La norma había sido sancionada en la Legislatura porteña luego de que Macri emitiera un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ante las difusas versiones periodísticas de una posible intervención estatal del multimedios por parte del gobierno nacional. Por ese motivo, la AFSCA, que es la autoridad de aplicación de la ley a nivel nacional, hizo una presentación ante el fuero contencioso administrativo federal, encargado de dirimir planteos que emanan del derecho público. Pidió que se la declare inconstitucional por vulnerar, principalmente, la supremacía de las leyes establecida en la Constitución Nacional. En la práctica, la norma porteña que está en vigencia deja sin efecto la Ley de Medios en la jurisdicción de la Ciudad y recorta las facultades de la AFSCA, a pesar del fallo de la Corte Suprema que el 29 de octubre pasado declaró constitucional todo su articulado.

El 8 de julio de 2013, la AFSCA solicitó la inconstitucionalidad de 19 artículos de la Ley 4565 por violentar competencias federales en la regulación de servicios de comunicación audiovisual y facultades propias del Estado nacional. Entre otras, restringe su poder de policía para evitar que haya interferencias en el sistema de comunicaciones que opera los vuelos en el Aeroparque Metropolitano, lo que pone en riesgo la seguridad aeroportuaria. Esa demanda solicitaba además que se otorgue una medida cautelar para suspender la ley local, algo que fue rechazado por la jueza Liliana Heiland, lo que motivó que la AFSCA apelara a una instancia superior. La demanda iniciada por la AFSCA tiene a su favor jurisprudencia emanada por la propia Corte Suprema. Los antecedentes se remiten a fallos del máximo tribunal contra leyes locales que intentaron regular servicios audiovisuales en San Luis, Neuquén, Formosa, Corrientes, Tierra del Fuego y Misiones. En todas, la Corte fue taxativa: ninguna norma de orden local puede regular una materia de competencia federal. 

Sin embargo, sorpresivamente, el gobierno de la Ciudad, al contestar por escrito la demanda, solicitó hace unos días la incompetencia del fuero contencioso administrativo en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) o, en su defecto, del fuero en lo civil y comercial federal, lo que no registra antecedentes. De prosperar la intentona judicial del PRO, implicaría que se aparte a los actuales jueces y que quien trate la ley ideada por el macrismo sea la misma cámara que fue denunciada por beneficiar al Grupo Clarín a lo largo de todo el trámite por la Ley de Medios. 

Varios de los camaristas que la integran fueron denunciados por haber aceptado –en pleno análisis de la ley– un viaje a Miami a un seminario organizado por la asociación Certal, una entidad que aborda temas referidos a las telecomunicaciones y que tiene entre sus principales dirigentes a directivos de Clarín. Además, se los acusó de haber designado de manera irregular a jueces jubilados para que se encargaran del expediente. La maniobra fue completada con el otorgamiento de medidas cautelares que beneficiaron al holding al suspender la plena aplicación de la ley por tres años desde su sanción.  

 

TRIBUNAL. El 13 de febrero pasado, el máximo tribunal porteño se abocó también a la denominada Ley en Defensa de la Libertad de Expresión. En rigor, con votación dividida, desestimó dos recursos sobre los que se negó a habilitar el tratamiento. Esto significa que, lejos de avalar la ley impulsada por el macrismo a instancias del Grupo Clarín, el TSJ rechazó abrir el debate sobre los planteos de inconstitucionalidad presentados, entre otros, por la Defensoría General de la Ciudad. Los jueces José Casás, Ana María Conde e Inés Weinberg de Roca votaron por no admitir el tratamiento de los pedidos por no estar correctamente fundados. En cambio, los jueces Luis Lozano y Alicia Ruiz votaron por abrir el expediente y analizar los planteos realizados contra la ley. De esta forma, por decisión mayoritaria no hubo un examen y mucho menos un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. Esto significa que una nueva demanda planteada de manera adecuada podría volver a escalar al TSJ que recién entonces comenzará a valorar la constitucionalidad de la norma. 

 

ADECUACIÓN. Mientras tanto, el Grupo Clarín volvió a apelar al fuero civil y comercial para resolver una demanda vinculada con la Ley de Medios. Allí, solicitó la inconstitucionalidad de un decreto y de las resoluciones de la AFSCA que reglamentaban el procedimiento de adecuación de oficio, que quedó en suspenso con la presentación y posterior aceptación de su plan de adecuación voluntario a la ley. Pero lo paradójico es que Clarín cuestionó la validez constitucional de un decreto de la administración y de resoluciones administrativas, y la eficacia de un acto administrativo, como lo fue la resolución del directorio de la AFSCA que dio inicio a la adecuación de oficio. Todas esas cuestiones que hacen a la validez de actos administrativos y que involucran a un organismo público deben tramitarse ante el fuero en lo contencioso administrativo federal. Pese a ello, el holding recurrió a la cuestionada Cámara Civil y Comercial Federal. Siguiendo el trámite habitual, se le corrió vista a la fiscalía para que se expida sobre la competencia del tribunal para continuar con la demanda, el que dictaminó que no correspondía a ese fuero llevarla adelante sino que al contencioso. La misma postura fue compartida por el juez de primera instancia Horacio Alfonso, quien se declaró incompetente. 

No conforme con ello, Clarín apeló la decisión ante la cámara, que en una cuestionada decisión avaló su propia intervención en el expediente, en contra de la jurisprudencia, del fiscal y del juez de primera instancia. «

 

 

Los pasos del conflicto