En la mañana del domingo, se retomaron las tareas para darle fin al fuego. La petrolera indicó que la explosión “afectó la totalidad de la planta”, mientras que 17 personas resultaron heridas.



El pasado sábado explotó un tanque de petróleo en una planta de YPF ubicada en Malargüe, Mendoza, y este domingo, desde bien temprano, se reanudó el operativo para poder combatir el fuego que aún afecta al lugar.

Como consecuencia del siniestro, 17 personas resultaron heridas, al tiempo que la petrolera indicó que el hecho “afectó la totalidad de la planta”.

A las 20.30 horas del sábado las autoridades ordenaron frenar el operativo porque la oscuridad de la noche dificultaba el trabajo, pero dejaron todo listo para recomenzar en el amanecer del domingo.

De esta manera, como estaba previsto, bomberos y brigadistas retomaron las tareas para controlar el fuego en la mañana. Además, los cuatro aviones hidrantes que habían quedado cargados con agua por la noche, volvieron a sobrevolar desde temprano la zona del desastre.

El operativo también incluye bombas de impulsión; camiones cisternas,  de aspiración de fluidos y uno espumígeno; un helicóptero, dos aeronaves sanitarias, tres ambulancias con personal médico y autobombas de YPF.

Por su parte, el director del Hospital Regional de Malargüe, Genaro Gerbaudo, dijo al medio El Sol Online que hasta el momento son 17 las personas que tuvieron que ser atendidas en la guardia como consecuencia de la explosión.

Entre los afectados, cinco permanecen internados, aunque su vida no corre peligro; al tiempo que el doctor indicó: "Dos presentan quemaduras leves y los otros tres tienen síntomas respiratorios y están con oxígeno en salas comunes".

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El director sacó al aire por error una imagen pornográfica sin censura, en plena emisión del programa matutino.



Un error garrafal sucedió en el canal estadounidense Fox 31 KDVR, filial de la cadena FOX en Denver, mientras se informaba acerca de la caída del helicóptero de un noticiero en Seattle, que provocó la muerte de dos de sus ocupantes.

Mientras los integrantes del panel de "Good Day Colorado" hablaban al aire, el director del programa decidió mostrar imágenes del hecho, capturadas directamente desde una precaria búsqueda en Twitter. Pero, evidentemente, ni se fijó que algunas fotos del listado no tenían nada que ver con la tragedia.

Luego de "ponchar" imágenes completamente fuera de contexto, como una de El Joven Manos de Tijera y otra de una receta de cocina, la cosa se puso peor: apareció en pantalla un pene, que llegó a salir cerca de dos segundos en vivo para toda la audiencia.



La reacción de sorpresa y vergüenza de los presentes en el estudio - sobre todo de las mujeres - no se pudo disimular. Sin embargo, ninguno hizo referencia a lo que acababa de pasar, y tratataron de continuar rápidamente con el tema del helicóptero, como si nada.

Horas después, la cadena salió a dar explicaciones en un comunicado. "Mientras se informaba del accidente del helicóptero de la KOMO-TV en Seattle, FOX 31 Denver accidentalmente emitió una fotografía ofensiva cuando navegaba en directo por una galería de imágenes de Twitter", reconocieron.

Además, según publica The Independent, quisieron aclarar que el origen de la imagen "no procedía de la tablet que estaba utilizado uno de nuestros presentadores".

¿No creen que estas cosas pasan demasiado seguido como para hablar de "accidente"?

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Unos dos mil representantes de instituciones barriales se hicieron presentes en el Cenard.



Representantes de 2 mil instituciones deportivas barriales se hicieron presentes este viernes en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en donde la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Deportiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto con el SeDRONAR lanzaron el Programa de Formación de Preventores Comunitarios en Adicciones en el marco del Deporte Social.

La implementación del Programa Nacional “Ligas Deportivas”, permite detectar distintas problemáticas sociales que se originan en los distintos contextos de influencia. Por ello la Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Deportiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en articulación con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), promueven este programa de formación de preventores comunitarios, dando respuestas a las problemáticas sociales actuales en relación al consumo de sustancias psicoactivas, posibilitando la elaboración de estrategias de abordaje, y utilizando el Deporte como una herramienta atención y prevención de adicciones.

Con la presencia de más de 2 mil personas en el interior y exterior del auditorio Presidente Perón del CeNARD, participaron del lanzamiento este viernes por la tarde el Subsecretario de Planeamiento y Gestión Deportiva, Luis Vivona; la Directora de capacitación del SEDRONAR, Betina Mateos; el diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Miguel Ángel Funes; la Coordinadora de Seguimiento Estratégico de la Comisión Nacional de Microcrédito, Lic. Patricia Fernández y concejales y consejeros escolares distritales de la provincia de Buenos Aires que acompañaron dicho acto.

La directora de capacitación del SEDRONAR, Betina Mateos, le manifestó al público presente que  la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico forma parte de este programa porque se debió “a la demanda concreta que le hicieron los miles de integrantes de las instituciones deportivas en el mes de diciembre al Subsecretario de Planeamiento y Gestión Deportiva”. “Luis Vivona, como es un compañero comprometido con cada una de las cuestiones que suceden en los barrios y que le pone la escucha a ustedes, inmediatamente me llamó y nos contó sobre la problemática de los clubes, es por eso, que la SEDRONAR dio respuesta y acá estamos”, relató.

Por otra parte, Mateos consideró a los referentes de las instituciones deportivas como personas que conocen la vida cotidiana de los chicos y jóvenes que participan de los clubes. “Es por eso,  que nosotros necesitamos de ustedes porque queremos saber que le pasa al pueblo”, agregó.

En tanto el Subsecretario de Planeamiento y Gestión Deportiva, Luis Vivona, agradeció la presencia de autoridades e integrantes de las instituciones deportivas y luego, comentó que: “Nuestra preocupación sobre las adicciones comenzó en el mes de diciembre del 2013 cuando se acercaron ustedes los representantes de instituciones deportivas para expresarnos sus problemáticas”.

Por otro lado, manifestó que: “Este programa se puede realizar por la presencia de un estado nacional, que tiene autoridades como la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, que piensan de esta forma, que es la forma de abordar y encarar los problemas que transmite la sociedad. Nuestra tarea es respaldar el trabajo que realizan ustedes silenciosamente desde hace muchísimos años”.

Así mismo señaló que: “Algunos plantearán la inseguridad con poner más o menos policías que es importante para el presente, pero nosotros planteamos prevenir la inseguridad que puede venir y esta es una de las herramientas que pone el estado a disposición”

Para finalizar, agradeció al ex secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi que fue partícipe de esta propuesta en sus años de gestión, y también al actual Secretario, Carlos Espínola, por: “Permitirnos continuar con este trabajo que venimos realizando recomponer esa célula básica de la sociedad que es la familia, y el club de barrio cumple una tarea fundamental  en la reconstrucción de la familia no sólo como deporte social sino como ámbito de cultura y educación”.

El Programa “Formación de Preventores Comunitarios en Adicciones en el marco del Deporte Social”, está dirigido a personas responsables, dirigentes, entrenadores, profesores de educación física, técnico e idóneos del ámbito del deporte social, que participen en organizaciones sociales, instituciones comunitarias e iniciativas barriales, como así también a la comunidad en general y a toda persona interesada en trabajar activamente en la construcción de estrategias preventivas de adicciones en su comunidad.

