Así surge al menos al tener en cuenta el accionar la Secretaría que sigue autorizando la convocatoria a audiencias públicas, un paso más para autorizar los desmontes pese a las irregularidades que se denuncian.

La Coordinadora Zonal de la Tierra de la Ruta Nacional 81 envió un documento dirigido al actual secretario de Ambiente, Gustavo Paul, en el cual sostienen que los permisos de aprovechamiento forestal que la Secretaría autoriza en la zona a titulares registrales "que arriendan o venden sus guías a terceros y están provocando malestar que perturban la paz social". Al indicar los casos en los cuáles tienen pruebas de esta irregularidad, sostuvieron que Ambiente "nos está desconociendo y está avasallando nuestros derechos como poseedores y ciudadanos salteños ya que los afectados directos ante estos permisos otorgados son familias campesinas que sufren el atropello y prepotencia por quienes llegan a destrozar el monte". 

Otro de los ejemplos fue la convocatoria a audiencia para desmontar en la Finca Pluma de Pato tras una expedita recategorización de las tierras para ponerlas en lo que Ambiente llama "producción", y que para los campesinos significa desalojos y conflictos.

Indicaron que en este caso "no se comunicó por parte del Estado Provincial a las familias afectadas por este desmonte, desconociendo el pedido por parte de los jueces de la Corte Suprema de Justicia cuando fue la audiencia en febrero de 2009 por la cautelar que frenó los desmontes en 4 departamentos de la provincia". Recordaron que en aquella audiencia los jueces dejaron en claro a  la provincia que las audiencias realizadas por el estado provincial eran "por lo menos cuestionables", y que no debían continuar "con este tipo de prácticas y de ese momento en adelante debían garantizar los derechos a las familias campesinas y comunidades indígenas afectadas", dado que las comunicaciones debían hacerse "con tiempo". Por el contrario, pese a los pedidos de suspender las audiencias ante la falta de información, Ambiente siguió adelante con las convocatorias en más de una ocasión.

Un  Gobierno cómplice

"Desde hace años los campesinos y comunidades indígenas venimos soportando atropellos y violencia por parte de los empresarios que por tener un permiso otorgado por la provincia creen que pueden venir a nuestra tierra a humillarnos y agredirnos, con la impunidad que le brinda el dinero y sus padrinos políticos...las organizaciones campesinas vamos a defender nuestros derechos como habitantes, campesinos y productores que viven desde hace más de 70 años en nuestro monte chaqueño, en esta tierra que nos pertenece", dice el comunicado enviado por la Zonal. Al hacer responsables al Gobierno y la Secretaría de Ambiente por el "quiebre de la paz social", sostuvieron que se quiere "volver a repetir experiencias pasadas donde en pos de un supuesto aprovechamiento forestal", al "producir los desmontes indiscriminados con el no cumplimiento de las leyes y los reglamentos que reflejan la ausencia del estado.  Fuente El Nuevo Diario de Salta