El jefe de gobierno porteño desoye dos fallos judiciales. La iniciativa había sido votada incluso por la bancada del PRO.
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Desde hace más de cinco años, el gobierno porteño de Mauricio Macri demora la reglamentación de la ley 2939, que brinda asistencia y acompañamiento a testigos de juicios por delitos de lesa humanidad. El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad pidió ayer a la justicia que intime al jefe de Gobierno a poner en funcionamiento la ley que en 2008 fue votada por todos los bloques de la Legislatura, incluido el PRO.
"Pedimos una intimación al gobierno de la Ciudad bajo apercibimiento de sanciones económicas para el jefe de gobierno, quien es el encargado de reglamentar la ley. Están agotados los plazos y el gobierno debería cumplir", señaló el abogado Demian Konfino, del ODH, quien explicó que en el ámbito porteño no hay ninguna medida institucional para acompañar a las víctimas y testigos del terrorismo de Estado.
Desde su sanción en noviembre de 2008, dos fallos le ordenaron al gobierno porteño la puesta en funcionamiento de un programa de asistencia de querellantes y testigos. Sin embargo, bajo el argumento de la división de poderes, el macrismo consideró que la decisión de reglamentar una ley es exclusiva del Ejecutivo y apeló las distintas sentencias demostrando la voluntad para que no se aplique la norma.
En 2012, a partir de la denuncia de la ODH y de la agrupación HIJOS Capital, el juez Juan Vicente Cataldo ordenó al ejecutivo porteño la reglamentación de la ley en un plazo de 20 días. El magistrado había considerado que la reglamentación de una ley "no es una facultad optativa de la Administración, cuando ella le fue ordenada por tal norma de superior jerarquía", en referencia a que la propia ley ordenaba la reglamentación en un máximo de 60 días.
Como la gestión macrista apeló la decisión, la causa llegó a la Sala III Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario que en octubre del año pasado confirmó la sentencia de primera instancia.
A pesar de los dos fallos en contra, el ejecutivo insistió en que es su potestad reglamentar o no la norma, por lo que presentó un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, la última instancia judicial porteña, que aún debe decidir.
"Exhortamos al Jefe de Gobierno a respetar los fallos judiciales y actuar en consecuencia. Este ODH agotará todas las vías hasta lograr la satisfacción del principio republicano de gobierno, por el cual el Poder Ejecutivo de la Ciudad debe acatar los fallos del Poder Judicial", señaló el organismo en un comunicado.
La ley 2939 regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en la Ciudad, una de las jurisdicciones que concentra una gran cantidad de procesos como el juicio oral ESMA III, el mayor realizado en el país. "Al no reglamentarse, ningún programa se encuentra a disposición de los protagonistas del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia”, advirtió el ODH.