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La exigencia en el examen para ingresar a la universidad fue demasiada y el estudiante no resistió.


El sistema educativo en China es muy estricto. Los jóvenes destacan por estar excelentemente formados en distintas áreas, especialmente en matemáticas. Para conseguirlo, son sometidos a estrictos métodos educativos desde pequeños.

Las cámaras de seguridad grabaron a este estudiante durante un examen de acceso a la universidad, el cual se levanta inmediatamente de su escritorio y salta por la ventana, según el New York Daily News.

La ubicación y el nombre de la escuela aún no se han revelado, ni tampoco si el niño ha conseguido sobrevivir. Lo más inquietante de todo es que los estudiantes que dañen a sí mismos debido a la presión académica no son casos extraños en China.

A principios de este mes, se informó también de que un niño de 9 años de edad se clavó los pinchos de metal de un clasificador en el estómago tras sacar 99% en su examen. El muchacho estaba enfadado consigo mismo por no haber llegado al 100% en la prueba.

Mirá el video del trágico momento:




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Investigadores realizaron varios estudios con conejos durante cuatro años. Los resultados.



Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC) descubrieron al experimentar con conejos que el consumo de aceite de oliva no solo bajó los niveles de colesterol adquiridos con otras grasas de baja calidad, sino que repercutió en una mayor producción de espermatozoides.

"Todos sabemos los beneficios del consumo de aceite de oliva, pero lo que no se había estudiado hasta el momento y demostramos en trabajos recientes, es que cuando se alteró el colesterol en sangre en los conejos también se alteró el espermatogénesis. Esto sí es un aporte original de nuestra investigación", afirmó el titular de la carrera de Histología de la UNC, Miguel Fornés.

Durante cuatro años, un equipo de profesionales de las facultades de Medicina y Ciencias Agrarias trabajó con grupos de conejos sobre fertilidad masculina vinculada con la hipercolesterolemia y cómo el aceite de oliva lo pudo corregir.

"Lo que hicimos fue agregarle al alimento balanceado el primer jugo bovino (el que se compra en el supermercado para las empanadas) y que es muy malo para la salud porque tiene todas las grasas perjudiciales. Luego, lo reemplazamos hasta en un 50 por ciento por aceite de oliva y vimos cómo se mejoraban los parámetros de fertilidad", dijo el profesional.

El investigador contó que vieron que "el elevado colesterol provocó un aumento en la membrana del espermatozoide, y cómo ese aumento del colesterol provocó también una falta de fertilidad, luego revertida por el consumo de aceite de oliva".

Tal como sucede en una persona adulta con obesidad, a medida que aumentaba el colesterol en sangre de los animales, aumentaba también la presión, y los espermatozoides comenzaban a tener problemas y la fertilidad decaía.

"Esto no significa que traspolado a humanos funcione exactamente igual, pero lo que se puede inferir es que si un individuo consume aceite de oliva, va a tener una dieta más saludable que si no lo consume", analizó Fornés.

El aceite de oliva es una de las grasas vegetales más antiguas y compone la fuente principal de lípidos en la dieta mediterránea. Fornés explicó a Télam que trabajaron con conejos alimentados con una dieta grasa "obviamente en condiciones atípicas, dado que normalmente no consumen esas grasas, lo que promovió la hipercolesterolemia".

"Lo interesante es que al agregarle al alimento de los conejos aceite de oliva observamos que bajaban los niveles de colesterol y los acercaba casi a los normales", dijo. El investigador explicó que "no siempre el aumento de colesterol es por la misma causa. Si bien muchas veces es por una mala dieta (comida chatarra, sándwiches, carne vacuna), muchas colesterolemias pueden darse por predisposición genética o familiar".

Entonces, "una persona con estas características no puede controlarlo sólo con el consumo de aceite de oliva, entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el aceite de oliva es un alimento saludable, ayuda a mejorar muchas de estas patologías, pero no reemplaza a los medicamentos", concluyó.

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Otro sitio Web de EE.UU. publicó nuevas fotos de las diosas argentinas en Miami. Por supuesto, elogiaron sus colas. Todas las imágenes.


Karina Jelinek y su amiga Paz Cornú volvieron a hacer delirar a los estadounidenses durante sus vacaciones en las playas de Miami. Luego de que el popular sitio norteamericano TMZ les dedicara una nota (con muchas fotos) por sus atributos traseros, ahora el portal Egotastic difundió nuevas imágenes infartantes de ellas disfrutando del sol.




La Web festeja que Jelinek - quien ya apareció en la página otras veces, pero en solitario - les haya presentado de esta forma tan hot a su amiguita. "Oh, Dios. Así debe ser como se ve el cielo de las colas", bromearon los responsables de la publicación online.

Como no podía ser de otra manera, las fotos se viralizaron rápidamente por el mundo entero.







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PAULA MARONI, DE HIJOS Y REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO EN LA DIRECCION DEL ESPACIO PARA LA MEMORIA


Fue el mayor campo de concentración, tortura y ejecuciones de la dictadura, con 17 hectáreas y 32 edificios que desde hace casi diez años se reconvierten en un lugar para la verdad y la justicia. La tarea, las prioridades, las dificultades.

