Tiempo Argentino

Después de trece días de paro ininterrumpido, el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires llegó a la justicia. El defensor del Pueblo provincial, Carlos Bonicatto, presentó ayer un recurso de amparo para que se obligue a los docentes a deponer la medida de fuerza que impide el arranque de clases en las escuelas públicas del distrito desde el 5 de marzo pasado.

El escrito, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, busca "garantizar el acceso a la educación de todos los alumnos" que concurren a los establecimientos educativos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación "ante la omisión en el dictado de clases por las medidas de fuerza por tiempo indeterminado adoptadas por las asociaciones sindicales FEB, SUTEBA, AMET, UDA, SADOP y Udocba". Con este objeto, el defensor solicita una medida cautelar, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, para que "se ordene cumplimiento inmediato y urgente del dictado de clases en todos los niveles educativos". 

El amparo recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata, a cargo de Francisco Terrier. La intención es que las clases arranquen el próximo martes y que la negociación por los salarios siga pero sin interrupción de la actividad escolar. En el escrito se pidió incluso que la medida cautelar se conceda "con habilitación de días no hábiles", para que haya una resolución durante el fin de semana.

Bonicatto explicó a este diario que el paro "provoca la afectación del derecho de educación de los niños", lo que colisiona con el derecho de huelga de los gremios. Por esta razón, se le pidió al juez que dé "preeminencia" a la protección del interés superior del niño contemplado por la Constitución nacional y provincial, y el Pacto San José de Costa Rica, entre otros.
"Hay una situación de arbitrariedad y también de discriminación ya que los alumnos que concurren a escuelas privadas están teniendo clases y no así las escuelas públicas", agregó Bonicatto.

El recurso judicial llegó tras la frustrada mediación en la Defensoría del Pueblo y la insistencia de los gremios de continuar con las medidas de fuerza por tiempo indeterminado. El jueves hubo una reunión de la comisión técnica salarial –tras la audiencia convocada por el ombudsman– pero que no llegó a ningún acuerdo. El gobierno ofreció adelantar hasta tres puntos porcentuales en la primera cuota del aumento del 30,9% que ya había sido rechazado por FEB, SUTEBA, UDA, AMET y SADOP, los integrantes del Frente Gremial Docente.

Frente a la negativa de los sindicatos, el gobernador Daniel Scioli anunció la liquidación por decreto del incremento que lleva el salario para el que recién se inicia de los 3600 pesos actuales a 4393 pesos en marzo y a 4717 en agosto. La primera cuota, que implica una suba promedio del 20,9%, será percibida por los maestros en los primeros días de abril.

El Ejecutivo provincial apuesta a que la justicia consiga lo que la conciliación obligatoria no pudo hasta ahora. Si eso ocurre pero los gremios deciden no cumplir la orden judicial, evalúan un plan B. La directora general de Cultura y Educación, Nora De Lucía, adelantó ayer que trabajan en una "ley de emergencia" para garantizar el servicio educativo "con docentes de institutos superiores". Evitó, no obstante, dar detalles y aclaró que es "una posibilidad", pero pidió esperar a que la justicia se expida.

"No entendemos la posición intransigente de los dirigentes gremiales", dijo De Lucía, y explicó que el 30,9% de aumento ofrecido por el gobierno "va para todos los maestros, que venían más rezagados respecto de los profesores".

La funcionaria dijo que durante la última reunión los dirigentes gremiales dijeron "es el 35% o nada", en referencia al titular del SUTEBA, Roberto Baradel, y la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, recordó que, de los 320 mil maestros de la provincia, sólo "cinco mil docentes tienen un cargo" y sostuvo que con el aumento salarial que se liquidará por decreto, "el 40% de los maestros va a estar en una franja de 9000 a 12 mil pesos de sueldo".

La ministra volvió a repudiar las agresiones sufridas por ella, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez; el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, y la ministra de Economía, Silvina Batakis, quienes fueron insultados y apedreados cuando se retiraban el jueves de la reunión en la Defensoría del Pueblo. Batakis recibió el impacto de un ladrillo en la pierna. "No es justo que uno, que apuesta ideales, sufra estas cosas. Tenemos que interpelar como sociedad qué nos está pasando que llegamos a esto", dijo antes de asegurar que "los docentes se tienen que plantear si quieren que alguien tan violento los represente".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, se mostró confiado en que la presentación de la Defensoría "sea tomada rápidamente por la justicia y que empiecen las clases el martes, que es el primer día hábil" de la semana.

Pérez recordó que en la presentación se tomaron en cuenta "dos derechos en colisión: el derecho de aprender de los chicos y de protestar de los docentes, y a nosotros se nos pide que hagamos el esfuerzo para que el martes haya clases".

El funcionario no cerró la posibilidad de volver a convocar a los sindicatos pese al cierre por decreto de la suba de 30,9 por ciento: "Los maestros van a encontrar en nosotros diálogo y van a resolver el problema." Advirtió también que los 13 días de paro podrían recuperarse con más horas de clase en las primeras semanas, reviendo el receso escolar de invierno, con fines de semana o con jornadas especiales en las que se recuperen los contenidos perdidos en este tiempo. Por su parte, la agredida ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo ayer: "Yo no creo que la agresión haya sido en particular hacia mí, si bien yo fui la que recibí el ladrillazo, es una violencia hacia las instituciones, hacia nuestra democracia, hacia la posibilidad de construir un futuro mejor para todos."

Los gremios, en tanto, definen cómo sigue el plan de lucha. El plenario de secretarios generales del SUTEBA resolvió ayer dar continuidad al paro provincial y participar de la jornada nacional de movilización de CTERA convocada para el 26 de marzo, que incluirá una marcha al Ministerio de Educación de Nación. Además, los dirigentes repudiaron los hechos de violencia ocurridos en La Plata.

Roberto Baradel acusó ayer al gobierno de Daniel Scioli de "cerrazón" y falta de "flexibilidad" para resolver el conflicto con los docentes y reiteró que el único "trasfondo político" que hay detrás de la protesta de los maestros es que "los docentes cobren un salario digno".

La FEB, en tanto, llamó a sus secretarios generales para debatir y analizar el conflicto durante un congreso que se llevará adelante hoy en la sede central del gremio. Sobre el amparo, Mirta Petrocini dijo ayer que "si la justicia resuelve, lo evaluaremos y estudiaremos con abogados para ver si acatamos un eventual fallo". «

Marcha opositora

Sindicatos y seccionales disidentes de CTERA y SUTEBA realizaron ayer una "Marcha Blanca" desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo y reclamaron a la conducción de la central docente a cargo de Stella Maldonado un paro nacional que acompañe la marcha del miércoles al Ministerio de Educación.

Según los organizadores, la Marcha Blanca Federal reunió a 5000 maestros de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Formosa, entre otras, además de la Ciudad de Buenos Aires.

También estuvieron en la movilización referentes políticos y dirigentes de izquierda, entre ellos Jorge Cardelli, ex dirigente de CTERA, la ex diputada Vilma Ripoll, el diputado nacional Néstor Pitrola y Alejandro Bodart, legislador porteño.

Durante la movilización y en el escenario se explicó que, además del pedido de 8500 pesos de mínimo, el reclamo incluye un pedido de aumento del básico de convenio porque un pequeño porcentaje de los aumentos va a esa parte del salario conformado del docente, lo que termina achicando la pirámide salarial.

En la movilización hubo críticas a la conducción nacional de CTERA y a la de SUTEBA.