TAMBIÉN INICIARON ACCIONES CONTRA UNA ASESORA QUE INTERVINO EN EL CASO
Demandaron un jury para el magistrado que ordenó que siguiera el embarazo de una nena que había sido violada.
Organizaciones salteñas de derechos humanos hicieron una presentación formal ayer para que se inicie un jury de enjuiciamiento contra el juez y la asesora de menores que trataron de impedir que abortara una nena de 13 años violada y embarazada por su padrastro en noviembre. Los magistrados intentaron prohibir la intervención pese a que está permitida en estos casos.
La demanda se presentó ante la Corte de Justicia de Salta en nombre del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Fundación Entre Mujeres, la Asociación Civil Instituto Laico de Estudios Contemporáneos y la Multisectorial de Mujeres.
Las organizaciones hicieron el planteo por el caso de una niña de 13 años que llegó al Hospital Público Materno Infantil con golpes y los médicos descubrieron que era víctima del abuso sexual reiterado de su padrastro, quien quedó detenido cuando se denunció lo sucedido.
La niña tenía un embarazo de varias semanas. Ella y su madre pidieron que se realizara un aborto. Fue entonces cuando la asesora de menores Claudia Flores Larsen presentó un recurso de amparo para reclamar que se impidiera la intervención y el juez de familia Víctor Soria le hizo lugar a la solicitud.
Soria prohibió “ejecutar cualquier práctica que pudiera interrumpir la gestación natural, bajo apercibimiento de desobediencia judicial”. También dispuso que el Ministerio Público “allanara el camino para la adopción” cuando naciera el bebé.
Sin embargo, luego la Corte de Justicia de Salta consideró que el pedido de la niña y la madre era legal y el aborto se terminó realizando.
Las organizaciones reclaman porque el juez Soria falló en contra de lo que había dispuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un hecho similar en 2012. En esta causa, el máximo tribunal dejó aclarado que no se puede penar la interrupción del embarazo a víctimas de violación.
“Está claro que ninguno de los... acusados desconoce el derecho vigente; lo que ocurre, es que no concuerdan con el mismo, y han entendido que sus opiniones o creencias... pueden estar por encima de lo que dispone el orden constitucional...”, dice la presentación que llegó ayer a la Corte de Justicia de Salta.
Las organizaciones hicieron el planteo por el caso de una niña de 13 años que llegó al Hospital Público Materno Infantil con golpes y los médicos descubrieron que era víctima del abuso sexual reiterado de su padrastro, quien quedó detenido cuando se denunció lo sucedido.
La niña tenía un embarazo de varias semanas. Ella y su madre pidieron que se realizara un aborto. Fue entonces cuando la asesora de menores Claudia Flores Larsen presentó un recurso de amparo para reclamar que se impidiera la intervención y el juez de familia Víctor Soria le hizo lugar a la solicitud.
Soria prohibió “ejecutar cualquier práctica que pudiera interrumpir la gestación natural, bajo apercibimiento de desobediencia judicial”. También dispuso que el Ministerio Público “allanara el camino para la adopción” cuando naciera el bebé.
Sin embargo, luego la Corte de Justicia de Salta consideró que el pedido de la niña y la madre era legal y el aborto se terminó realizando.
Las organizaciones reclaman porque el juez Soria falló en contra de lo que había dispuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un hecho similar en 2012. En esta causa, el máximo tribunal dejó aclarado que no se puede penar la interrupción del embarazo a víctimas de violación.
“Está claro que ninguno de los... acusados desconoce el derecho vigente; lo que ocurre, es que no concuerdan con el mismo, y han entendido que sus opiniones o creencias... pueden estar por encima de lo que dispone el orden constitucional...”, dice la presentación que llegó ayer a la Corte de Justicia de Salta.
JIMENA GRANADOS
Fuente El Tribuno