 Por Ailín Bullentini
Hace casi diez años, ese enorme predio que se erige sobre la Avenida Del Libertador dejó de ser la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para convertirse en “la Ex ESMA”. Pocas veces un prefijo se vio en el desafío de sostener semejante carga simbólica, la que engloba el paso de ser el mayor centro clandestino de detención y exterminio de la dictadura, a ser Espacio para la Memoria, la Verdad y la Justicia. Como resumió Paula Maroni, de HIJOS, es “un lugar que históricamente fue una herramienta utilizada en contra del pueblo y se puso a disposición del pueblo argentino”. Maroni es hija de Juan Patricio, desa-parecido desde mayo de 1977, nieta de la Madre de Plaza de Mayo Enriqueta Maroni y representante del Ejecutivo en la dirección del espacio. El trabajo allí “nunca fue sencillo”, aseguró.
A casi una década de aquella conversión simbólica, Maroni repasó las etapas del camino concreto que la baja a tierra a diario. Desde la negación de los organismos de derechos humanos a siquiera pisar ese lugar de terror que les habían arrebatado a los suyos, a la emoción sin control que los empujó adentro. Y del presidente que pidió perdón en nombre del Estado, al desafío de convertir 17 hectáreas de muerte en un gigante potenciador de memoria.
“Es la forma que yo elegí para procesar mi historia”, resolvió sencilla Maroni ante el cómo es ser familiar de desaparecido en el mismísimo hoyo de-saparecedor. De a pasitos, fue problematizando: “Debió haber sido la manera que menos me dolía entender que no es algo que me pasó a mí sino que fue parte de un proyecto. Colectivizar la lucha y mientras eso sucede, aportar y dejar una huella en la sociedad”. La clave que la relaja y la empuja, acaso compartida por tantos otros, tiene que ver con el poder ser constructivo en el epicentro del plan destructivo que comenzó hace 38 años. “Tengo mucho orgullo de esto. Pienso en mis hijos y en la historia que les puedo contar a ellos sobre su familia y el país, y le encuentro una vuelta que está buena. Porque si no hubiera existido la lucha, hubiese sido ‘y entonces el abuelo desapareció’. Fin, ahí se cortaba un relato. Hoy es diferente. Tengo la oportunidad de decirles ‘y entonces tu abuelo y sus compañeros desaparecieron, pero detrás de esto vinieron las Madres, las Abuelas y nosotros e hicimos todo esto, logramos todo esto otro’”.
–¿Qué significa que la Ex ESMA sea hoy un espacio de derechos humanos?
–Ganarle a la muerte no es sencillo, llenar este espacio de vida, 17 hectáreas, 32 edificios, no es sencillo. Después de diez años, con mucho esfuerzo, amor y compromiso, que este espacio esté abierto y con un camino ya avanzado de apertura que profundizamos cada día más, indica que esto es un proyecto de país. Es un lugar al servicio de un proyecto de país, y en ese sentido, sumamente importante para toda la sociedad. Los organismos de derechos humanos en este espacio fueron y son esenciales; fueron los primeros que se animaron a entrar, a plantar bandera y a decir que acá debían suceder cosas. Pero ellos (nosotros, porque me incluyo), como parte de la idea de no apropiarse de este espacio, sino de abrirlo instalando actividades para todos. La tecnicatura de música popular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la de periodismo deportivo que funciona en la Casa de la Militancia de la Agrupación HIJOS, las actividades gratuitas del Centro Cultural Haroldo Conti. Cada uno de los que están acá propone algo abierto al público y de nivel, ésa es la mejor manera de saldar el desafío: que la gente se vaya animando a entrar.
–¿Por qué aún cuesta tanto?
–La manera en que la gente se va apropiando de este lugar acompaña la línea histórica del país. Desde que se abrió este espacio, siempre tuvo mucho público la visita al ex Casino de Oficiales, lo que fue el núcleo duro del centro de tortura y exterminio. El público busca transitar esa experiencia particular: lo que fue el centro clandestino de detención. Este año pasaron por ahí 150 mil personas. Cuesta más que la gente llegue en busca de una actividad cultural o educativa. Que haga la resignificación del espacio. Aunque todos los días se gana un poquito, es una batalla que no está saldada. Para eso, consideramos fundamental entender qué pasa con los tres mil hombres y mujeres que llegan a diario a la Ex Esma para trabajar en todas las instituciones que hay acá y que no están directamente relacionados con los organismos. Son parte de la sociedad, tienen familias y amigos y replican lo que sucede aquí. Los integrantes de las cooperativas de Argentina trabaja que están restaurando los edificios, trabajadores y trabajadoras de diverso origen que aportan mucha riqueza a la nueva esencia de este espacio, son un aspecto más que hace a este lugar muy particular. Siempre fue un lugar particular la ESMA: en la dictadura fue particular y en la recuperación de los espacios también lo es.
–¿Siempre estuvo presente la resignificación?
–Hace diez años, en el local de HIJOS debatíamos si entrábamos o no a la ESMA: “¡No entramos y no vamos a entrar porque eso todavía es un centro clandestino de detención porque no hay juicio y castigo!”, asegurábamos. El día que Néstor (Kirchner) estuvo acá y abrió las puertas, nos abalanzamos. Después de haber tenido diez horas de debate... Una vez que se abre la puerta a la emoción y lo que te sucede es tan poderoso... Las Madres tampoco iban a entrar. Y sin embargo lo hicimos. Y dejamos flores, y lloramos, y lo sentimos. Y escuchamos un presidente que nos pedía perdón en nombre del Estado, otra cosa que tampoco imaginamos. Debates existieron y van a existir siempre. Muy pocos han podido anticipar lo que estamos viviendo. Cuando ya tenés dos mil personas trabajando en este espacio, mil cooperativistas y la vida, el día a día te salda el para dónde. No todo se puede planificar, estructurar. Los debates se saldan en la práctica.
–Qué te sorprende más de todo lo que sucede hoy en el Espacio para la Memoria que funciona en la Ex Esma...
–Hay muchas cosas que están sucediendo y que no hubiera sido posible siquiera charlar porque no las habríamos ni imaginado. Pero la presencia de las cooperativas de trabajo aquí es increíble. Es algo que Martín (Fresneda, el secretario de Derechos Humanos de la Nación) le propuso a Alicia (Kirchner, ministra de Desarrollo Social), que fue una de las primeras que nos tendieron su mano. Hubiera sido imposible plantearlo en un debate siquiera. Aquí el programa Argentina Trabaja funciona de manera ejemplar. Son mil trabajadores y trabajadores dedicados a poner en valor todos los edificios del predio mientras aprende a realizar cada trabajo: revoca mientras aprende a revocar, coloca un cemento alisado mientras aprende a hacerlo. Al mismo tiempo, participan de talleres de derechos humanos. Todos saben dónde están trabajando, porque es la manera de darle sentido. Tiene mucha mística, por más de que no sea la manera más rápida de poner a punto el espacio. Tiene mucho sentido reconstruir la Ex ESMA así. Fue recuperada para el pueblo y está siendo reconstruida por el pueblo argentino.
–¿Cuáles fueron los desafíos más grandes de mantener vivo el debate entre los diferentes integrantes del Ente?
–Acá se debate todo mucho. Siempre atado a la práctica, porque ése es el límite, pero la manera de coexistir es debatiendo todos los días cómo hacer para que cada cosa que suceda acá tenga sentido y no sea porque sí. Cada cosa que se hace acá es un rompecabezas lleno de sentidos en el cual somos muy cuidadosos. Cada paso que se da tiene un fundamento. El pasado fin de semana dio un recital Miguel Angel Estrella. Pero no fue un recital nomás: tocó Miguel Angel (pianista tucumano, secuestrado en Uruguay víctima del Plan Cóndor, militante reconocido por los derechos humanos) en el sector del predio en donde está ubicada la instalación de la Carta Abierta de Rodolfo (Walsh), realizada por León (Ferrari)... Todo está entretejido de sentido. La historia después dirá en qué nos equivocamos. Lo que siempre tendremos es un argumento para darle, en el que creímos fervientemente.
–¿Cuánto afectó ese funcionamiento interno el intercambio mediático que se dio a partir de la difusión del asado con miembros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos?
–Nos dolió sobre todo el mal uso de ese debate. Nos dolió ver a TN levantando esa noticia, ver a los compañeros en los medios de comunicación que trabajan para el poder concentrado económico de Clarín, de La Nación al servicio de hacerse agua la boca con este debate, que tiene que ser respetuoso, que se puede dar en otros ámbitos para que tenga sentido y poder sacarle el jugo a discusiones que son válidas, por más que uno no acuerde. Eso nos dio mucha lástima. Más allá, el asado, a esta altura, ya se convirtió en un concepto. Estamos convencidos de que hay tantas cosas para hacer acá que aquéllas cuyas discusiones aún no están saldadas preferimos no hacerlas. Podemos no hacer un asado si aún hay quienes se ven ofendidos. Incluso si para quien vive todos los días en la Ex ESMA, el que te la rema en dulce de leche porque labura 12 horas por día acá porque cree, porque milita todos los días ahí, hacer un asado no significa faltarle el respeto a nadie. Insisto, uno respeta en la práctica, en las convicciones, y en la lucha que uno lleva adelante. No creemos que haya una biblia sobre qué está bien, qué está mal o cómo conmemorar a nuestros muertos, tan nuestros como lo son de aquellos que piensan distinto. Preferimos no entrar en ese terreno, respetamos. Los sobrevivientes son algo muy importante para nosotros porque son los que están llevando adelante los juicios de lesa humanidad, porque son el testimonio, el dato que nosotros no tenemos.
Página/12
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UN MODELO AGOTADO EN EL MUNDO SE PROPONE AQUI COMO FUTURO

Mientras en el mundo se resquebraja el consenso represivo que sostuvo la denominada guerra contra las drogas, la cuestión es utilizada aquí con una escandalosa ligereza electoral por una liga de intendentes cuyos territorios son refugio de los principales jefes de las organizaciones criminales dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes de consumo prohibido por las autoridades sanitarias, como el corredor Vicente López-San Isidro-San Fernando-Tigre-Pilar.

