lo hizo al mediodía ante el juez tucumano subrogante Fernando Poviña, quien se hizo cargo de estas causas impulsadas por los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Lona se abstuvo de declarar y presentó un escrito con los descargos de ambas imputaciones.
Cuando el exmagistrado ingresaba al edificio de España y Deán Funes, se encontró con Fernando Pequeño Ragone, quien le preguntó dónde está el cadáver de su abuelo. Lona le respondió que nada sabe de lo sucedido con el exgobernador secuestrado y desaparecido en marzo de 1976. A la salida del juzgado,
Nora Leonard, hermana de una de las víctimas de Palomitas, también le pidió una respuesta sobre la matanza de 11 personas en el paraje homónimo, el 6 de julio de 1976. Lona, que se desempeñaba como juez federal en esta época, le respondió en los mismos términos que a Pequeño.
El fiscal Horacio Azzolín señaló que “más allá de que Lona no haya declarado era importante que se dé este paso y ahora esperamos que el juez resuelva sobre las imputaciones en su contra”.
Lo hizo al mediodía ante el juez tucumano subrogante Fernando Poviña, quien se hizo cargo de estas causas impulsadas por los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Lona se abstuvo de declarar y presentó un escrito con los descargos de ambas imputaciones.
Cuando el exmagistrado ingresaba al edificio de España y Deán Funes, se encontró con Fernando Pequeño Ragone, quien le preguntó dónde está el cadáver de su abuelo. Lona le respondió que nada sabe de lo sucedido con el exgobernador secuestrado y desaparecido en marzo de 1976. A la salida del juzgado,
Nora Leonard, hermana de una de las víctimas de Palomitas, también le pidió una respuesta sobre la matanza de 11 personas en el paraje homónimo, el 6 de julio de 1976. Lona, que se desempeñaba como juez federal en esta época, le respondió en los mismos términos que a Pequeño.
El fiscal Horacio Azzolín señaló que “más allá de que Lona no haya declarado era importante que se dé este paso y ahora esperamos que el juez resuelva sobre las imputaciones en su contra”.
Fuente El Tribuno
El ex juez Lona tenía que asistir a la indagatoria prevista para hoy. Por eso convocaron a un escrache al hombre vinculado a la dictadura.
“Todos al juzgado federal España y Deán Funes, desde las 11 de la mañana por primera vez es indagado el partícipe necesario del genocidio en Salta ex juez federal Ricardo Lona. Los imposible solo tarda una poco más Juicio y Castigo a los Genocidas. Militares, Civiles, y Funcionarios de la Justicia !!!!”, la invitación circula por las redes sociales.
Guillermo Posadas, presidente de la Corte de Justicia
El presidente de la Corte de Justicia de la Provincia, se excusó en 2013 de participar en el trámite y resolución de un pedido de sanción que el Alto Tribunal tiene en análisis contra el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 5ta. Nominación, Federico Augusto Cortés.
Cortés fue denunciado por la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico (COPAUPS), por haber suspendido la ejecución de una sanción dispuesta por ese organismo contra el dueño de una sandwichería, que se había negado a retirar un toldo y pintura del frente del local, colocados fuera de las normas establecidas en el Plan Regulador del Área Centro, que aplica la COPAUPS.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, había declarado válida esa decisión, pero el juez Cortés admitió después un recurso de amparo y una medida cautelar presentados por el dueño de la sandwichería contra esa sanción de la COPAUPS confirmada por la Cámara. El organismo, autoridad de aplicación de la Ley Provincial 7418 de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico, recurrió el fallo del juez Cortés ante la Corte de Justicia que el 21 de marzo 2013 hizo lugar a la apelación de la CoPAUPS y dejó sin efecto la cautelar dictada por el magistrado que había desconocido una sentencia de un tribunal de alzada. Este hecho es el origen de la denuncia contra el juez Cortés por mal desempeño.
Para el caso, la Corte sorteó un juez instructor, para analizar la conducta del juez. La tarea recayó en el magistrado de la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Marcelo R. Domínguez, quien ya produjo dictamen, aunque no tiene carácter vinculante.
La Corte tiene para resolver el pedido de sanción administrativa, pero el presidente del máximo tribunal, se excusó de actuar en todo el trámite y no interviene, en razón de que su hijo, José Blas Posadas Saravia, es el abogado firmante de la denuncia contra el juez.
Los miembros del Tribunal de Juicio de Orán, decidieron dictar la libertad de un joven a condición de que, además de cumplir con otros requisitos, estudie y se inscriba para ello en el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar).
