Nota de Tiempo Argentino

 

El debate por la regulación de la protesta social suma nuevas voces. En todos los casos, sigue anteponiéndose como condición encontrar mecanismos que garanticen la no criminalización de los reclamos, entendidos como un derecho fundamental.

 

En esa línea se manifestó ayer el senador provincial del Frente para la Victoria (FPV) Luciano Martini, quien sostuvo que "la regulación de la protesta tiene que ver con el derecho a la convivencia social, que es parte de la vida dentro de un sistema democrático, pero de ninguna manera se busca criminalizar el reclamo".

 

También sentó posición el diputado provincial del FPV Guido Lorenzino. En su caso, remarcó la necesidad de "dar un marco regulatorio a los reclamos", haciendo referencia a las palabras pronunciadas por la presidenta Cristina Fernández en su reciente discurso ante la Asamblea Legislativa. 

 

En diálogo con la agencia Télam, Martini consideró: "Creo que la Argentina, luego de transcurrida la crisis social, económica, política e institucional, como fue la de 2001 ha logrado avances profundos, reconocidos por todas las fuerzas políticas en lo que hace a la baja del desempleo, a la cantidad de fábricas abiertas, a la mejora reconocida internacionalmente en materia de seguridad social."

 

Para el senador kirchnerista, es fundamental "buscar un equilibrio en la convivencia de los intereses contrapuestos". Además, destacó la necesidad de "lograr que los partidos políticos puedan regular la protesta social, pero nada tiene que ver esto con criminalizarla, sino para hacer vivible entre todos este país".

 

Sobre los derechos en juego, Martini pidió abrir el debate. "Muchas veces se considera que la protesta con corte de calle es la única manera de tomar dimensión social a través de los medios de comunicación y esto no es así", consideró el legislador.

Martini agregó que "lo importante es que no se violen los derechos de otros ciudadanos, como el de circular libremente para cumplir con sus deberes y obligaciones como ir a trabajar, a estudiar o a un hospital".

 

En el caso de Lorenzino, señaló que "en el contexto de país que hoy vivimos y con la recuperación económica y social de estos diez años, se hace necesario que los reclamos de cualquier tipo y por justos que sean tengan un marco regulatorio".

 

El legislador sciolista destacó que el planteamiento sobre las protestas es pertinente, "en particular, cuando ellos impiden a cientos de miles de ciudadanos circular libremente". Por eso pidió una regulación para "adecuar el reclamo a esta situación, ya que los mismos han sido emergentes de la crisis del 2001, situación que en nada tiene que ver con este presente".

 

Para Lorenzino, además, "el Parlamento debería dar este debate junto con la Legislatura de la provincia en declarar servicio esencial la educación", retomando palabras del vicegobernador Gabriel Mariotto, "con lo cual el reclamo docente también debería tener un marco regulatorio" que les permita expresarse u reclamar pero jamás poner en riesgo el derecho humano a la educación".

 

En contra

 

La CGT cordobesa rechazó proyecto para garantizar servicios esenciales durante una huelga.