Por Horacio Verbitsky
La denominada guerra contra las drogas vigente en el mundo desde 1961 se basaba en el supuesto de que una reducción de la oferta elevaría los precios en el mercado y desalentaría la demanda. Esos objetivos no se han cumplido y el número de usuarios no cesó de crecer, pese a la legislación punitiva impuesta por intereses ajenos a los nacionales, que ha llenado las cárceles de pequeños expendedores y consumidores, extendido una inmensa red de corrupción que afecta la funcionalidad de los Estados, desnaturalizado los sistemas judiciales y el rol de la policía y desequilibrado la proporcionalidad de las penas. Este desolador balance fue presentado por el director del Consejo Ecuatoriano de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Rodrigo Vélez, en la Sesión de Alto Nivel de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se reunió la semana pasada en Viena, con asistencia de 120 naciones, entre ellas la Argentina.
También destacó que la materia prima se cultiva en el Sur, pero las armas que llenan de muertos este negocio vienen del Norte. Por eso, su país reclama “reconocer la realidad de las condiciones estructurales de violencia, miseria y pobreza”, que dejan pocas alternativas a las poblaciones más vulnerables y al Estado para garantizar la paz. Así como la Constitución ecuatoriana descriminalizó “los usos y consumos, asumiéndolos como ámbito de salud pública”, una nueva Convención Unica Actualizada debería transformar lenguajes e imaginarios; desmilitarizar la política vigente y centrar el debate “en el ser humano y sus dimensiones y no en las sustancias”. Ecuador plantea enfoques alternativos para que las comunidades se incorporen a proyectos productivos que reduzcan su vulnerabilidad a involucrarse en actividades ilícitas relacionadas con las drogas. También cuestionó a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) por arrogarse atribuciones de los Estados, reclamó respuestas al impacto de las cocaínas fumables (que en la Argentina se conocen como Paco), “expresión brutal del mercado negro, que ha generado nuevos consumidores pobres con los sobrantes de la cocaína exportable”, y reafirmó la presencia del Estado como garante de los Derechos Humanos, la Salud y el Buen Vivir.

Hasta México y Colombia

Otros delegados de Europa y Latinoamérica reclamaron ampliar el debate y formularon críticas cada vez más ácidas al marco convencional vigente porque no hace nada para moderar una interminable espiral de violencia, como dijo el delegado uruguayo Diego Cánepa, quien defendió la regulación de la producción y el comercio de marihuana dispuesta por su gobierno. Estas formulaciones contaron con el apoyo del sorprendente gobierno guatemalteco del general Otto Pérez Molina, un ex jefe de Inteligencia del Ejército formado en contrainsurgencia por Estados Unidos y autor de terribles masacres. Luego de su elección presidencial viró hacia posiciones que abominan de cualquier solución militar y llegó a reclamar la legalización de la droga, con tanto énfasis que hasta fue sospechado de agent provocateur. Se sumaron al reclamo de un enfoque heterodoxo hasta Colombia y México, que fueron bastiones de la política estadounidense. El ministro de Justicia colombiano, Alfonso Gómez, llamó “utópica” la total eliminación de las cosechas de productos naturales, mientras crece la demanda de drogas sintéticas. La Subprocuradora mexicana Mariana Benítez Tiburcio dijo que su país priorizará el tratamiento sobre la criminalización, apartándose de la línea que los anteriores gobiernos siguieron al altísimo costo de un incremento vertical de la violencia, con decenas de miles de muertos y sin que disminuyera la magnitud del negocio ilegal. (En una reciente visita a México el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni constató que en cinco años los muertos llegaron a 75000, cifra que por sobredosis de cocaína se alcanzarían en dos siglos y medio.)

Al ladrón

Mientras en el mundo se impugna el fracasado paradigma represivo de los narcóticos con que Estados Unidos racionalizó su ejercicio del poder mundial y apuntaló el control social durante el último medio siglo, así como en el pasado lo hizo con la subversión y el terrorismo, el pretexto del narcotráfico es invocado en la Argentina para clausurar un debate democrático sobre la reforma del Código Penal, del que participaron las principales fuerzas políticas. Los mismos que engolan la voz para reclamar consensos y políticas de Estado, cuando se concretan los torpedean con arrebatos proto-fascistas. Su violencia verbal preanuncia la violencia física. El anteproyecto fue elaborado por una comisión integrada por juristas del oficialismo y de la oposición (radicales, socialistas y macristas). La impugnación por parte del Frente Renovador se basó en consignas estridentes y efectistas: que con este Código Penal pensado para los delincuentes y no para la gente miles de presos quedarían en libertad, que se rebajarían las penas para todos los delitos, que se eliminaría la reincidencia. Todo eso es falso, pero sirvió para colocar a la defensiva a quienes disputan con el Frente Renovador el liderazgo de la oposición. La recolección de firmas se hace con panfletos que repiten esos infundios, con consignas del tipo “¿Sabés que con el nuevo Código no habría castigo para el que viole a tu sobrina de 14 años?” Además la jefa parlamentaria de los renovadores, Graciela Camaño de Barrionuevo, presentó un proyecto que aumenta las penas para el narcotráfico. La reacción a este simplismo brutal no provino de las conducciones políticas sino del Acuerdo para una Seguridad Democrática, una organización multisectorial y pluripartidaria que el jueves presentó en el Senado un documento con más de 600 firmas de especialistas, investigadores, académicos, universitarios, funcionarios judiciales, organismos defensores de los derechos humanos, sindicalistas y también dirigentes políticos, si bien no los jefes ni los posibles candidatos. Tampoco hay una gota de verdad en la respuesta del Frente Renovador que atribuyó al Acuerdo por una Seguridad Democrática “una demagogia garantista que esconde un espíritu abolicionista”. El anteproyecto no es de abolición sino de reordenamiento y proporcionalidad de penas, aumenta más de las que reduce y tipifica más nuevos delitos de los que elimina. Entre sus grandes novedades figura la responsabilidad de las personas jurídicas. Esto permitiría condenar a las empresas a multas, prestaciones obligatorias, clausuras, suspensión en el uso de patentes y marcas, pérdida de beneficios estatales, exclusión en concursos y licitaciones en casos de delitos contra el patrimonio, el orden económico y financiero, la hacienda pública y la seguridad social; trata de personas, contrataciones ilegales, envenenamiento, adulteración, comercialización irregular de medicamentos, violación de normas sanitarias, contaminación, cohecho, tráfico de influencias e incremento patrimonial injustificado. La protección a las empresas puede ser una de las motivaciones ocultas del Frente Renovador. Es imposible no reparar en que los líderes que propusieron frenar la reforma con una consulta popular (prohibida en forma explícita por la Constitución para asuntos penales) son intendentes o representantes de los distritos del Gran Buenos Aires en los que se elabora, fracciona, distribuye y consume la droga. Los apasionados por el mapa del delito y la inseguridad pueden hacer la prueba: busquen en los diarios o en los archivos judiciales los descubrimientos de laboratorios o cocinas, las detenciones de jefes narcos y las ejecuciones extrajudiciales de competidores y verá que ocurren con pasmosa regularidad en territorio de los Renovadores, el corredor floreciente que cruza Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, y Pilar. Allí se localiza el mercado consumidor de alto poder adquisitivo y las residencias suntuosas de sus proveedores; en San Martín abunda la mano de obra barata para la producción y la distribución, por no hablar del sicariato. El fiscal general de San Isidro, Julio Novo, quien acompañó el lanzamiento de la candidatura de Sergio Massa el año pasado, fue acusado por varios fiscales subordinados de obstaculizar las investigaciones sobre esos casos. A raíz de ello su fiscalía fue allanada por el Fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. El clamor contra el Código Penal recuerda al hombre que corre con un reloj robado gritando Al ladrón, al ladrón.