El titular del ANSES en Salta, Ernesto Martínez, entendió que la resolución se enmarca en la constitución, al momento de indicar que el derecho de estudiar y desarrollarse es para todas las personas, se encuentren o no en una situación de encierro. De hecho, indicó que podría existir la posibilidad de estudiar el tema para que el derecho también sea accesible para aquellos chicos que se encuentran en contextos de encierro por tener conflictos con la Ley Penal.
Según la resolución de los jueces, el joven fue condenado por ser coautor penalmente responsable del delito de robo, y además de estudiar, deberá presentarse ante el Tribunal cada seis meses.
En parte del fallo al que tuvo acceso Nuevo Diario, se indicó que el joven condenado, se encontraba con otros tres que interceptaron a un hombre mientras se trasladaba en una bicicleta todo terreno atravesando la cancha Los Jesuitas del Asentamiento Nueva Esperanza de Colonia Santa Rosa (Orán).
La víctima fue rodeada por cuatro personas, momento en el cual uno de los atacantes que tenía una bolsa con poxirrán, le pidió cigarrillos, luego dinero, y ante la negativa de la víctima le dijo "anda a traer de tu casa diez, cien, mil pesos ya". Otro sacó un cuchillo y le pidió que vaya a traer la plata. La víctima logró correr y el joven que ahora está obligado a estudiar, desistió de perseguirlo, mientras que los demás siguieron, sin poder alcanzarlo finalmente.
Más del 60% está estudiando
De los 33 mil inscriptos hasta el momento en el Programa de Respaldo para Estudiantes de Argentina (Progresar), unos 21 mil chicos se encuentran ya estudiando, mientras que los 12 mil restantes quieren iniciar sus estudios.
Según lo informado por la provincia, actualmente son 50 mil los jóvenes de entre 18 y 24 años que cumplen con los requisitos para poder acceder a este nuevo programa que les permite garantizar su derecho a la educación. El ministro de Educación, Roberto Dib Ashur, sostuvo que "el gran desafío es llegar a toda la población objetivo y posibilitar que estos 50.000 chicos puedan continuar con sus estudios y completarlos. Con este programa los jóvenes tienen la oportunidad de ser acompañados y respaldados por el Estado para poder capacitarse y de esta forma contar con una nueva herramienta de progreso". El grupo familiar de un soltero son sus padres, y entre ambos sueldos no se puede superar el monto indicado. En el caso de los jóvenes en pareja, el análisis se hace sobre el salario que cobre el joven (en caso de tener trabajo), y su conviviente.
L.A recibió una condena agravada por la guarda. (Se respeta su identidad por las menores).
El tío que abusó de sus dos sobrinas deberá estar preso 11 años. Las autoridades escolares, informaron a la madre los hechos que la pequeña ya había manifestado en la escuela, en tanto la otra joven tenía escrita una carta que la madre encontró.
L.A. de 54 años, fue condenado por la Sala Tercera del Tribunal de Juicio, a 11 años de prisión efectiva por resultar autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, en perjuicio de dos sobrinas menores de edad.
Asimismo, los magistrados ordenaron que el imputado permanezca alojado en la cárcel penitenciaria local.
El hecho
La denuncia fue presentada en noviembre de 2012 por la madre de las dos menores de 16 y 9 años, quien encontró una carta de una de las jovencitas antes de intentar suicidarse.
En la misma relataba que en agosto de ese año, su tío, L.A. había abusado de ella un día que se encontraba sola en casa.
La adolescente manifestó que no había revelado antes el accionar de su tío porque la había amenazado con hacerle daño a su abuelo, a su madre y a su hermana.
Posteriormente, de la declaración en Cámara Gesell surgió que la hermana menor de la damnificada también había sido víctima de tocamientos impúdicos por parte de su tío.
La niña de 9 años ratificó en esa oportunidad lo que le había relatado con antelación a su maestra, un día que le mostró una hoja de afeitar que le había sustraído a su hermana mayor, y con la cual ésta había intentado quitarse la vida.
Las autoridades de la escuela advirtieron a la madre de las menores lo sucedido.
Reincidente
El juez Pablo Farah, condenó a José Antonio Vilte de 24 años, a seis meses de prisión efectiva por ser responsable del delito de hurto con escalamiento en grado de tentativa. Esta condena fue unificada con una anterior de tres años de ejecución efectiva. El condenado robó en barrio Boulogne Sur Mer.