Sin fronteras

Este uso y abuso de las drogas con fines políticos no reconoce fronteras partidarias. La semana pasada carteles sin firma pegados frente a siete cámaras de seguridad ubicadas en diferentes sectores de Florencio Varela acusaron a José Luis Calegari, del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, de instigar tomas de tierra. La inclusión de fotos de Calegari en los carteles agrega una dimensión ominosa al ataque. El intendente Julio Pereyra (del Frente para la Victoria) presentó una denuncia penal a la que adhirió el Frente Renovador, que vincula a Calegari con el narcotráfico. Calegari es un abogado que militó en la UCR e integró la pastoral social del Obispado de Quilmes. El Centro Angelelli tiene altísima inserción territorial y legitimidad entre los más variados actores desde hace veinte años. Su “Espacio de Tierras Para Todos y Todas”, funciona como una asamblea abierta integrada por 250 delegados de veinte asentamientos (con preponderante participación de mujeres y colectividades migrantes), en la que se discuten las acciones y estrategias frente al Estado y las empresas de servicios. También mantiene una escuela secundaria para adultos, talleres de oficios para jóvenes y una radio comunitaria, y realiza trabajo con colectividades migrantes. La violencia ligada a mercados ilegales de tierras y de drogas, en conexión y connivencia con agencias del Estado, es uno de los fenómenos recientes más novedosos y complejos. Desde el año 2000, el Centro Angelelli ha compartido con el CELS acciones y estrategias referidas a derechos sociales, violencia policial, redes de ilegalidad y criminalización de referentes sociales. El Informe Anual 2013 del CELS desarrolla en sus páginas 157 a 168 el rol de la policía como un engranaje fundamental de la violencia en Florencio Varela, con una sección sobre tierras y otra sobre narcotráfico (http://www.cels.org.ar/common/documentos/CELS.%20Informe%202013%20[completo].pdf). Allí se explica que la lucha por el acceso a la tierra es un aspecto central de la historia de Florencio Varela en los últimos treinta años. Muchos de los barrios del municipio surgieron a partir de tomas de tierra y la posterior regularización de los asentamientos. Entre 26 mil (según el municipio) y 40 mil familias de Varela, de acuerdo con especialistas y actores locales, demandan un lugar para vivir. En octubre pasado luego de un asalto al Centro Angelelli, donde dos mujeres fueron tomadas como rehenes y que terminó con un tiroteo con la policía, el gobierno municipal denunció por supuestos daños en la vía pública a quienes se manifestaron en repudio por el ataque. El Centro Angelelli había denunciado que en los barrios donde trabajan sus militantes observaron a “bandas delictivas que fomentan la violencia repartiendo armas y drogas a los jóvenes, en el seno de las tomas de tierras”. El video que puede verse en este link muestra una reunión de 2011 en la que Calegari y varios jóvenes denuncian la penetración del narco en el gobierno de Pereyra y con protección policial ante el entonces secretario de gobierno Andrés Watson, que hoy es concejal del Frente para la Victoria (https://www.youtube.com/watch?v=gZyTFckSHlc#t=49). El acceso a la tierra es el más grave problema social que tiene el país y se ha tornado crítico en el Gran Buenos Aires, donde las poblaciones corridas por el avance rural de la soja se topan con los barrios cerrados en la zona urbana y sólo pueden asentarse en terrenos bajos e inundables. En un distrito con 25 mil familias en lista de espera del Plan Federal de Vivienda, las ocupaciones de tierras constituyen el único modo en el que los sectores más pobres pueden acceder al suelo. En este contexto, el trabajo de las organizaciones sociales como el Centro Angelelli es central para acompañar el reclamo de miles de familias, facilitar la regularización de las ocupaciones y gestionar la aplicación de políticas públicas. En vez de perseguir y criminalizar a referentes y organizaciones asediados por redes de ilegalidad y bandas criminales que buscan ejercer el control violento del territorio, el municipio debe garantizar el cumplimiento de la ley 14.449 de acceso al hábitat, que prevé instrumentos para la regularización de los asentamientos informales, la generación de viviendas sociales, mecanismos para un desarrollo sustentable de suelo urbano y limita la especulación inmobiliaria. En el sur como en el norte del conurbano es más fácil gritar al ladrón, al ladrón.
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 REVELACIONES DE LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA. LA “COCINA” DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS

El rol del poder económico, corporizado en Martínez de Hoz y los grupos financieros, detrás de decisiones fundamentales de la dictadura. Cómo se armaron y discutieron las leyes económicas que instalaron un nuevo país.

Por Raúl Dellatorre
José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura. Articulador de las fuerzas que provocaron el golpe y luego le sacaron provecho.
Entre la amplia documentación hallada en el Edificio Cóndor, del Ministerio de Defensa, proveniente de los archivos de la dictadura, se encontraron elementos que permiten reconstruir, en una parte sustancial, cómo fue el proceso de elaboración y construcción final de dos leyes fundamentales en la estructura económica que empezó a delinearse en aquellos años: la Ley de Inversiones Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras. Los proyectos originales, la forma en que fueron modificados antes de convertirse en ley, algunas transcripciones taquigráficas de los debates entre integrantes del equipo económico comandado por José Alfredo Martínez de Hoz y miembros de las Fuerzas Armadas, así como apuntes de las propias fuerzas con comentarios y objeciones a parte del articulado, dan cuenta de cómo se fue trazando un camino que derivó en el proceso de concentración económica y extranjerización que ocurrió en los años posteriores. La defensa irrestricta, por parte del equipo económico de la dictadura, así como de directivos empresarios convocados y consultados para la elaboración de estos proyectos, dejan ver además que el papel de los grupos económicos dominantes de la época no fue el de simples “colaboradores”, sino que fueron los auténticos mentores del proyecto económico que representó (junto al implantado por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile) el primer avance del modelo neoliberal en la región.
La dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla había creado, en 1976, un cuerpo conformado por las tres armas, denominado Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, que cumplía las funciones de organismo “legislativo”, elaborando proyectos de leyes para ser promulgados por el Poder Ejecutivo. En oportunidad de la elaboración del proyecto de Ley de Entidades Financieras, convocó a consulta a diversas organizaciones empresarias del sistema para que dieran su aporte. Los bancos de la época estaban agrupados en tres entidades gremiales: Adeba, ABRA y Abira. Quienes concurrieron para “colaborar” en la redacción por cada una de estas entidades fueron Benedicto Bianchi, Luis María Gotelli y Pablo Terán Nogués. Además, por el sector de las compañías financieras participó Rodolfo Guido Martelli. Todos ellos habían sido propuestos y nombrados por resolución del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, como integrantes de la “comisión ad hoc” que asesoraría al Ejecutivo en esa tarea. Todos ellos constituían la más auténtica representación del poder financiero.
En la documentación encontrada en el mes de octubre de 2013 en los archivos del Edificio Cóndor consta el rol que cumplieron estos “asesores”, coordinados por el secretario de Programación Económica y viceministro, Guillermo Walter Klein, incluso enfrentando en algún caso la opinión de los representantes de las Fuerzas Armadas. En la discusión por la nueva Ley de Entidades Financieras, entre septiembre de 1976 y primeros meses de 1977, los representantes de la banca privada acordaron que el Banco Central mantuviera el rol de autoridad monetaria, pero hicieron oír su queja porque consideraban que el sistema beneficiaba a la banca oficial en desmedro de la privada. Esto originó un intercambio de opiniones con los militares que participaban de estos encuentros, quienes argumentaron que la banca privada gozaba del derecho otorgado por el Estado de “trabajar con fondos de terceros, captar fondos del público y prestarlos, ejerciendo una actividad comercial sumamente privilegiada” y, sin embargo, “pretende mostrarse a la actividad privada como perjudicada, cuando no es así la realidad”.
En ese debate, terció la posición del Ministerio de Economía, representada por Guillermo W. Klein, claramente a favor de los bancos, exigiendo además que no se hiciera ningún tipo de distinción entre banca local y extranjera. El funcionario defendió la idea de generar un sistema lo suficientemente “flexible”, para facilitar la concurrencia del capital privado y la conformación de un sistema basado en “entidades solventes”. De ese debate, surge un proyecto definitivo de ley en el que no sólo elimina restricciones o condiciones que originalmente se le imponían al capital extranjero para participar en las entidades financieras locales, sino que además se avanza en la eliminación de entidades menores mediante su obligación de convertirse en financieras o bancos, o desaparecer.
Se favorecen, en el articulado definitivo, las entidades financieras “de amplio campo operativo” y de mayor patrimonio, limitándose la especialización y facilitando la expansión de las entidades “integrales”. También quedan relegadas las instituciones financieras regionales, al eliminarse los requisitos o las ventajas para atender ese segmento del mercado. Decenas de cajas de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, o de crédito y consumo, desaparecieron o debieron fusionarse en compañías financieras o bancos que apenas pudieron durar uno o dos años más, para caer finalmente bajo el peso de la concentración financiera que sucedió a la aplicación de la ley.

Prohibido prohibir

La posición del Ministerio de Economía, absolutamente afín a los intereses de los grupos financieros más concentrados, quedó prolijamente expresada en la Exposición de motivos que acompañó la ley que aprobó el Ejecutivo. Allí quedaron transcriptos los criterios contrapuestos con los que el equipo comandado por Martínez de Hoz iba a considerar a las entidades menores (cajas de crédito) y a los bancos comerciales, llamados a ser los artífices de la concentración y actores principalísimos del proceso de valorización financiera que se ponía en marcha. En dicha Exposición puede leerse (facsímil en esta página):
Cajas de Crédito (Título II Capítulo 7)
“De las operaciones de esta clase de entidades se ha suprimido la facultad de recibir depósitos a la vista puesto que, como se ha expresado, el rol de intermediarios monetarias debe quedar reservado para los bancos comerciales.”
Operaciones prohibidas y limitadas (Título II Capítulo 9)
“Las operaciones prohibidas y limitadas a las entidades financieras (banca comercial) han sido reducidas a las que se consideran realmente incompatibles con su actividad. En consecuencia, queda implícitamente autorizado, por ejemplo efectuar inversiones en inmuebles que no sean de uso propio o que lo sea sólo parcialmente. De este modo, se atiende a una realidad sin hacer necesarios la búsqueda de complejas figuras. Además, previa autorización del Banco Central, las entidades autorizadas podrán ser titulares de acciones de otras entidades financieras, cualquiera sea su clase, con lo cual se promueve la coparticipación, la interacción y en definitiva la integración y concentración de entidades.”
Es, precisamente, lo que ocurrió en los años siguientes a la promulgación de la ley: un fuerte proceso de concentración del sistema bancario que posibilitó que las entidades más poderosas y con participación de capital extranjero, absorbieran a las entidades más nuevas que se formaron producto de la transformación de cajas de crédito o bancos regionales que habían intentado adaptarse al nuevo régimen.

Puertas abiertas

Este proceso, además, se vio favorecido por otra victoria obtenida por el equipo económico de Martínez de Hoz en la puja que se dio en la confección, en paralelo, de la Ley de Entidades Financieras y la de Inversiones Extranjeras: la pelea por la flexibilidad de acceso al capital extranjero.
Según consta en los archivos hallados en octubre pasado, el 17 de enero de 1977 tuvo lugar una reunión entre el ya mencionado Guillermo Walter Klein y representantes militares de la CAL, en la que se dio un fuerte cruce de opiniones en torno de las facultades del capital extranjero. De esa reunión se encontró una copia de la transcripción taquigráfica, en la que consta la preocupación del coronel Ernesto J. Tacchi, miembro de la CAL, por la posibilidad de que por vía de testaferros, empresas que aparecían como de capital nacional pudieran ser manejados por capitales extranjeros. Sostenía, en tal sentido, la necesidad de llevar un “registro rubricado” de quiénes asistían a las asambleas de accionistas y qué acciones representaba, y proponía su inclusión en la Ley de Inversiones Extranjeras. Este planteo fue rechazado por Klein con un argumento que, con los años, se transformó en un clásico del neoliberalismo: la inseguridad jurídica. El número dos de Martínez de Hoz le respondió al coronel Tacchi, según versión taquigráfica, que “la autoridad de aplicación (el Ministerio de Economía) no va a hacer distinciones o discriminaciones, no se va a aliar con el capital nacional para disminuir la proporción que tengan los accionistas extranjeros en las sociedades locales. Reitero que el fundamento no está en la Ley de Inversiones Extranjeras, sino en nuestra legislación nacional, y hace al principio de seguridad jurídica y a la justicia en materia patrimonial a que tienen derecho los inversores extranjeros para mantener sus posiciones relativas en los capitales de las empresas”. El texto definitivo quedó como pretendían Klein y Martínez de Hoz, a quien David Rockefeller llamaba familiarmente “Joe”.
Tal cual como plantea acertadamente un documento preliminar elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la CNV, que participa en la clasificación y análisis de los documentos hallados por el Ministerio de Defensa, la defensa de los criterios a favor de la concentración económica y la apertura al ingreso del capital extranjero que levantaban como estandartes el equipo económico y entidades privadas representantes del poder económico y financiero, incluso enfrentándose a representantes de las Fuerzas Armadas, revela el rol central que jugaron estos intereses en el proceso “refundacional y reorganizador” de la última dictadura. Un proceso cuyo objetivo final no era otro que imponer una lógica de acumulación asociada a los intereses de los sectores hegemónicos del capital internacional, con consecuencias “que perduran hasta nuestros días”.

Documentos y borradores rescatados
por el Ministerio de Defensa.

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Daniel Paz & Rudy

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LA HISTORIA SECRETA DE LA LEY DE AUTOINMUNIDAD DE LA ULTIMA JUNTA MILITAR

Preparados para la impunidad

Viendo cómo represores como Patti amenazaban con contar detalles de sus crímenes y ante el pedido de jueces amigos que buscaban cómo cerrar causas, la dictadura preparó la “ley de Pacificación Nacional”. El asesoramiento civil y las garantías de la Corte Suprema.

Por Victoria Ginzberg

A mediados de 1983, los militares se preparaban para dejar el poder y buscaban garantizarse la impunidad. De esa preocupación salió la ley de autoamnistía (para ellos, de “Pacificación Nacional”). En un informe secreto, señalaban que esa norma era “el único instrumento válido que se opondría al cumplimiento del objetivo” de los organismos de derechos humanos, a los que ellos llamaban “organizaciones subversivas”. Sacaban sus conclusiones del análisis de la coyuntura política y social y de datos recolectados por los servicios de inteligencia. Un informante clave fue el entonces juez José Nicasio Dibur. Este magistrado tenía a su cargo una causa vinculada con el testimonio del policía Rodolfo Peregrino Fernández, quien había roto el pacto de silencio a principios de 1983. Dibur informaba en detalle a los represores del “avance” de la investigación y advertía a los mensajeros que debían frenar el proceso o se vería “obligado” a citar a los acusados. En este contexto, los militares trataban de blindar a la tropa para que no hubiera nuevas “filtraciones”. La posibilidad era real: el policía Luis Patti, que estaba involucrado en el asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, amenazaba con hacer públicas las matrículas de los aviones que habían participado en los vuelos de la muerte si no recibía ayuda.
Esta información surge de los documentos hallados en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, a fines del año pasado y dados a conocer por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. En el material que analizó un equipo encabezado por la directora de Derechos Humanos del ministerio, Stella Segado, están las actas de las juntas militares y el seguimiento de algunas leyes promovidas por la dictadura, entre ellas la de autoamnistía. Patti y Dibur están mencionados en una carpeta caratulada como secreta y elaborada por la Fuerza Aérea para el asesoramiento sobre la “ley de Pacificación”. “En los contactos extraoficiales establecidos por la secretaría general con el juez mencionado, éste manifestó su preocupación por el caso ante la posibilidad de verse obligado, por razones procesales, a iniciar las citaciones indicadas, por lo cual sugirió la necesidad de la urgente sanción de la ley, único medio de cerrar ese proceso que se tramita ante su juzgado”, dice el informe.
El “juez mencionado” era Dibur, quien tenía en su juzgado la causa sobre la Triple A, a la que se había agregado el testimonio de Rodolfo Peregrino Fernández, un policía que había trabajado en el Ministerio de Interior con Albano Harguindeguy y que en marzo de 1983 había aportado información sobre el terrorismo de Estado y la Triple A, ante la Ca-dhu (Comisión Argentina de Derechos Humanos), que integraban argentinos exiliados en Europa.
“La Doctrina comprendía la eliminación física de la llamada ‘subversión apátrida’ y una orientación ideológica dentro de los principios de ‘la defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad’. La Doctrina, además, tenía como propósito implantar el terror generalizado en la población para evitar que la guerrilla ‘se moviera como pez en el agua’. Son estos conceptos los que fundamentan la política de ‘desapariciones’ que desde antes, pero en forma especial a partir del golpe militar de 1976, comienza a ejecutarse en forma sistemática”, dice el testimonio de Fernández, que fue llevado ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En su extensa declaración, habló del funcionamiento de la Triple A, la división de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Grupos de Tareas, la existencia de centros clandestinos de detención, el asesinato de Rodolfo Ortega Peña y el secuestro y desaparición de Lucía Cullen, entre muchas otras cosas. Fernández reveló ya en ese momento que escuchó “al teniente de navío Norberto Ulises Pereyro afirmar que se utilizaban aviones de la Prefectura Naval Nacional para el transporte y el lanzamiento en alta mar de prisioneros políticos secuestrados” y que supo que “algunos prisioneros, luego de ser adormecidos mediante la aplicación de una inyección, eran introducidos en bolsas especiales, en las cuales se les arrojaba”.
En su informe secreto, los militares contaban en 108 los involucrados por Fernández en la declaración: 35 miembros del Ejército, 6 marinos, 3 integrantes de la Fuerza Aérea, 45 policías, 4 jueces, 2 capellanes y 11 personas que figuran en el rubro “otros”. No sólo tenían en su poder todos los nombres, sino también un punteo de quiénes podrían ser imputados o procesados, datos que parecen provenir directamente del magistrado, que como queda claro manifestaba estar tan compungido como los involucrados por tener que avanzar con la causa y pedía a gritos que se impulsara la norma que podría acabar con ese penoso trabajo.
Los vínculos de Dibur con los militares ya estaban claros en esa época. Se sabía que junto con su colega Martín Anzoategui se había reunido con las “autoridades militares” interesado en que se impulsara una ley especial de jubilación para los jueces que cesaran en sus cargos cuando llegara el gobierno constitucional. A mediados de 1983, además, ordenó allanar las oficinas del diario La Voz, de Vicente Saadi, por una denuncia de la Junta sobre un “rebrote subversivo”. Con la llegada de la democracia, Dibur no resistió en el Poder Judicial. El gobierno de Alfonsín quiso ascenderlo a camarista pero, por sus vínculos con la dictadura, no pasó el filtro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, a la sazón controlada por Saadi. Dibur dejó de ser juez y en ejercicio privado de la abogacía tuvo, entre otros clientes, a militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Durante el menemismo, en 1992, entró en el Ministerio de Justicia como asesor y allí se quedó hasta que en 2008 Aníbal Fernández lo expulsó. Pero Dibur no era la única fuente jurídica de consulta y preocupación para los militares. Según se desprende del informe secreto y de las actas, para asegurarse la aplicación de la ley, la última Junta Militar llegó hasta la Corte Suprema. Su presidente, Adolfo Gabrielli, los dejó tranquilos. Les informó que la norma era aplicable y que no parecía tener “vicios de inconstitucionalidad”.

La amenaza

En el mismo momento en que se discutía la posibilidad de promulgar la “ley de Pacificación”, Emilio Eduardo Massera estaba preso por el asesinato del empresario Fernando Branca. Y un caso acaparaba la atención de los medios: el asesinato de Cambiasso y Pereyra Rossi.
Los dos militantes peronistas conversaban en el bar Magnum, de Rosario, cuando fueron secuestrados por un grupo parapolicial. Tres días después sus cuerpos aparecieron baleados en Zárate. El 17 de mayo, el Ministerio de Interior y la Policía de la Provincia de Buenos Aires informaron que habían sido “abatidos en un enfrentamiento” con efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre. Los policías involucrados eran los suboficiales Rodolfo Diéguez, Juan Amadeo Spataro y el oficial principal Luis Abelardo Patti.
Los peritajes demostraron que ambos fueron golpeados y torturados antes de morir. Había hematomas, rastros del empleo de picana eléctrica y muestras de pólvora sobre el antebrazo izquierdo de Pereyra Rossi originadas por un disparo a quemarropa. En junio, el juez penal de San Nicolás Juan Carlos Marchetti dispuso la prisión preventiva de los tres agentes de la Bonaerense por “homicidio calificado reiterado”. Los policías estuvieron presos cinco meses, hasta noviembre de 1983, cuando se dictó su sobreseimiento provisorio.
A mediados de 1983, cuando la Fuerza Aérea analizaba su posición respecto de la ley de autoamnistía, la situación judicial de Patti todavía era complicada. Por eso, el futuro intendente de Escobar se las arregló para enviar un mensaje.
Bajo una sello que señala que el contenido es “estrictamente secreto y confidencial”, se informa que “se tiene conocimiento que (el comisario Patty sic)” había expresado lo siguiente: considera que la Fuerza Aérea argentina se está oponiendo sistemáticamente a la promulgación de la ley de pacificación. En caso de que su problema salga mal, o que no sea solucionado, ha conseguido y dará a conocer los aviones (matrículas), aeropuertos, destino, fechas y personal que trasladó delincuentes terroristas a disposición final”.
De la lectura integral de la carpeta se desprende que tal vez más que una escalada judicial, los militares temían que se rompiera el “pacto de silencio” entre sus subordinados. De allí –y luego de la experiencia de Rodolfo Peregrino Fernández– la particular atención sobre Patti. Pero hay más. Motivados por esta inquietud, se ordenó un relevamiento y análisis de los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas detenidos en el penal de Magdalena y en Caseros, a quienes se describe como “potenciales difusores de denuncias”. En la misma hoja que sirve de carátula a esta lista de militares arrestados, hay una inscripción a mano y en cursiva en donde están los argumentos que debían repetir quienes hacían las visitas para sondear su estado de ánimo y su posible predisposición a abrir la boca: “Todo el que habla se autoincrimina. Endurecimiento por denuncia tardía. Si los otros niegan, quedará solo como responsable. Pueden ser indultados o conmutados sin necesidad de incluirlos en la amnistía”.
“Los documentos muestran la doble cara de la Justicia. Si bien una parte de la Justicia fue cómplice, la mayoría se adaptó a la dictadura. Acá se ve una Justicia que supuestamente empieza a movilizarse por las denuncias pero por otro lado pide la sanción de la ley para no avanzar a fondo”, señala la historiadora Marina Franco, que trabaja sobre los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia. La investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Unsam y del Conicet recuerda que el principal “obstáculo” que tenía la ley de autoamnistía eran las propias Fuerzas Armadas, que estaban divididas respecto de ella. El Ejército era la fuerza que más interesada estaba en que la norma saliera rápido y fuera todo lo abarcadora que fuese posible, sobre todo que dejara tranquilos a aquellos que, como Patti, estaban comprometidos por hechos que eran recientes. La Fuerza Aérea, que era el sector que en general aparecía como “menos comprometido”, decía que no creía en la “oportunidad” de la ley, consideraba mejor esperar a que saliera luego de las elecciones de octubre o incluso que la propiciara el gobierno constitucional. La Marina se oponía a la ley. Junto con un sector del Ejército, consideraba que debían darles las gracias por los crímenes cometidos y no aceptaban ser equiparados a “la subversión”, a la que también alcanzaba la ley, a la que ningún militar de ninguna fuerza decía de “amnistía” porque creían que remitía a la de Héctor Cámpora. En la Armada avisaban, además, que no tenían intención de mover un pelo para salvar al caído en desgracia Massera.
“Los militares querían cubrirse las espaldas y creían que la ley iba a ser respetada, ya que históricamente las decisiones de las dictaduras no habían sido revisadas por los gobiernos constitucionales posteriores. Lo que pasó después habla de la voluntad política de Alfonsín, pero también de la debilidad misma de los militares, que venían de la guerra de Malvinas”, asegura Franco.
Lo que nunca se imaginaron los militares era que lo primero que haría el Congreso luego del regreso de la democracia sería anular esta ley, acción que fue el primer paso para poder llevar a cabo luego –una vez que los militares dejaron claro que la Justicia castrense no lo haría– el Juicio a las Juntas.

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Una investigadora de origen africano cuyo sueño es devolver la hierba al continente, trata de impulsar el cultivo de una planta tan robusta que no se ve afectada por enfermedades o plagas y puede crecer durante todo el año.
Segenet Kelemu nació en una pequeña aldea de Etiopía, donde la tarea principal de las mujeres eran los trabajos del campo. En un principio Kelemu quería estudiar medicina, pero cuando tenía 15 años, llegó una plaga de langostas a la aldea que destruyó completamente las cosechas y en ese momento decidió dedicarse a la agricultura. A pesar de que los padres de Kelemu estaban en contra de su decisión, ella continuó sus estudios e ingresó en la Universidad de Cornell en EE.UU. para investigar en profundidad las enfermedades de las plantas y hacer su doctorado.
 
Al terminar sus estudios, Kelemu viajó a Colombia donde conoció la hierba brachiaria. La investigadora cuenta que esta hierba, que originalmente procede precisamente del continente africano, “tiene un sistema de raíces muy extensivo que enriquece el suelo, previene la erosión y puede crecer en zonas húmedas o secas. También tiene la capacidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero”. 

El deseo de reintroducir la hierba brachiaria en África nació cuando Kelemu trabajaba en Brasil y Colombia. “Es un cultivo que se utiliza en grandes extensiones del mundo para obtener forraje de animales. El ganado tiene una importancia extraordinaria en África, especialmente en Etiopía, pero la productividad es muy baja por el forraje que comen, es realmente difícil encontrar alimento para los animales y esta hierba sería la solución”, dice la científica para explicar su proyecto. 

En el año 2007, después de 25 años, Kelemu regresó a África, donde recibió una ayuda de seis millones de euros para traer estas hierbas de alta calidad de vuelta al continente. 

Tras varios años de investigaciones, Kelemu descubrió que algunos hongos viven de forma simbiótica con esta hierba y la ayudan a resistir enfermedades y plagas.

“Esto es parte del secreto por el que esta planta puede vivir en una variedad tan grande de zonas ecológicas”, destaca la investigadora en una entrevista que concedió después de recibir el premio L’Oreal-Unesco Women in Science como una de las mujeres científicas del año. Kelemu subraya que no se trata de una técnica de modificación de genes: ”Estamos haciendo que la naturaleza haga todo”.

En cuanto a sus resultados, Kelemu señala que “ahora hay cultivos en Kenia, Uganda y Ruanda. En Etiopía el gobierno también quiere esta hierba e incluiremos a este país en el programa en los próximos meses”. 


Texto completo en: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/123071-kelemu-devovler-hierba-brachiaria-africa
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